Aníbal Fernández cuestiona el DNU migratorio de Milei y sostiene que varios de sus puntos podrían ser inconstitucionales

Aníbal Fernández cuestiona el DNU migratorio de Milei y sostiene que varios de sus puntos podrían ser inconstitucionales

El exjefe de Gabinete y exministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, expresó fuertes cuestionamientos al decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei que introduce modificaciones en materia migratoria, entre ellas la posibilidad de expulsar a extranjeros vinculados con expresiones consideradas como discursos de odio y otros supuestos contemplados por la nueva normativa.

Durante una entrevista, Fernández analizó el contenido del decreto desde una perspectiva jurídica e institucional y sostuvo que varios de sus aspectos ya se encuentran regulados por la legislación vigente. Según explicó, el nuevo texto no incorpora herramientas completamente novedosas, sino que aborda materias que ya cuentan con procedimientos establecidos dentro del sistema legal argentino.

El exfuncionario recordó que durante su gestión como ministro del Interior, en 2003, se impulsó una profunda reforma de la Ley de Migraciones. Señaló que aquella iniciativa fue elaborada con la participación de especialistas, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y legisladores nacionales, con el objetivo de establecer un marco legal integral para regular el ingreso, permanencia y eventual expulsión de ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con Fernández, esa legislación ya contemplaba mecanismos para actuar frente a extranjeros involucrados en hechos delictivos mediante procedimientos administrativos y judiciales específicos, respetando las garantías previstas por el ordenamiento jurídico argentino.

Uno de los principales cuestionamientos formulados por el exministro se centró en el uso del decreto de necesidad y urgencia para modificar aspectos que, según su interpretación, corresponden al ámbito penal. Recordó que la Constitución Nacional establece límites precisos respecto del alcance de los DNU y afirmó que existen materias que no pueden ser reguladas mediante este tipo de instrumentos.

En ese sentido, explicó que el artículo 99, inciso 3, de la Constitución fija las condiciones excepcionales bajo las cuales el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia y, al mismo tiempo, excluye determinadas materias, entre ellas las vinculadas con el derecho penal. Desde su punto de vista, esa limitación constitucional podría dar lugar a futuros cuestionamientos judiciales sobre la validez de algunas disposiciones incluidas en el decreto.

Fernández también hizo referencia al tratamiento que el DNU otorga al concepto de “discurso de odio”. Sostuvo que este tipo de conductas ya puede ser analizado dentro del marco legal existente cuando una persona considera que ha sido víctima de discriminación, persecución o cualquier otro hecho contemplado por la legislación vigente.

A su juicio, la aplicación de esas normas debe producirse caso por caso, mediante las actuaciones correspondientes y bajo intervención de la Justicia, evitando interpretaciones discrecionales o decisiones administrativas que excedan las competencias previstas por la Constitución.

Consultado acerca de quién podría promover una declaración de inconstitucionalidad del decreto, Fernández respondió que, en principio, correspondería a una persona que resulte directamente afectada por la aplicación concreta de la norma, lo que permitiría llevar el caso ante los tribunales competentes para evaluar su validez constitucional.

El exfuncionario también fue consultado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ordene directamente la expulsión de un extranjero por considerar que incurrió en un discurso de odio. En respuesta, afirmó que el Presidente no puede intervenir de manera directa en procedimientos que corresponden a otras autoridades ni asumir funciones propias del Poder Judicial.

Para fundamentar esa posición, recordó que la Constitución Nacional prohíbe al Presidente ejercer funciones judiciales o intervenir en causas sometidas al conocimiento de los tribunales. En consecuencia, sostuvo que cualquier decisión relacionada con sanciones o expulsiones debe respetar los procedimientos previstos por la legislación vigente y las garantías del debido proceso.

Más allá del análisis estrictamente jurídico, Fernández también cuestionó el contexto político en el que fue presentado el decreto. Señaló que el país ya cuenta con herramientas legales para actuar frente a situaciones que involucren delitos cometidos por extranjeros y consideró que resulta innecesario crear normas que puedan generar interpretaciones ambiguas sobre conceptos como el discurso de odio.

Durante la entrevista, el dirigente peronista fue consultado además sobre la situación interna de su espacio político y las perspectivas hacia las próximas elecciones presidenciales.

En ese marco, sostuvo que las diferencias dentro del peronismo deben resolverse mediante los mecanismos partidarios correspondientes. Consideró que el objetivo principal debe ser construir una propuesta unificada que permita competir electoralmente con mayores posibilidades.

Al mencionar posibles referentes para una futura candidatura presidencial, Fernández señaló que distintos dirigentes cuentan con trayectoria suficiente para participar de ese proceso interno, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner.

Respecto de la expresidenta, reiteró su postura crítica sobre la causa judicial que derivó en su condena y afirmó que sus representantes legales continúan impulsando recursos ante instancias internacionales para revisar el expediente.

Finalmente, Fernández defendió la utilización de elecciones primarias abiertas como mecanismo para resolver eventuales diferencias internas si no se alcanzan acuerdos políticos previos, argumentando que una competencia dentro del mismo espacio permitiría definir democráticamente el liderazgo de la oposición con vistas a los próximos desafíos electorales.

Las declaraciones del exministro se producen en momentos en que el nuevo DNU migratorio continúa generando debate entre dirigentes políticos, especialistas en derecho constitucional y diversos sectores de la sociedad, que analizan el alcance de las modificaciones introducidas y su eventual compatibilidad con el marco jurídico vigente en Argentina.

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