Passerini reconoció fallas en los controles municipales en el caso Agostina Vega y afirmó: “Soy el máximo responsable”

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, se refirió al caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada, y admitió públicamente fallas en los sistemas de control de la administración municipal.

A casi una semana del hallazgo del cuerpo de la menor, el jefe comunal aseguró que asume la responsabilidad política por las irregularidades detectadas en el funcionamiento de distintas áreas del municipio.

“Hay que reconocer que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, expresó Passerini en declaraciones televisivas, en las que buscó dar una respuesta institucional frente a la gravedad del caso que conmociona a la provincia de Córdoba.

Durante una entrevista con el canal El Doce TV, el intendente sostuvo que no es posible ocultar lo ocurrido y calificó la situación como “muy grave”.

En ese sentido, afirmó que ya se están impulsando medidas administrativas y políticas para revisar los mecanismos internos del municipio y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad”, señaló el mandatario local, en referencia a las derivaciones del caso que han puesto bajo la lupa distintos procedimientos de control institucional.

Passerini también indicó que ha recibido numerosas denuncias y advertencias sobre irregularidades en distintas áreas municipales.

“Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que está con una condena y está trabajando.

A todas las denuncias lo que hago es pedir los datos”, explicó, al remarcar que se encuentra revisando cada una de las presentaciones recibidas.

En paralelo, el caso ha generado especial atención debido a la contratación de Claudio Barrelier, principal acusado en la causa, dentro del ámbito municipal.

Este punto se convirtió en uno de los ejes centrales de la polémica y motivó decisiones administrativas dentro del Ejecutivo local.

En ese contexto, Passerini anunció el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante con el objetivo de reforzar los controles sobre el personal municipal.

Entre las medidas propuestas, se destaca la obligación de presentar certificados de antecedentes penales de manera periódica, cada seis meses, en lugar del esquema actual de cuatro años.

Además, el proyecto contempla la implementación de controles de narcotest obligatorios para todos los empleados municipales, como parte de un paquete de reformas orientado a fortalecer los mecanismos de transparencia y supervisión dentro de la administración pública local.

“Mandamos un proyecto de ordenanza para que el certificado de antecedentes se presente cada 6 meses y no cada 4 años.

Y todos deberán hacerse el narcotest”, detalló el intendente, al explicar el alcance de las nuevas medidas que se buscan implementar.

Passerini también se refirió a la situación de Ricardo Moreno, señalado como responsable de la incorporación de Barrelier al municipio.

Según explicó, el funcionario ya presentó su renuncia al cargo de concejal tras conocerse su vinculación con el caso.

“El domingo, cuando me entero de esta situación, le pedí que no continúe”, relató el intendente, al dar cuenta de las decisiones políticas adoptadas en el marco de la investigación interna que se está llevando adelante.

El caso Agostina Vega ha generado un fuerte impacto institucional en la ciudad de Córdoba, no solo por la gravedad del crimen, sino también por las derivaciones políticas y administrativas que ha tenido.

La admisión de fallas en los controles municipales por parte del propio intendente marca un punto de inflexión en la respuesta oficial ante la crisis.

En este contexto, el gobierno local enfrenta ahora el desafío de revisar sus sistemas de control interno y reconstruir la confianza institucional, en medio de un proceso judicial que continúa avanzando y que mantiene en vilo a la opinión pública.

Las medidas anunciadas por el Ejecutivo municipal buscan dar una señal de respuesta ante las críticas y abrir una etapa de revisión profunda en los mecanismos de ingreso y permanencia del personal en la administración pública.

Mientras tanto, la causa judicial por el asesinato de Agostina Vega sigue su curso, con múltiples líneas de investigación abiertas y un creciente debate social sobre las responsabilidades institucionales en torno al caso.