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Corte ordena detención de la senadora Martha Peralta para su indagatoria por el desfalco de la UNGRD
Cuando la política, la justicia y uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno Petro vuelven a cruzarse
La escena parecía salida de una novela política colombiana.
Mientras el país seguía atento las últimas revelaciones del escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una nueva decisión judicial volvió a encender el debate nacional.
Esta vez, el nombre en el centro de la tormenta fue el de la senadora Martha Peralta Epieyú.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención temporal para garantizar que comparezca a la diligencia de indagatoria relacionada con el multimillonario desfalco de la UNGRD, considerado por muchos analistas como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Colombia.
La decisión sorprendió a buena parte del país no solo por la relevancia política de la congresista, sino porque representa un nuevo capítulo en una investigación que ha venido creciendo como una bola de nieve y que ya ha involucrado a altos funcionarios, exministros, congresistas y directivos de entidades estatales.
Una orden que cambió el rumbo de la audiencia
Todo ocurrió en medio de una diligencia judicial que ya estaba rodeada de enorme expectativa.
Según informó la Corte Suprema, la magistrada Cristina Lombana consideró que existía riesgo de que la senadora no compareciera adecuadamente a las actuaciones judiciales programadas.
Por esa razón ordenó una privación transitoria de la libertad para asegurar su presencia en la continuación de la indagatoria.
La congresista debía ser trasladada a instalaciones de la Dijín de la Policía Nacional antes de comparecer nuevamente ante el alto tribunal.
La medida generó una inmediata reacción mediática y política.
Para algunos sectores representa una decisión estrictamente procesal destinada a garantizar el desarrollo de la investigación.
Para otros, constituye un hecho de enorme impacto político debido a la posición que ocupa Peralta dentro de las fuerzas cercanas al Gobierno de Gustavo Petro.
El escándalo que no deja de crecer
La historia no comenzó esta semana.
El origen de todo se remonta a las investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos dentro de la UNGRD, entidad creada para atender emergencias y desastres naturales en Colombia.
Lo que inicialmente parecía una investigación administrativa terminó convirtiéndose en un gigantesco entramado de presunta corrupción que involucraría contratos direccionados, favorecimientos políticos y utilización irregular de recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables.
Con el paso de los meses comenzaron a aparecer declaraciones explosivas.
Uno de los protagonistas centrales fue Olmedo López, exdirector de la UNGRD y considerado hoy uno de los principales testigos dentro del caso.
Sus declaraciones ante las autoridades abrieron nuevas líneas de investigación y permitieron identificar a varios dirigentes políticos presuntamente relacionados con el escándalo.
Fue precisamente en ese contexto cuando el nombre de Martha Peralta empezó a aparecer en los expedientes.
Las acusaciones que rodean a la congresista
De acuerdo con los documentos conocidos por la Corte y la Fiscalía, la senadora es investigada por presuntas actuaciones relacionadas con contratos que habrían beneficiado proyectos en La Guajira.
Las investigaciones apuntan particularmente hacia un contrato de maquinaria amarilla y otros procesos que habrían sido objeto de presunto direccionamiento.
La Fiscalía sostuvo anteriormente que existían elementos para investigar posibles conductas relacionadas con tráfico de influencias e interés indebido en contratación pública.
Además, declaraciones y chats incorporados al expediente han sido utilizados por los investigadores para reconstruir posibles gestiones realizadas alrededor de recursos de la UNGRD.
Algunas versiones indican que existieron solicitudes para favorecer determinados proyectos o contratistas vinculados al departamento de La Guajira.
Sin embargo, hasta este momento no existe una condena ni una determinación definitiva sobre su responsabilidad.
La etapa procesal sigue centrada en la recolección de pruebas y en la versión que la propia congresista entregue ante la Corte Suprema.
La defensa de Martha Peralta
Frente a la avalancha de señalamientos, Martha Peralta ha mantenido una postura firme.
Antes de ingresar a la diligencia judicial aseguró que siempre ha estado dispuesta a comparecer ante las autoridades y negó cualquier conducta irregular.
“No es la primera vez que vengo.
Siempre he dado la cara”, manifestó ante medios de comunicación, insistiendo en que su presencia ante la Corte no implica una declaración de culpabilidad sino la oportunidad de responder a las preguntas planteadas por los magistrados.
La senadora también ha denunciado que existe un componente político detrás de las acusaciones.
Según su versión, los cuestionamientos surgieron en medio de escenarios electorales y buscan afectar tanto su imagen pública como la de los movimientos políticos que representa.
A lo largo de los últimos meses ha rechazado reiteradamente las versiones que la vinculan con actos de corrupción y ha sostenido que todas sus actuaciones pueden ser explicadas dentro de la legalidad.
Un golpe político en medio de la crisis institucional
La decisión de la Corte llega en un momento particularmente delicado.
El caso UNGRD ha evolucionado hasta convertirse en una de las mayores crisis institucionales enfrentadas por el Gobierno de Gustavo Petro.
Las investigaciones ya han salpicado a exfuncionarios de alto nivel, exministros y congresistas de distintas corrientes políticas.
Lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó revelando una compleja red de presuntas negociaciones políticas alrededor de recursos públicos destinados a atender emergencias nacionales.
Por eso, cada nueva decisión judicial genera una enorme repercusión nacional.
La detención transitoria de una senadora en ejercicio no solo tiene implicaciones jurídicas.
También alimenta el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos, la independencia de las instituciones y la responsabilidad de los dirigentes políticos frente a los ciudadanos.
Lo que viene ahora
La atención del país está puesta en las próximas actuaciones de la Corte Suprema.
La indagatoria permitirá a los magistrados profundizar en los elementos de prueba acumulados durante meses de investigación y escuchar directamente la versión de la congresista.
Posteriormente, el alto tribunal deberá evaluar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia nuevas etapas procesales o si, por el contrario, las explicaciones presentadas permiten descartar responsabilidades penales.
Mientras tanto, el escándalo de la UNGRD continúa creciendo y sumando nombres a una investigación que parece estar lejos de terminar.
Lo que comenzó como una denuncia sobre posibles irregularidades administrativas se ha transformado en una de las investigaciones más explosivas de la política colombiana reciente.
Y ahora, con la orden de detención temporal contra Martha Peralta para garantizar su comparecencia ante la justicia, el caso suma un nuevo episodio que podría marcar el futuro político de la congresista y convertirse en otra pieza clave dentro del rompecabezas de corrupción que mantiene en vilo a Colombia.
