¿Manipulación de pruebas en el caso Valeria Afanador? La denuncia explosiva del abogado que pone al colegio contra las cuerdas: “¿Protección o encubrimiento?”
El doloroso caso de Valeria Afanador no solo ha conmocionado a Cajicá y al país, sino que también ha destapado una serie de irregularidades que ponen en entredicho la actuación del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde la niña estudiaba.
Julián Quintana, abogado de la familia Afanador, ha denunciado públicamente graves omisiones y posibles manipulaciones que podrían haber obstaculizado la búsqueda y la justicia.
Desde el primer momento, la familia y su representación legal han señalado que el colegio intentó asumir un papel de víctima, cuando en realidad, según el abogado, tiene una responsabilidad directa en la tutela y cuidado de Valeria.
La evidencia más contundente son los videos de seguridad que muestran a la niña traspasando una cerca y perdiéndose de vista, sin que ningún adulto responsable la vigilara.
Quintana subraya que esta negligencia puede constituir un delito tipificado en el artículo 25 del Código Penal, que exige responsabilidad para quienes tienen bajo su cuidado un bien jurídico tan valioso como la vida de un menor.
En este sentido, la familia sostiene que lo ocurrido debe considerarse un homicidio derivado de la irresponsabilidad del colegio.
Uno de los puntos más críticos es el manejo de la información tras la desaparición.
El colegio informó a la familia de Valeria aproximadamente dos horas después de que la niña fue vista por última vez, y a las autoridades, cerca de tres horas después.
Esta demora, según el abogado, fue crucial y pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte.
El video de seguridad, fechado alrededor de las 9:50 a 10 de la mañana del 12 de agosto, muestra cómo Valeria logra traspasar una malla viva y una cerca metálica que presentaban huecos y protuberancias por donde pudo salir.
Quintana relata que tras la tragedia, el colegio intentó “parchar” la escena del crimen, rellenando esos huecos con cemento, piedras y barro, lo que configura una alteración de la evidencia.
Esta manipulación ha sido confirmada incluso por la rectora Sonia Ochoa, quien admitió que la escena fue alterada, lo que ha generado un llamado de atención por parte del CTI y la Fiscalía.
El abogado ha entregado fotografías y videos que prueban estas acciones al ente investigador, exigiendo que se tomen medidas para preservar la integridad de la investigación.
Además, Quintana denuncia que apenas unos días después de la tragedia, las clases continuaron en el colegio, y los niños siguieron jugando en lo que fue la escena del delito, una situación que él califica como “indolente” y una muestra de la falta de respeto hacia la memoria de Valeria y su familia.
El abogado también critica las fallas en la reacción inicial de las autoridades, que recibieron el aviso con horas de retraso, lo que dificultó la búsqueda inmediata y permitió la pérdida de evidencias valiosas.
Según él, la cadena de errores comenzó con la omisión del colegio y se extendió a las autoridades por la demora en la respuesta.
En medio de la investigación, surgió una polémica hipótesis sobre la posible participación de un tercero, un extrabajador que supuestamente tenía intenciones de dañar a la institución.
Sin embargo, Quintana desmiente que esta teoría haya sido planteada oficialmente por la Fiscalía y advierte que podría tratarse de una estrategia para desviar la atención o entorpecer la investigación.
La familia Afanador, representada por Quintana, exige que se investiguen a fondo dos líneas principales: la responsabilidad directa del colegio por su negligencia y la posible intervención de un tercero en el caso.
El objetivo es claro: llevar a los responsables ante la justicia y evitar que este crimen quede impune.
En cuanto al acompañamiento de la Fiscalía, el abogado reconoce la complejidad del caso y la necesidad de cumplir con los procedimientos legales, pero insiste en que la prioridad debía ser encontrar a Valeria cuanto antes.
Tras la confirmación de su muerte, la familia exige claridad y resultados concretos que les permitan entender qué pasó realmente.
Finalmente, el abogado comparte el profundo dolor que embarga a la familia, especialmente a los padres Manuel y Luisa Afanador, quienes mantienen una firme determinación: que los responsables paguen por este crimen.
“No puede quedar esto en la impunidad”, afirma Quintana, dejando claro que la lucha por justicia apenas comienza.
Este caso, que ha movilizado a todo Cajicá y conmovido a Colombia, revela no solo una tragedia humana, sino también las fallas y posibles encubrimientos que podrían haber contribuido a ella.
La denuncia de manipulación de pruebas y omisiones del colegio abre una nueva etapa en la investigación, que ahora debe esclarecer si hubo negligencia, encubrimiento o algo más oscuro detrás de la muerte de Valeria Afanador.
Mientras tanto, la sociedad observa con expectación y exige respuestas claras, justicia para Valeria y garantías para que ninguna otra familia tenga que vivir una pesadilla similar.
La verdad, aunque incómoda y dolorosa, debe salir a la luz.
Porque en este caso, como en muchos otros, la justicia no puede esperar ni ser manipulada.
