“Diez años después del horror: el atentado del Andino vuelve a amenazar con quedar en la impunidad”

Hay tragedias que no se cierran con el paso del tiempo.

Que no desaparecen de la memoria colectiva aunque los años avancen, aunque las ciudades cambien, aunque la vida continúe su curso.

El atentado del Centro Comercial Andino en Bogotá pertenece a esa categoría de heridas abiertas que, incluso casi una década después, siguen recordando a Colombia que el terrorismo no solo mata en el instante de la explosión, sino también en la lentitud de la justicia.

Hoy, a nueve años de aquel 17 de junio de 2017 que paralizó a la capital del país, el caso vuelve a encender alarmas. Esta vez no por nuevas capturas ni por avances judiciales significativos, sino por una posibilidad que inquieta profundamente a las víctimas: la prescripción del proceso.

La advertencia ha caído como un golpe seco en un expediente que ya carga años de retrasos, audiencias aplazadas y un camino judicial que parece haberse vuelto interminable.

Para los sobrevivientes y familiares de las víctimas, la sola idea de que el caso pueda extinguirse sin una sentencia definitiva resulta difícil de aceptar.

Aquel sábado de junio, el Centro Comercial Andino estaba lleno de vida.

Era víspera del Día del Padre. Las tiendas estaban abarrotadas. Las familias recorrían los pasillos buscando regalos, compartiendo tiempo, disfrutando una tarde que parecía común y segura.

Hasta que dejó de serlo.

Una explosión en el baño de mujeres del segundo piso cambió todo en cuestión de segundos. El estruendo se propagó por el edificio, seguido de gritos, confusión y una evacuación desesperada. En medio del caos, tres mujeres perdieron la vida y otras nueve resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Las imágenes de aquel día se grabaron en la memoria del país: corredores vacíos, sirenas, vidrios rotos y rostros de pánico saliendo del centro comercial mientras las autoridades intentaban comprender la magnitud del ataque.

Desde entonces, el caso ha sido símbolo de la vulnerabilidad urbana frente al terrorismo.

Las investigaciones apuntaron inicialmente a diversas hipótesis, incluyendo grupos armados ilegales. Con el tiempo, la Fiscalía atribuyó la responsabilidad a una estructura conocida como el Movimiento Revolucionario del Pueblo, señalando a varios presuntos integrantes como responsables del atentado. Sin embargo, el proceso judicial ha estado lejos de ser lineal.

Las capturas realizadas en los meses posteriores al ataque dieron una sensación inicial de avance. Pero esa percepción pronto se diluyó entre recursos legales, cambios de estrategia de la defensa y la complejidad de un expediente que involucra múltiples pruebas, testigos y años de reconstrucción judicial.

En el camino, varios de los procesados enfrentaron medidas de aseguramiento, pero con el paso del tiempo surgieron nuevos problemas procesales que han ralentizado el avance hacia una sentencia definitiva.

Hoy, casi una década después, el punto crítico no es únicamente la determinación de responsabilidades.

Es el tiempo.

El tiempo que ha pasado.

Y el tiempo que sigue pasando.

Según el estado actual del proceso, existe preocupación entre las partes sobre la posibilidad de que el caso entre en una fase de prescripción si no se emite una decisión de fondo en los plazos establecidos por la ley penal colombiana.

Para las víctimas, esa posibilidad representa una segunda tragedia.

Porque no se trata solo de la pérdida de seres queridos o de las heridas físicas y psicológicas que dejó el atentado.

Se trata también de la sensación de que el sistema de justicia no logra cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de Bogotá.

En estos años, los sobrevivientes han insistido en que el proceso no puede convertirse en un expediente olvidado.

Han participado en audiencias, han enviado cartas a las autoridades, han solicitado medidas de celeridad y han recordado constantemente que detrás de cada folio hay vidas reales que cambiaron para siempre.

Algunas de las víctimas sobrevivientes aún enfrentan secuelas emocionales profundas.

Otras han tenido que reconstruir sus vidas desde cero.

Y los familiares de quienes murieron continúan exigiendo que el caso no quede reducido a un recuerdo sin justicia.

La preocupación actual surge en un contexto más amplio, donde el sistema judicial colombiano ha sido objeto de debate por la duración de los procesos penales complejos.

Casos de terrorismo, crimen organizado y delitos de alto impacto suelen enfrentar extensas etapas de investigación, apelaciones y discusiones jurídicas que pueden prolongarse durante años.

En este caso específico, el paso del tiempo ha generado una presión adicional: la necesidad de evitar que la justicia llegue demasiado tarde, o incluso que no llegue.

Mientras tanto, los procesados continúan vinculados al expediente judicial. Algunos han permanecido privados de la libertad durante largos periodos, mientras otros enfrentan medidas restrictivas mientras se resuelve su situación jurídica definitiva.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que existen pruebas suficientes para llevar el caso a juicio y obtener condenas. Sin embargo, la defensa ha cuestionado distintos aspectos del proceso, lo que ha contribuido a su prolongación.

En este punto, el caso del Andino ya no solo es una investigación penal.

Es también un símbolo del desafío institucional de garantizar justicia en casos de gran complejidad y alto impacto social.

Porque más allá de los debates jurídicos, lo que está en juego es la confianza de las víctimas en el sistema.

La confianza en que el Estado puede responder incluso cuando el tiempo parece jugar en contra.

La confianza en que un atentado que dejó tres mujeres muertas y una ciudad entera en shock no terminará archivado sin una sentencia clara.

A nueve años del ataque, Bogotá sigue recordando aquel día como uno de los más oscuros de su historia reciente.

Pero ahora, ese recuerdo viene acompañado de una nueva preocupación: que el paso del tiempo no solo borre la memoria, sino también la posibilidad de justicia.

Y en medio de ese temor, las víctimas vuelven a insistir en lo mismo que han repetido desde el primer día.

Que el dolor no prescribe.

Y la justicia tampoco debería hacerlo.