**Santiago Meza López, “El Pozolero”: 17 años disolviendo su propia vida en una prisión federal, donde el hombre que borraba cuerpos para el cártel ahora solo ve cómo el tiempo lo borra a él.**

Imagina a un albañil de Sinaloa que llegó a Tijuana buscando una vida mejor y terminó convirtiéndose en el “Pozolero”, el hombre que disolvía en tambos de sosa cáustica los cuerpos de cientos de víctimas del Cártel de Tijuana.

Santiago Meza López no disparaba, no ordenaba ejecuciones.

Llegaba cuando el trabajo sucio ya estaba hecho y convertía seres humanos en un líquido espeso que desaparecía sin dejar rastro.

Hoy, con más de 60 años y después de 17 años tras las rejas, cumple una condena de 30 años y 8 meses en el CEFERESO 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.

Matemáticamente, morirá en prisión.

Su historia es la de un hombre que pasó de tener un salario semanal por borrar evidencias a vivir en un desierto penitenciario donde el tiempo, el calor extremo y la falta de atención médica lo consumen lentamente.

Nacido en 1964 en Huamuchil, Sinaloa, en una familia humilde de nueve hermanos, Santiago creció fabricando ladrillos.

No provenía del mundo del narco.

En los años 90 se mudó a Tijuana con su esposa Irma, buscando oportunidades.

Allí, el Cártel de los Arellano Félix dominaba con violencia extrema.

Según su propio relato, todo cambió cuando su hermana fue agredida por miembros del cártel.

Ese contacto lo llevó hasta Teodoro García Simental, “El Teo”, uno de los lugartenientes más sanguinarios.

El Teo le enseñó el oficio: disolver cuerpos en tambos de 200 litros con sosa cáustica a fuego alto durante un día entero.

Lo que no se disolvía —dientes, fragmentos de hueso— lo quemaba con gasolina y lo enterraba.

Santiago confesó haber disuelto alrededor de 300 cuerpos en casi una década.

Trabajaba hasta tres por semana.

Al principio le pagaban 600 pesos semanales; después llegó a 7.

000.

No era una fortuna, pero era más de lo que ganaba como albañil.

Su esposa Irma vivió durante años sin saber exactamente de dónde venía el dinero, hasta que vio la confesión en televisión.

Santiago no mataba.

Recibía los cuerpos ya sin vida y borraba la evidencia.

Esa división del trabajo permitió al cártel operar con impunidad en Tijuana y Baja California.

Sus fosas clandestinas, como la de Ojo de Agua, guardaban los restos de lo que nunca se encontró.

El 22 de enero de 2009, el Ejército lo detuvo en Ensenada.

No opuso resistencia.

Ante los medios, lloró, pidió perdón y describió con frialdad técnica su método: tambo, sosa, fuego alto, un día entero.

Esa mezcla de llanto y detalle técnico impactó a todos.

Fue el hombre que el FBI tenía en su lista de los más buscados por su rol clave en la desaparición de evidencias.

En 2012 recibió una primera condena de 10 años por delincuencia organizada.

Para las familias de desaparecidos fue insuficiente.

En 2014 enfrentó un nuevo proceso por secuestro agravado.

En marzo de 2024, con más de 60 años y 15 ya cumplidos, le dictaron 30 años y 8 meses.

La primera condena se declaró compurgada, pero la segunda lo mantiene preso.

En junio de 2025, una investigación reveló opacidad: durante semanas nadie confirmó públicamente en qué penal se encontraba, reabriendo heridas en los colectivos de víctimas.

Desde 2020 está en el CEFERESO 18 de Ramos Arizpe, en pleno desierto de Coahuila.

Las condiciones son duras: agua limitada, raciones insuficientes de comida, baños con agua fría incluso en invierno, y desde 2025 la suspensión de talleres y actividades que daban algún sentido al tiempo.

Entre 2025 y 2026 murieron seis internos en ese penal, incluyendo casos de tuberculosis, desnutrición y suicidios.

Santiago, con más de 60 años, enfrenta sedentarismo forzado, alimentación deficiente, estrés crónico y un sistema médico con fallas documentadas.

El clima extremo —calor de más de 40°C en verano y frío seco en invierno— agrava su deterioro físico.

No hay reportes específicos de su salud actual, pero el entorno habla por sí solo: pérdida de masa muscular, debilitamiento inmunológico, riesgos cardiovasculares y posibles complicaciones respiratorias.

La atención médica es irregular.

Familias de otros internos denuncian que enfermedades comunes no reciben tratamiento oportuno.

Para un hombre mayor con 17 años de encierro, cada día es una erosión silenciosa.

Su rutina es implacable: conteo matutino, horarios fijos para todo, aislamiento relativo, patio limitado y pocas visitas por la distancia geográfica.

Su esposa Irma estuvo presente los primeros años, pero el tiempo y los traslados han diluido los lazos.

No hay privilegios.

Es un recluso más en un penal federal de máxima seguridad, donde el Cártel de Tijuana al que sirvió ya no existe como tal.

Santiago Meza López entró a prisión con 45 años.

Hoy supera los 60.

La condena de 30 años y 8 meses lo proyecta hasta cerca de los 90.

Sin recursos legales conocidos que modifiquen sustancialmente su situación, su futuro es claro: morirá entre rejas.

La disociación que le permitió trabajar durante una década —“yo solo disolvía, no mataba”— se enfrenta ahora al silencio de una celda y a la memoria de 300 cuerpos que nunca tuvieron sepultura.

Las familias de las víctimas nunca recuperaron restos.

Santiago borró no solo cuerpos, sino la posibilidad del duelo.

Su condena, aunque tardía, representa justicia para muchos, pero no cierra las heridas.

Hoy, en el desierto de Coahuila, el Pozolero vive lo que hizo a otros: desaparecer lentamente, sin rastro de la vida que alguna vez tuvo.

Su caso sigue siendo uno de los más perturbadores de la historia criminal mexicana.

No por ser un capo, sino por ser el último eslabón que permitía al horror continuar sin evidencia.

A 17 años de su captura, Santiago Meza López ya no disuelve cuerpos.

Ahora es su propia existencia la que se disuelve día tras día en una prisión federal, sin esperanza de ver la libertad antes de que su cuerpo y su mente se rindan al paso implacable del tiempo.

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