Denuncia por presunta discriminación en el Centro Comercial Andino llega a la Fiscalía tras acción penal presentada por una pareja de jóvenes

Denuncia por presunta discriminación en el Centro Comercial Andino llega a la Fiscalía tras acción penal presentada por una pareja de jóvenes

La controversia originada por una denuncia de presunta discriminación contra una pareja de jóvenes en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, dio un nuevo paso al trasladarse al ámbito judicial. Los afectados presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que las autoridades investiguen lo ocurrido y establezcan si existieron conductas que puedan constituir el delito de discriminación.

El caso comenzó a recibir amplia atención pública después de que se difundieran en redes sociales varios videos grabados por los propios jóvenes. Según su relato, mientras registraban contenido audiovisual dentro de la plazoleta de comidas del centro comercial y expresaban afecto mediante un beso, un integrante del personal de seguridad se acercó para advertirles que debían detener ese comportamiento o abandonar el lugar. La pareja afirmó que el llamado de atención obedeció exclusivamente a su orientación sexual y calificó el episodio como un acto de homofobia.

Las imágenes circularon rápidamente en diferentes plataformas digitales y provocaron un amplio debate sobre el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+ en espacios abiertos al público. Organizaciones defensoras de derechos humanos, ciudadanos y diferentes sectores expresaron solidaridad con los jóvenes y solicitaron que el caso fuera esclarecido mediante una investigación imparcial.

Posteriormente, la administración del Centro Comercial Andino realizó una revisión interna del incidente, incluyendo el análisis de las grabaciones captadas por sus cámaras de seguridad. Tras concluir ese procedimiento, el establecimiento manifestó públicamente que la pareja no había realizado ninguna conducta que justificara la intervención del vigilante y reconoció que la actuación del funcionario no estuvo alineada con los principios institucionales del centro comercial. Asimismo, ofreció disculpas directas a los afectados y reiteró su compromiso con el respeto, la inclusión y la diversidad.

Como parte de las medidas anunciadas, la administración informó que revisará los protocolos de actuación aplicados por la empresa encargada de la seguridad privada y fortalecerá los procesos de capacitación dirigidos al personal de vigilancia y atención al cliente. El objetivo, según explicó la entidad, es evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y garantizar un trato igualitario para todas las personas que visitan sus instalaciones.

Pese a las disculpas públicas y a las acciones correctivas anunciadas por el establecimiento, la pareja decidió continuar con el proceso legal. Acompañados por el abogado Alejandro Michells, acudieron a la Fiscalía General de la Nación para presentar una denuncia penal con el fin de que la investigación permita identificar eventuales responsables y determinar si los hechos configuran un delito contemplado en la legislación colombiana.

El representante legal de los jóvenes manifestó que la decisión de acudir ante la justicia busca no solamente esclarecer lo sucedido, sino también contribuir a que este tipo de situaciones no vuelvan a afectar a otras personas. Según explicó, la intención es que el caso sea analizado por las autoridades competentes y que, en caso de comprobarse alguna conducta ilegal, se impongan las sanciones previstas por la ley.

Mientras avanzaban las actuaciones judiciales, diferentes organizaciones sociales convocaron una manifestación pacífica conocida como “besatón” frente al Centro Comercial Andino. La actividad reunió a ciudadanos que expresaron su rechazo frente a cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual y defendieron el derecho de todas las personas a manifestar afecto en condiciones de igualdad, siempre dentro de los parámetros normales de convivencia.

La Subdirección para Asuntos LGBTIQ+ de la Secretaría Distrital de Integración Social también confirmó que tuvo conocimiento del caso y puso a disposición de la pareja sus canales de acompañamiento institucional. Entre las medidas ofrecidas se encuentran orientación jurídica, apoyo psicosocial y asesoría durante las actuaciones que puedan desarrollarse ante las diferentes autoridades.

El episodio ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión y capacitación en establecimientos comerciales y espacios de acceso público. Diversos sectores consideran que las medidas preventivas, la formación del personal y la aplicación de protocolos claros resultan fundamentales para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin ser objeto de actos discriminatorios.

Especialistas en derechos humanos recuerdan que los casos de presunta discriminación deben ser evaluados individualmente por las autoridades judiciales, quienes son las encargadas de establecer si existieron conductas sancionables conforme a la legislación vigente. Mientras tanto, la investigación iniciada por la Fiscalía permitirá recopilar pruebas, escuchar a las partes involucradas y determinar si existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal.

El caso permanece ahora en manos de la justicia colombiana, mientras la opinión pública continúa siguiendo el desarrollo de una investigación que ha generado un amplio debate sobre la igualdad, el respeto por la diversidad y la protección efectiva de los derechos fundamentales en espacios abiertos al público.

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