¿Quién gobierna en Argentina? La disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo mientras avanza la causa ANDIS

La justicia federal argentina ha ordenado un paso clave en una de las investigaciones más sensibles del actual ciclo político: el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y posibles maniobras de corrupción en el programa Incluir Salud.

La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo, quien dispuso que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina analice la autenticidad de las grabaciones, determine si fueron editadas o manipuladas, y evalúe si existe evidencia de alteraciones mediante inteligencia artificial.

El caso ya cuenta con más de 29 personas imputadas y múltiples medidas de prueba, incluyendo allanamientos, intervenciones telefónicas y documentación secuestrada.

Una causa que deja de ser rumor político

La investigación se centra en presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.

Según la acusación fiscal, dentro de la ANDIS habría operado un esquema de direccionamiento de contratos a proveedores específicos, con sobreprecios y retornos que oscilarían entre el 12% y el 20% del valor de cada operación.

En el centro del expediente aparece el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros funcionarios, intermediarios y empresarios.

La causa sostiene que el sistema de compras habría sido manipulado mediante simulación de competencia entre proveedores y adjudicaciones previamente acordadas.

Uno de los elementos más controvertidos del expediente son los audios difundidos meses atrás en un programa de streaming, donde una voz atribuida a Spagnuolo describe el funcionamiento interno del supuesto esquema y menciona a figuras de alto nivel político del oficialismo.

Entre los nombres citados aparecen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el operador político Eduardo “Lule” Menem, integrante del círculo de poder legislativo del oficialismo.

Las grabaciones aluden a presuntos retornos económicos asociados a contratos estatales, lo que generó un fuerte impacto político desde su difusión.

El punto crítico: la autenticidad de los audios

El peritaje ordenado por la Gendarmería será determinante para el futuro del expediente.

Los especialistas deberán establecer si las grabaciones son auténticas, si fueron editadas o si podrían haber sido generadas o alteradas con herramientas de inteligencia artificial.

Además, Spagnuolo deberá aportar una muestra de voz indubitada para comparar con los registros.

Si la coincidencia es alta, la causa podría reforzarse con evidencia técnica directa.

Si no lo es, las defensas buscarán cuestionar la validez del material.

Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que la investigación no depende exclusivamente de los audios.

Existen pruebas adicionales como contratos, transferencias, testimonios y documentación administrativa que ya forman parte del expediente.

Una causa con impacto político

Más allá del plano judicial, el caso se inserta en un contexto de fuerte tensión política dentro del gobierno argentino.

La administración del presidente Javier Milei enfrenta una creciente interna entre dos polos de poder: el entorno de Karina Milei y el sector vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.

Ambos grupos son señalados como centros de influencia dentro del oficialismo, con diferencias estratégicas sobre el control político del gobierno, el armado electoral y la estructura de poder interno.

La disputa, que ya venía desarrollándose en el plano comunicacional y organizativo, ahora se ve atravesada por el avance de causas judiciales sensibles.

En este escenario, la aparición de nombres vinculados a distintos sectores del oficialismo dentro del expediente ANDIS incrementa la tensión política, ya que el caso podría impactar en la cohesión interna del gobierno en un año preelectoral.

Un expediente que crece en alcance

La causa no se limita al caso Spagnuolo.

También están imputados funcionarios de distintas áreas, lobistas y empresarios vinculados al sistema de contrataciones del Estado.

Entre ellos, se menciona a actores relacionados con redes de influencia política en el Congreso y el Poder Ejecutivo.

El fiscal Franco Picardi ha sostenido que existen pruebas independientes de los audios, lo que refuerza la continuidad de la investigación incluso si el material sonoro fuera cuestionado técnicamente.

Esto implica que el expediente podría avanzar en múltiples direcciones simultáneas, independientemente del resultado del peritaje forense.

Un gobierno bajo presión

El avance judicial ocurre en paralelo a un clima político marcado por tensiones internas y creciente escrutinio público.

Distintos analistas señalan que la combinación de disputas dentro del oficialismo y causas judiciales abiertas podría afectar la capacidad de gestión del gobierno.

Mientras tanto, el presidente Milei mantiene una estrategia de defensa pública basada en la negación de las acusaciones y la deslegitimación de los testimonios, aunque sin un posicionamiento institucional detallado sobre el avance de la causa.

En este contexto, la figura de Karina Milei ha cobrado un rol central dentro de la estructura de poder, mientras que el entorno de Santiago Caputo es percibido como un actor con creciente capacidad de influencia política, aunque sin cargo formal en el Estado.

Un escenario abierto

El peritaje de los audios será un punto de inflexión.

Si se confirman como auténticos, la causa podría escalar a niveles aún más altos dentro del sistema político.

Si se determinan como manipulados, se abrirá un nuevo frente judicial sobre el origen y la intención de la filtración.

En cualquier caso, el expediente ANDIS ya se ha convertido en uno de los casos más relevantes del actual período político argentino, no solo por su dimensión judicial, sino por su impacto en la estructura interna del poder.

Lo que está en juego no es únicamente la responsabilidad penal de los implicados, sino la estabilidad política de un gobierno atravesado por disputas internas y una creciente presión judicial en un año clave hacia el futuro electoral.