Lafaurie arremete contra Gustavo Petro por frenar operaciones militares en Putumayo y advierte sobre un posible fortalecimiento de las disidencias de las FARC

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro tras conocerse la decisión del Gobierno colombiano de suspender temporalmente las operaciones militares ofensivas contra las disidencias de las FARC en el departamento de Putumayo.

La polémica medida, anunciada en el marco de los procesos de diálogo impulsados por la estrategia de “Paz Total”, provocó fuertes reacciones en distintos sectores políticos y reabrió el debate nacional sobre la seguridad, el control territorial y el futuro de las negociaciones con grupos armados ilegales.

A través de declaraciones públicas y mensajes difundidos en redes sociales, Lafaurie cuestionó severamente la suspensión de las acciones ofensivas del Ejército y advirtió que esta decisión podría facilitar el fortalecimiento operativo y territorial de las disidencias armadas en una de las regiones más golpeadas históricamente por el conflicto colombiano.

“El país no puede seguir entregando ventajas estratégicas a estructuras criminales que continúan financiándose con narcotráfico, extorsión y violencia”, afirmó el dirigente gremial.

La controversia comenzó luego de que el Gobierno nacional anunciara la suspensión temporal de operaciones militares ofensivas contra determinados bloques de las disidencias de las FARC presentes en Putumayo, como parte de los esfuerzos para facilitar acercamientos y posibles acuerdos humanitarios dentro de la política de Paz Total promovida por la administración Petro.

Según el Ejecutivo, la medida busca generar condiciones de confianza para avanzar en negociaciones orientadas a reducir la violencia y proteger a las comunidades afectadas por el conflicto armado en el sur del país.

Sin embargo, críticos de la decisión consideran que el cese de operaciones podría ser aprovechado por los grupos ilegales para reorganizarse, expandir sus economías ilícitas y consolidar control territorial.

José Félix Lafaurie fue uno de los primeros líderes políticos y sociales en reaccionar públicamente.

El presidente de Fedegán, quien además ha participado en algunos espacios de diálogo promovidos por el Gobierno, aseguró que existe una “contradicción peligrosa” entre las promesas oficiales de seguridad y las concesiones otorgadas a grupos armados que aún continúan realizando actividades criminales.

En sus declaraciones, Lafaurie planteó además una hipótesis que generó amplio debate político y mediático: sugirió que algunas estructuras armadas podrían estar utilizando los procesos de negociación simplemente como una estrategia para ganar tiempo y fortalecerse militarmente mientras disminuye la presión de las Fuerzas Armadas.

“Cada vez que el Estado reduce su capacidad ofensiva, los grupos ilegales aprovechan para expandirse”, advirtió el dirigente ganadero.

Las disidencias de las FARC continúan siendo una de las principales amenazas de seguridad en varias regiones de Colombia.

Tras la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, diversos grupos armados rechazaron el proceso de desmovilización y mantuvieron actividades ilegales relacionadas con narcotráfico, minería ilegal, secuestro y extorsión.

En departamentos como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Nariño, estas organizaciones han incrementado su presencia durante los últimos años aprovechando economías ilícitas vinculadas principalmente a cultivos de coca y rutas estratégicas del narcotráfico.

Putumayo, ubicado en la frontera con Ecuador y Perú, es considerado uno de los territorios más sensibles desde el punto de vista de seguridad nacional.

La región ha sido históricamente escenario de enfrentamientos armados entre guerrillas, grupos narcotraficantes, bandas criminales y Fuerza Pública.

De acuerdo con informes recientes de organizaciones de derechos humanos, comunidades rurales del departamento continúan enfrentando desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento de menores y restricciones de movilidad impuestas por grupos armados ilegales.

La decisión del Gobierno de suspender operaciones militares ofensivas fue defendida por sectores cercanos al presidente Petro, quienes sostienen que las soluciones exclusivamente militares no han logrado resolver el conflicto armado colombiano durante décadas.

Funcionarios del Ejecutivo argumentan que la política de Paz Total busca precisamente abrir espacios de negociación simultánea con distintos actores armados para reducir la violencia estructural en los territorios más afectados por la guerra.

Sin embargo, la oposición política y varios sectores productivos mantienen fuertes cuestionamientos sobre los resultados concretos de esa estrategia.

Algunos críticos consideran que las treguas y suspensiones operativas han coincidido con incrementos en extorsiones, control territorial ilegal y ataques contra la población civil en distintas regiones.

Analistas de seguridad señalan que uno de los mayores desafíos de la política de Paz Total radica en lograr mecanismos efectivos de verificación y control que impidan que los grupos armados utilicen los ceses de operaciones para fortalecerse militarmente.

El debate también ha generado tensiones dentro del propio establecimiento político colombiano.

Mientras algunos sectores progresistas defienden la necesidad de insistir en salidas negociadas, dirigentes conservadores reclaman una política más agresiva de seguridad y combate frontal contra las organizaciones ilegales.

Lafaurie, conocido por sus posiciones críticas frente a grupos armados y por representar históricamente a sectores rurales afectados por la violencia, se ha convertido en una de las voces más visibles de la oposición a las suspensiones militares impulsadas por el Gobierno.

El dirigente gremial también advirtió sobre el impacto económico y social que puede generar la pérdida de control estatal en regiones agrícolas estratégicas.

Según Fedegán, la expansión de grupos armados ilegales afecta directamente la producción rural, la inversión privada y la seguridad alimentaria en varias zonas del país.

Mientras tanto, el Gobierno Petro insiste en que las medidas adoptadas forman parte de una estrategia integral para disminuir el conflicto armado y construir escenarios de negociación sostenibles.

El Ejecutivo ha reiterado que las Fuerzas Armadas mantienen facultades para responder ante cualquier ataque o amenaza directa contra la población civil.

La controversia sobre Putumayo refleja nuevamente las profundas divisiones políticas que existen en Colombia respecto al manejo de la seguridad y las negociaciones con grupos armados.

A medida que avanzan los procesos de diálogo impulsados por la Casa de Nariño, el debate sobre los límites entre negociación y control militar continúa ocupando un lugar central en la agenda nacional.

Por ahora, las críticas de José Félix Lafaurie añaden presión política al Gobierno de Gustavo Petro en un momento especialmente sensible para la política de Paz Total, una de las principales apuestas de la actual administración y también uno de los temas más polarizantes del escenario político colombiano.