Ángela Benedetti revela que rechazó dirigir la campaña de Gustavo Petro y cuestiona una condición que calificó como “insólita” - News

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Ángela Benedetti revela que rechazó dirigir la campaña de Gustavo Petro y cuestiona una condición que calificó como “insólita”

Ángela Benedetti revela que rechazó dirigir la campaña de Gustavo Petro y cuestiona una condición que calificó como “insólita”

Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia y exconcejal de Bogotá, aseguró que en el pasado recibió una propuesta para asumir la gerencia de la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero decidió rechazarla tras conocer una condición que, según afirmó, consideró inaceptable. La exfuncionaria sostuvo que le informaron que un porcentaje de los recursos que ingresaran a la campaña estaría destinado a Verónica Alcocer, entonces esposa del hoy presidente saliente, circunstancia que describió como “insólita”. Estas afirmaciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a un medio de comunicación nacional.

Las declaraciones de Benedetti han generado una amplia discusión en el escenario político colombiano debido a que hacen referencia al manejo financiero de una de las campañas presidenciales más importantes de los últimos años. Hasta el momento, las afirmaciones corresponden a la versión entregada por la exembajadora y no constituyen una determinación judicial ni una conclusión oficial sobre los hechos mencionados.

Durante la entrevista, Ángela Benedetti explicó que la propuesta para asumir la gerencia de la campaña incluía la administración de los recursos destinados a las actividades políticas. Sin embargo, indicó que una de las condiciones que le fueron planteadas consistía en que una parte del dinero recaudado tendría un destino específico relacionado con Verónica Alcocer. Según relató, esa información fue suficiente para decidir que no aceptaría el cargo, al considerar que la situación resultaba incompatible con los criterios que esperaba encontrar en la administración de una campaña presidencial.

La exfuncionaria aclaró que nunca observó bolsas de dinero ni movimientos irregulares de efectivo durante ese proceso. En su intervención insistió en que su decisión estuvo motivada exclusivamente por la condición que le fue comunicada y que, a su juicio, generaba serias inquietudes sobre la forma en que serían administrados algunos recursos de la campaña.

Las afirmaciones adquieren especial relevancia debido a que Ángela Benedetti pertenece a una familia ampliamente conocida dentro de la política colombiana. Es hermana del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, quien desempeñó un papel importante durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente integró el Gobierno nacional. A pesar de ese vínculo familiar, la exembajadora ha realizado en los últimos meses diversas declaraciones críticas relacionadas con personas cercanas a la administración saliente.

Las manifestaciones también aparecen en medio de un contexto marcado por múltiples controversias políticas que han rodeado el cierre del mandato de Gustavo Petro. En las últimas semanas se han conocido denuncias, audios y señalamientos dirigidos contra varios integrantes del entorno presidencial, situación que ha incrementado el debate público sobre la transparencia en la gestión gubernamental y el manejo de recursos durante la campaña electoral de 2022.

En relación con Verónica Alcocer, la ex primera dama ha estado en el centro de diferentes controversias públicas en los últimos días debido a la difusión de grabaciones y acusaciones realizadas por antiguos colaboradores del Gobierno. No obstante, hasta ahora las autoridades competentes no han emitido decisiones judiciales definitivas que establezcan responsabilidades derivadas de esos señalamientos, por lo que las investigaciones continúan dentro de los procedimientos legales correspondientes.

Las declaraciones de Ángela Benedetti también reavivaron el debate sobre los mecanismos de financiación de las campañas políticas en Colombia. Expertos en derecho electoral recuerdan que la legislación establece controles específicos sobre el origen, la administración y la destinación de los recursos utilizados por los candidatos presidenciales. Cualquier irregularidad relacionada con esos aspectos debe ser evaluada por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes.

La exembajadora señaló que decidió apartarse del ofrecimiento precisamente porque no estaba dispuesta a asumir responsabilidades bajo las condiciones que le fueron expuestas. Según explicó, prefirió no involucrarse en la dirección de la campaña antes que aceptar un esquema que consideraba improcedente. Al mismo tiempo, reiteró que sus declaraciones reflejan exclusivamente los hechos que, según afirma, le fueron comunicados durante ese momento.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar después de la difusión de la entrevista. Diversos sectores solicitaron que las afirmaciones sean verificadas por las autoridades competentes con el fin de establecer si existen elementos que ameriten actuaciones institucionales adicionales. Otros dirigentes insistieron en la necesidad de esperar el desarrollo de eventuales investigaciones antes de extraer conclusiones sobre los hechos relatados.

Especialistas en derecho público han señalado que cualquier denuncia relacionada con la financiación de campañas electorales debe analizarse a partir de pruebas documentales, registros contables y demás elementos que permitan verificar la veracidad de las afirmaciones conocidas públicamente. De igual forma, recuerdan que toda persona mencionada en este tipo de señalamientos conserva el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión adoptada por las autoridades judiciales o electorales competentes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la apertura de nuevas actuaciones oficiales derivadas específicamente de las declaraciones realizadas por Ángela Benedetti. Sin embargo, sus afirmaciones se suman al conjunto de controversias que han marcado la etapa final del Gobierno de Gustavo Petro y que continúan generando atención tanto en los medios de comunicación como en distintos sectores políticos del país.

En ese contexto, el testimonio de la exembajadora vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la transparencia en la financiación de campañas electorales y el papel de las instituciones encargadas de supervisar estos procesos. Mientras continúan las reacciones, corresponderá a las autoridades determinar si las afirmaciones conocidas públicamente ameritan la práctica de nuevas verificaciones o investigaciones dentro del marco legal colombiano.

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