¡BOMBA! El secreto de la JEP que aterra a De la Espriella
¡BOMBA! El secreto de la JEP que aterra a De la Espriella
En la política colombiana existen asuntos que, por su propia naturaleza, despiertan inquietud mucho antes de que se conozcan todos los detalles. La Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, es uno de ellos. Creada como parte del sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz, esta institución tiene la responsabilidad de investigar graves hechos relacionados con el conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la construcción de garantías para que determinados crímenes no vuelvan a repetirse.
Por eso, cualquier noticia que relacione a la JEP con una figura política de alto perfil puede provocar inmediatamente una fuerte reacción. En esta ocasión, comenzó a circular un relato según el cual existiría un supuesto “secreto” de la JEP que tendría especialmente preocupado a Abelardo de la Espriella. La expresión resulta impactante, pero antes de convertirla en una verdad, es necesario distinguir entre una acusación política, una investigación y un hecho oficialmente demostrado.
La JEP trabaja sobre algunos de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia. Sus investigaciones pueden involucrar testimonios, documentos, archivos, declaraciones de antiguos integrantes de grupos armados y elementos relacionados con hechos ocurridos durante décadas de conflicto. Cada nuevo testimonio puede abrir una línea de investigación y conectar acontecimientos que durante mucho tiempo permanecieron separados.
Precisamente por eso, una revelación dentro de este sistema puede tener consecuencias importantes. Pero “tener consecuencias” no significa necesariamente que una persona esté siendo acusada de un delito. Una investigación puede incluir a alguien como testigo, mencionar su nombre dentro de un documento o estudiar una determinada relación sin que exista una conclusión judicial sobre su responsabilidad.
Esta diferencia es fundamental cuando se habla de una figura política como De la Espriella.
En una sociedad profundamente polarizada, cualquier referencia de una institución judicial a un dirigente puede convertirse rápidamente en munición política. Sus adversarios pueden presentar el hecho como una señal de que existe algo oculto, mientras sus seguidores pueden interpretarlo como una campaña de persecución. Entre ambas posiciones, sin embargo, existe una realidad jurídica mucho más compleja.
La JEP no debería convertirse en un escenario para condenar personas mediante titulares. Su trabajo exige pruebas, procedimientos y garantías. Las víctimas necesitan verdad, pero también necesitan que esa verdad sea obtenida mediante procesos serios capaces de resistir cualquier cuestionamiento.
La palabra “secreto” también merece atención. En una investigación judicial puede existir información reservada durante determinadas etapas. Esa reserva no significa necesariamente que exista una conspiración. Puede responder a la necesidad de proteger testigos, evitar interferencias o garantizar que una investigación no sea perjudicada antes de que los investigadores puedan verificar los datos.
Para las víctimas del conflicto, el verdadero valor de la JEP está precisamente en la posibilidad de conocer aquello que durante años permaneció oculto. Muchas familias llevan décadas esperando respuestas sobre personas desaparecidas, asesinatos, desplazamientos y otros hechos violentos.
Cuando aparece un nuevo testimonio, la pregunta más importante debería ser qué información aporta sobre esas víctimas.
En lugar de concentrarse exclusivamente en si una revelación perjudica a un dirigente político, la sociedad debería preguntarse si ayuda a reconstruir la historia de quienes sufrieron la violencia. La justicia transicional tiene sentido cuando coloca a las víctimas en el centro.
Esto no significa que los dirigentes políticos estén fuera del escrutinio. Todo lo contrario. Si una investigación oficial encuentra indicios de responsabilidad, cualquier persona debe responder ante las instituciones correspondientes. Pero también debe existir el principio de presunción de inocencia.
La política colombiana ha demostrado repetidamente lo fácil que resulta transformar una investigación en una sentencia pública. Basta una frase llamativa para que una persona sea declarada culpable en las redes sociales antes de que exista una decisión judicial. Esa práctica puede destruir reputaciones y, al mismo tiempo, debilitar la confianza en las verdaderas investigaciones.
Por eso, si existe información relacionada con De la Espriella dentro de un expediente de la JEP, será necesario conocer su contenido exacto. ¿Se trata de una declaración? ¿De un testimonio de terceros? ¿De un documento histórico? ¿Existe una investigación formal? ¿Qué autoridad tiene competencia sobre el asunto? ¿Hay alguna decisión judicial?
Sin respuestas a esas preguntas, hablar de un “secreto que aterra” pertenece más al lenguaje del espectáculo político que al de la justicia.
También es posible que una revelación tenga importancia histórica sin implicar responsabilidad penal para una persona determinada. La información puede servir para reconstruir acontecimientos, identificar víctimas, ubicar lugares o comprender mejor cómo funcionaban determinadas estructuras durante el conflicto.
La verdad histórica es mucho más amplia que la culpabilidad individual.
Ese punto resulta esencial para Colombia. Después de décadas de violencia, el país necesita conocer su pasado sin manipularlo. Eso implica escuchar a las víctimas, investigar a los responsables y proteger las instituciones encargadas de establecer los hechos.
Si la JEP encuentra información relevante, la ciudadanía debe poder conocerla cuando legalmente sea posible. Y si aparecen acusaciones contra cualquier persona, deberán ser examinadas con las garantías correspondientes.
La supuesta preocupación de De la Espriella, por tanto, no debería convertirse automáticamente en prueba de que existe algo oculto. Un dirigente puede estar preocupado por una investigación simplemente porque conoce el impacto político que podría tener, sin que eso demuestre culpabilidad alguna.
La verdadera bomba, si existe, será el contenido de las pruebas y no el tamaño del titular.
Colombia necesita una justicia capaz de descubrir la verdad incluso cuando esa verdad resulte incómoda para los poderosos. Pero también necesita ciudadanos capaces de esperar las pruebas antes de emitir un veredicto.
Porque la memoria de las víctimas merece algo mejor que una guerra de titulares.
Merece verdad.
Merece justicia.
Y, sobre todo, merece que aquello que durante años permaneció enterrado pueda finalmente salir a la luz sin convertirse en una herramienta para manipular el dolor de quienes todavía esperan respuestas.
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