Investigan clínica clandestina en Bogotá tras la muerte de Adriana Manotas: el establecimiento seguía funcionando pese a sanciones sanitarias
Investigan clínica clandestina en Bogotá tras la muerte de Adriana Manotas: el establecimiento seguía funcionando pese a sanciones sanitarias
Las autoridades colombianas intensifican las investigaciones sobre una clínica clandestina ubicada en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, donde fue atendida Adriana Manotas Rodríguez antes de fallecer como consecuencia de complicaciones derivadas de un procedimiento estético. El caso ha reabierto el debate sobre el funcionamiento de centros médicos ilegales y la necesidad de fortalecer los controles para evitar que este tipo de establecimientos continúen poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud, el establecimiento donde se practicó la intervención no contaba con la habilitación exigida por la legislación colombiana para prestar servicios médicos. Además, las autoridades confirmaron que el lugar ya había sido objeto de medidas sanitarias preventivas impuestas meses atrás, pero continuó operando de manera irregular, incumpliendo las restricciones ordenadas por los organismos de control.
La investigación tomó un nuevo rumbo después del allanamiento realizado el 10 de julio por funcionarios de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Durante la diligencia fueron encontrados equipos utilizados para procedimientos quirúrgicos, dispositivos biomédicos, medicamentos y residuos biológicos, evidencia que, según las autoridades, demuestra que en el sitio se realizaban intervenciones invasivas sin cumplir las condiciones técnicas y sanitarias establecidas por la normativa vigente.
Las inspecciones oficiales también revelaron que el establecimiento había recibido en noviembre de 2025 dos medidas sanitarias preventivas: una dirigida al centro médico y otra contra el profesional responsable de los procedimientos. Dichas sanciones buscaban impedir que continuaran prestándose servicios sin autorización, debido al riesgo que representaban para los pacientes. Sin embargo, durante la reciente inspección se comprobó que las irregularidades persistían y que la actividad nunca fue suspendida por completo.
Como consecuencia de estos hallazgos, la Secretaría Distrital de Salud ordenó la clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de más de un centenar de elementos, entre ellos equipos médicos, instrumental quirúrgico, medicamentos y diversos insumos utilizados en procedimientos estéticos. Las autoridades señalaron que estas medidas buscan evitar que el lugar vuelva a operar mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas.
El fallecimiento de Adriana Manotas ocurrió pocos días después de haberse sometido al procedimiento. La mujer fue trasladada posteriormente a un centro asistencial de la Cruz Roja, donde murió tras presentar graves complicaciones de salud. Las circunstancias exactas de su fallecimiento continúan siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía, que intenta establecer las posibles responsabilidades penales de quienes participaron en la intervención médica y administraban el establecimiento clandestino.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó públicamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la ciudadanía para verificar que cualquier clínica, hospital o centro estético cuente con la autorización correspondiente antes de someterse a un procedimiento médico. El mandatario recordó que ninguna cirugía puede practicarse legalmente en establecimientos que no estén registrados y habilitados por la Secretaría Distrital de Salud.
Las autoridades distritales destacaron que durante los últimos meses se han fortalecido los operativos de inspección en diferentes sectores de Bogotá. En una jornada reciente participaron la Secretaría de Salud, el CTI de la Fiscalía, la Policía Judicial, el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que realizaron verificaciones simultáneas en diversos establecimientos para identificar posibles irregularidades relacionadas con procedimientos estéticos y servicios médicos. Como resultado de estas acciones se ordenaron suspensiones, decomisos de medicamentos y destrucción de productos que representaban riesgos para la salud pública.
Según cifras oficiales, desde 2025 las autoridades sanitarias han efectuado más de mil visitas de inspección y cientos de operativos de control en Bogotá. Estas acciones han derivado en numerosas medidas sanitarias contra establecimientos que incumplen las normas vigentes. Solo durante 2026 se han realizado más de un centenar de visitas motivadas por denuncias ciudadanas y se han impuesto nuevas medidas preventivas para evitar la prestación ilegal de servicios médicos.
El caso también provocó reacciones desde distintos sectores políticos. Algunos dirigentes cuestionaron que, pese a las alertas emitidas en años anteriores sobre clínicas clandestinas dedicadas a procedimientos estéticos, todavía existan establecimientos que continúen funcionando sin autorización. Consideran necesario fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de la vigilancia sanitaria y aumentar las campañas de información para que los ciudadanos conozcan los riesgos de acudir a lugares que operan fuera de la ley.
Mientras continúan las investigaciones, la muerte de Adriana Manotas vuelve a poner en evidencia la importancia de verificar la legalidad de cualquier institución médica antes de realizar procedimientos quirúrgicos o tratamientos estéticos. Las autoridades reiteraron que seguirán desarrollando operativos de inspección y pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier establecimiento sospechoso que ofrezca servicios de salud sin la autorización correspondiente. El objetivo, señalaron, es evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse y garantizar que todos los procedimientos médicos se realicen bajo condiciones seguras y conforme a la legislación colombiana vigente.
