La reforma agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro avanza con la entrega masiva de tierras al campesinado, acercándose al millón de hectáreas mediante un proceso presentado como pacífico y sin precedentes.
La Agencia Nacional de Tierras denuncia el acaparamiento histórico de baldíos por parte de congresistas y élites políticas, lo que explicaría la resistencia institucional y los obstáculos en el Congreso.
En medio de aplausos, lágrimas y filas interminables de campesinos que esperan verlo de frente, el gobierno de Gustavo Petro avanza con una reforma agraria que ya es presentada como la más grande del mundo realizada por vías pacíficas.
La escena se repite en distintos rincones del país: hombres y mujeres del campo, muchos de ellos víctimas históricas del despojo, reciben títulos, predios y la promesa concreta de un futuro distinto.
“Nunca habíamos visto algo así”, dicen algunos, mientras estrechan documentos que por décadas parecieron imposibles.
Desde el Ejecutivo se afirma con contundencia que Colombia está a punto de alcanzar —y superar— la entrega de un millón de hectáreas al campesinado, una cifra que no tiene precedentes a nivel mundial sin recurrir a revoluciones violentas.
“Lo quiero decir con claridad: esta es una reforma pacífica, y no existe en el mundo una reforma agraria que haya entregado un millón de hectáreas al campesinado”, se escucha decir con énfasis en actos públicos.
El objetivo, repiten los funcionarios, no es solo entregar tierra, sino que esas hectáreas estén productivas, cultivadas y en manos de quienes históricamente las han trabajado.

El avance de la reforma ha destapado, al mismo tiempo, una realidad incómoda para la clase política tradicional.
La Agencia Nacional de Tierras ha denunciado un enorme proceso de acaparamiento de baldíos, tierras que pertenecen a la Nación y que habrían terminado en manos de congresistas y sus familias.
Según lo expuesto, al menos un 30 % de los congresistas estarían vinculados a este tipo de prácticas, una cifra que recuerda los años más oscuros de la parapolítica.
“Las mafias políticas y el paramilitarismo tuvieron un objetivo central: quitarle la tierra al campesinado”, se afirma desde el gobierno, conectando despojo, violencia y poder regional.
Uno de los casos más sonados es el de un predio de seis mil hectáreas declarado baldío de la Nación, cuya recuperación se convirtió en símbolo del nuevo rumbo agrario.
Desde el oficialismo se señala que este tipo de denuncias explican la resistencia que enfrenta la reforma en el Congreso, donde se siguen aplazando debates clave como la jurisdicción agraria.
“Más del 30 % de los congresistas están metidos en baldíos, ellos o sus familias”, denuncian, asegurando que existen decenas de recusaciones e impedimentos para evitar discutir el tema de fondo.

Las críticas de sectores de la oposición no han frenado el despliegue territorial de la Agencia Nacional de Tierras.
Al contrario, desde la entidad se defiende el aumento de presupuesto, personal y presencia regional.
“No son eventos, son asambleas campesinas, espacios formativos, organizativos y operativos”, responde uno de sus directivos ante cuestionamientos por gastos y viajes.
Hoy la Agencia cuenta con alrededor de 30 sedes, equipos en todas las capitales, presencia en regiones históricamente abandonadas como el Magdalena Medio y brigadas que llegan donde nunca antes había llegado la autoridad de tierras.
“Para llegar a los rincones más alejados hay que empantanarse, montar a caballo y hasta nadar”, dicen con ironía.
Los resultados comienzan a verse en el territorio.
En municipios como Sardinata se entregan fincas a asociaciones campesinas dedicadas a la yuca, la apicultura y proyectos de transformación productiva que benefician a más de 300 familias.
En el Tolima se realizan aprehensiones de más de 550 hectáreas en varios municipios, tierras que formaron parte de circuitos económicos del narcotráfico y que ahora pasan a manos campesinas e indígenas.
En el Caribe, en ciénagas y playones, la reforma avanza donde antes solo había abandono.
Los testimonios de los beneficiarios le ponen rostro humano al proceso.
“Desde puro niño mi papá me enseñó a cultivar, llevo más de 20 años en esto”, cuenta José Alfredo Jiménez, agricultor que hoy trabaja manzana y otros cultivos permanentes.
“Gracias a la Agencia de Tierras esto se volvió realidad.
Aquí no solo producimos alimentos, también ratificamos nuestro derecho a quedarnos, a soñar un futuro mejor para nuestros hijos”, afirma con orgullo.

En otras regiones, como el Magdalena Medio y Antioquia, los predios entregados ya están produciendo.
En un terreno conocido como El Huerto del Edén, entregado a una asociación de mujeres víctimas del conflicto y madres cabeza de hogar, hoy crecen miles de plantas de plátano, yuca, maíz, fríjol, cacao, coco, aguacate y mango.
“Hace siete meses recibimos la tierra y hoy ya estamos cultivando”, relatan con emoción.
En jornadas intensivas, equipos técnicos, jurídicos y agronómicos han levantado decenas de predios, realizando estudios y topografías para garantizar seguridad jurídica.
El impacto simbólico se siente con fuerza en lugares como San Andrés de Sotavento, donde largas filas de campesinos esperan la llegada del presidente para agradecerle.
“Si lo tuviera de frente lo abrazaría y le diría gracias”, dice una mujer entre la multitud.
“Nos dio la tierra para sembrar, para tener ingresos.
Eso no tiene precio”.
Para muchos, la reforma no es solo un programa estatal, sino una reparación histórica largamente esperada.
Desde el gobierno se insiste en que, por largo que sea cualquier balance, apenas se muestra una mínima parte de la cantidad de tierras entregadas.
Aun así, se reconoce que el camino no está libre de obstáculos: la falta de voluntad política en el Congreso y los intereses ligados al latifundio siguen siendo una amenaza.
“La jurisdicción agraria incomoda porque toca privilegios”, sostienen.
Mientras tanto, en el campo colombiano la reforma avanza entre actos de entrega, asambleas, cultivos que brotan y campesinos que vuelven a creer.
“Esto es histórico”, repiten una y otra vez.
Y en cada fila, en cada abrazo y en cada predio recuperado, el mensaje es el mismo: la tierra, por fin, empieza a volver a manos de quienes nunca debió abandonar.
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