Condenan a más de 20 años de prisión a cinco militares por tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino en Antioquia

Condenan a más de 20 años de prisión a cinco militares por tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino en Antioquia

Un juez especializado condenó a cinco integrantes del Ejército Nacional a 20 años y dos meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de un campesino con discapacidad cognitiva en hechos ocurridos en el municipio de Frontino, Antioquia. La decisión representa un nuevo avance dentro del proceso judicial que investiga uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos registrados en una base militar del departamento.

La sentencia fue emitida luego de que los cinco militares suscribieran un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mecanismo mediante el cual reconocieron su participación en los hechos. El acuerdo fue posteriormente avalado por un juez, quien impuso la pena por los delitos de tortura agravada, homicidio agravado y desaparición forzada agravada.

Los condenados son el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. La investigación determinó que los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2025 dentro de una base militar ubicada en Frontino, donde la víctima fue retenida bajo la sospecha de mantener presuntos vínculos con un grupo armado ilegal.

Según la Fiscalía, el campesino, identificado como Esneider Flórez Manco, de 27 años y con discapacidad cognitiva, permaneció retenido durante cerca de cinco horas en las instalaciones militares. Durante ese tiempo fue sometido a diferentes actos de violencia física que finalmente le ocasionaron la muerte.

La investigación estableció que la víctima fue despojada de su ropa, golpeada, amarrada, colgada de un árbol y sometida a maniobras de asfixia mientras permanecía bajo custodia de los uniformados. Posteriormente falleció dentro de un baño de la base militar como consecuencia de las agresiones sufridas.

Tras la muerte del campesino, los responsables intentaron ocultar lo ocurrido. De acuerdo con el expediente judicial, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta un helipuerto y posteriormente arrojado al río El Cerro con el propósito de impedir que el crimen fuera descubierto por las autoridades.

Semanas después, el cadáver fue recuperado por las autoridades competentes y sometido a los exámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los análisis concluyeron que la causa del fallecimiento correspondía a las graves lesiones ocasionadas durante las torturas, información que se convirtió en una de las principales pruebas dentro del proceso penal.

La Fiscalía señaló que la investigación permitió reconstruir de manera detallada lo sucedido mediante peritajes forenses, testimonios y otros elementos probatorios recopilados durante varios meses. Ese material fue determinante para establecer la responsabilidad de los militares y sustentar el preacuerdo presentado ante la justicia.

Este no es el único fallo relacionado con el caso. Meses atrás también fue condenado, mediante un procedimiento similar, el entonces comandante de la base militar, el teniente Leider Ortiz Ortiz, quien recibió una pena de 20 años y tres meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en los mismos hechos.

Además, la Fiscalía informó que el proceso judicial continúa respecto de otros integrantes del Ejército presuntamente vinculados al caso. Entre ellos figuran el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

La decisión judicial fue destacada por la Fiscalía como un paso importante en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. La entidad reiteró que continuará adelantando investigaciones cuando existan evidencias de actuaciones ilegales cometidas por integrantes de la fuerza pública, con el objetivo de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Especialistas en derecho penal señalaron que los preacuerdos contemplados en la legislación colombiana permiten agilizar los procesos judiciales cuando los acusados aceptan su responsabilidad. No obstante, estos mecanismos requieren la validación de un juez, quien debe verificar que el acuerdo cumpla con las exigencias legales y que la pena impuesta resulte proporcional a la gravedad de los delitos.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos también han seguido de cerca este proceso, debido a la gravedad de los hechos investigados y al impacto que casos de esta naturaleza tienen sobre la confianza ciudadana en las instituciones. Para estos organismos, el avance de las investigaciones y la imposición de condenas constituyen elementos relevantes dentro del fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.

Mientras tanto, la Fiscalía continuará desarrollando las actuaciones pendientes para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer la eventual responsabilidad de las demás personas vinculadas al expediente. Las autoridades reiteraron que las investigaciones permanecen abiertas hasta concluir todas las etapas procesales previstas por la ley.

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