¡LA RED SE DESENMARAÑA! El organigrama criminal detrás del atentado a Miguel Uribe – Traiciones, sobornos y un menor sicario usado como peón
El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio, ha sacado a la luz una compleja estructura criminal que va mucho más allá de un simple acto de violencia.
Con cada captura y cada interrogatorio, la policía y la Fiscalía han ido armando un organigrama que explica cómo se planeó y ejecutó este intento de magnicidio.
El primer implicado en caer fue el menor que disparó el arma, apenas el mismo día del atentado.
Cinco días después, el 12 de junio, fue capturado Carlos Eduardo Mora, conductor de uno de los vehículos involucrados en el ataque.

A ellos se sumaron Caerine Martínez, alias Andrea, y William González, alias “El Hermano”, detenidos el 14 y 19 de junio respectivamente.
Según las investigaciones, el organigrama criminal está conformado por varios actores con roles específicos.
Byron, conocido como alias Byron, aparece como uno de los enlaces tanto intelectuales como materiales del crimen.
Se sabe que tras el atentado incrementó su capacidad económica y adquirió varios aparatos tecnológicos, lo que levantó sospechas sobre su participación y sus vínculos con otros implicados.
Por otro lado, alias Pichi o “El Costeño”, cuyo nombre real es Elder José Arteaga, fue identificado como el articulador principal del crimen.

Aparece en videos bajándose de un Chevrolet Spark gris junto al menor sicario.
Además, es conocido como “El Barbero” por tener un establecimiento de este tipo en la localidad de Engativá.
El menor sicario fue contactado por alias “El Barbero” para ejecutar el atentado.
Catherine Andrea Martínez, por su parte, suministró el arma de fuego utilizada en el ataque.
En su interrogatorio, aclaró que solo utiliza el alias Andrea y negó ser la “Gabriela” que aparece en algunas investigaciones, aunque las autoridades continúan indagando sobre esta figura.

Otro personaje clave es alias “El Mosco”, quien habría reclutado al menor de edad.
Este hombre está vinculado al expendio de drogas en la localidad de Santa Fe y es considerado un nexo importante dentro de la red criminal.
Un dato relevante que ha surgido en la investigación es la posible vinculación con las disidencias de las FARC, particularmente con grupos cercanos a alias “El Paisa”, exmiembro de alto rango que operaba en Caquetá hasta su muerte en 2021.
Catherine Martínez relató que, tras la difusión de videos y noticias, alias “El Costeño” le pidió huir a Caquetá, donde supuestamente la guerrilla la protegería.
Los interrogatorios revelan un entramado de traiciones y promesas incumplidas.

Carlos Eduardo Mora, el conductor, confesó haber transportado a los implicados el día del atentado.
Según él, alias “El Costeño” le decía al menor que debía matar a Miguel Uribe y que recibiría 20 millones de pesos por hacerlo.
Sin embargo, según Catherine Andrea Martínez, el presupuesto real para el crimen era mucho mayor.
Se habló de una suma cercana a los 700 millones de pesos, con la condición de que el menor se entregara a la policía después del atentado.
Además, a Martínez le prometieron 10 millones por transportar el arma, pero solo le pagarían si el senador moría; de lo contrario, recibiría una suma mucho menor.

Lo más escalofriante es el plan para eliminar a los propios cómplices tras el atentado.
Según los testimonios, se planeaba enviar a Catherine a Caquetá para desaparecerla, dejar morir al menor en un supuesto enfrentamiento con la seguridad del candidato y asesinar directamente a Carlos Eduardo Mora.
Además, se mencionó la intención de vender el vehículo para luego eliminar al venezolano que lo conducía, calificándolo de “chismoso”.
Estos detalles muestran la brutalidad y la desconfianza interna dentro de la estructura criminal.
Nadie estaba seguro ni protegido, y la traición era moneda corriente.

Las autoridades continúan con las capturas y la investigación, mientras el país sigue impactado por la crudeza del plan y la magnitud de la red criminal detrás del atentado.
Este organigrama criminal no solo revela quiénes participaron, sino también cómo se movieron las piezas para intentar acabar con la vida de un líder político.
La combinación de menores usados como sicarios, promesas millonarias, vínculos con grupos armados ilegales y una red de complicidades muestra un panorama aterrador.
La justicia tiene ahora el desafío de desmantelar esta red y llevar a todos los responsables ante la ley, para que hechos como este no queden impunes ni se repitan.

En definitiva, este caso es un recordatorio de la complejidad y el peligro que representa el crimen organizado en Colombia, y la necesidad de una respuesta firme y coordinada por parte de las autoridades.
Mientras tanto, la sociedad observa expectante, esperando que la verdad salga a la luz y que se haga justicia para Miguel Uribe Turbay y para todos los afectados por este intento de magnicidio.
¿Podrá la justicia desentrañar todos los hilos de esta red criminal o quedarán cabos sueltos en esta historia de traiciones y muerte?
El tiempo y las investigaciones lo dirán.