Iván Cepeda solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación sobre la denominada “Operación Júpiter”, tras denuncias que señalan presuntas estrategias de influencia política y mediática en el contexto electoral colombiano

El debate político en Colombia se intensifica tras la solicitud del senador y candidato presidencial Iván Cepeda a la Fiscalía General de la Nación para investigar los hechos relacionados con lo que ha sido denominado “Operación Júpiter”, una presunta estrategia de influencia política y comunicacional revelada en contenidos periodísticos recientes.

La petición incluye la verificación de posibles delitos y la eventual judicialización de personas vinculadas a las denuncias.

En un pronunciamiento citado en medios digitales, Cepeda pidió formalmente a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón “que investigue los hechos relacionados con la operación o proyecto Júpiter revelados el pasado 19 de abril por el equipo investigador de la revista Raya”, agregando que se determine si “son hechos constitutivos de delitos y en caso afirmativo proceda a judicializar e informe inmediata a las y los presuntos responsables”.

Las denuncias giran en torno a una supuesta red de actores políticos, empresariales y mediáticos que habría articulado estrategias de comunicación y producción de contenidos en el contexto electoral.

Según lo difundido en estos materiales, el ex canciller Jaime Bermúdez habría presentado el llamado proyecto Júpiter en reuniones con empresarios del sector de la construcción en Cali, describiéndolo como una estrategia de comunicación política enfocada en generar percepciones sociales durante el periodo electoral.

En una de las grabaciones difundidas, se escucha a Bermúdez referirse a la estrategia con la frase: “El proyecto Júpiter casi es una copia avanzada de la estrategia”, mientras se describen dinámicas de talleres y contenidos dirigidos a empleados de grandes empresas.

También se menciona el uso de conceptos como “miedo, indignación e incertidumbre” como ejes de movilización de opinión.

Uno de los puntos más controvertidos del caso es la supuesta mención del medio La Silla Vacía dentro de este esquema.

En los contenidos divulgados se asegura que dicho medio habría sido señalado como actor relacionado con el proyecto, lo que fue rechazado por su dirección.

En declaraciones recogidas en entrevistas y comunicados, la directora Juanita León negó cualquier vínculo directo con dicha iniciativa y afirmó: “La Silla Vacía no tiene ninguna alianza con el proyecto Júpiter”.

Sin embargo, el propio entorno del debate ha evolucionado hacia una discusión más amplia sobre la relación entre medios de comunicación, contratos de producción de contenido y financiación de proyectos de análisis político.

Según lo expuesto en las denuncias, existirían contratos con organizaciones como ProBogotá para la elaboración de piezas audiovisuales y cursos de formación cívica, con valores que, según las versiones difundidas, ascenderían a más de 140 millones de pesos colombianos en distintos componentes de producción y difusión.

Entre los contenidos mencionados se encuentran producciones sobre crisis sectoriales en Colombia, como energía, salud, seguridad y economía.

Títulos como “Colombia ante el riesgo de un apagón nacional” o “La peor crisis del sistema de salud en décadas” han sido citados dentro del debate público como ejemplos de narrativas que, según algunos sectores, podrían influir en la percepción ciudadana en contexto electoral.

Desde la otra orilla, las entidades señaladas han rechazado cualquier relación con estrategias de manipulación política.

En un comunicado atribuido a La Silla Vacía, se afirmó que las investigaciones periodísticas cuestionadas “no constituyen una campaña de desprestigio”, y se defendió la independencia editorial del medio.

Asimismo, se explicó que los contratos mencionados corresponden a productos de divulgación y formación, sin finalidad proselitista.

En paralelo, el debate se ha extendido hacia la relación entre actores empresariales, centros de pensamiento y medios de comunicación.

ProBogotá ha sido mencionado como una de las entidades que articula proyectos de análisis urbano y económico con empresas del sector privado, lo que ha generado interrogantes sobre los límites entre la producción de información, la consultoría y la comunicación política.

Uno de los elementos más sensibles del caso es la discusión sobre el financiamiento de medios y su relación con grandes empresas.

En el material difundido se menciona incluso una relación comercial entre empresas vinculadas al entorno de algunos actores mediáticos y entidades estatales como Ecopetrol durante el periodo 2018-2021, con cifras que alcanzarían decenas de miles de millones de pesos en contratos de suministro industrial.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro reaccionó señalando que “los famosos contratos de Ecopetrol financian una red política y periodística de la extrema derecha”, afirmación que ha alimentado aún más la polarización en torno al caso.

La discusión ha escalado rápidamente en el ámbito público, donde se enfrentan dos narrativas: por un lado, quienes consideran que existe una estructura de influencia coordinada entre sectores empresariales y mediáticos; por otro, quienes advierten sobre la instrumentalización política de investigaciones periodísticas y contratos legítimos de producción de contenidos.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido aún una posición oficial sobre la apertura o no de una investigación formal relacionada con la llamada “Operación Júpiter”.

El caso continúa generando reacciones en redes sociales, medios de comunicación y sectores políticos, en un escenario marcado por la proximidad del ciclo electoral y el aumento de la confrontación discursiva en el país.

En medio de la controversia, las partes involucradas insisten en sus posiciones.

“No tenemos nada que ver con el proyecto Júpiter”, reiteró la dirección de La Silla Vacía, mientras los denunciantes sostienen que es necesario esclarecer si existe una estrategia estructurada de influencia en la opinión pública.

El debate permanece abierto y se convierte en uno de los puntos más sensibles del actual clima político colombiano, donde la relación entre poder, información y financiamiento vuelve a ocupar el centro de la discusión pública.