El caso por la muerte del cantante quedó cerrado y una revelación desató indignación en su entorno.

La resolución de la causa judicial destinada a esclarecer las responsabilidades penales en torno al fallecimiento del célebre cantautor argentino Sergio Denis ha concluido de la manera más dolorosa e imprevista para sus seres queridos.

A más de seis años del trágico incidente que sufrió el artista durante una presentación musical en la provincia de Tucumán, el expediente penal ha quedado formalmente clausurado, extinguiéndose de forma definitiva toda posibilidad legal de apelación en el territorio nacional.

Una revelación periodística detalló una cadena de omisiones y deficiencias procesales que impidieron a los derechohabientes del músico recurrir ante los tribunales federales, desatando una profunda ola de indignación, impotencia y desamparo institucional en el entorno más cercano del recordado intérprete.

El hecho que dio origen al prolongado proceso legal ocurrió la noche del 11 de marzo de 2019, en las instalaciones del histórico Teatro Mercedes Sosa, ubicado en la capital tucumana.

Mientras Sergio Denis interpretaba ante un auditorio colmado su clásico éxito musical titulado “Te llamo para despedirme”, el artista avanzó por una pasarela dispuesta en la estructura del escenario y cayó de manera abrupta en el foso destinado a la orquesta, un desnivel de varios metros de profundidad que carecía por completo de redes de contención, barandas protectoras o señalizaciones de peligro.

El dramático accidente, registrado en tiempo real mediante dispositivos móviles por los asistentes al espectáculo, provocó conmoción en la opinión pública nacional debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el vocalista, quien fue diagnosticado de urgencia en el Hospital Ángel C.

Padilla con un traumatismo encéfalocraneal severo, fracturas múltiples en la base del cráneo, lesiones óseas en la región clavicular y contusiones graves en el tórax.

A pesar de los esfuerzos médicos y de su posterior traslado a un centro de alta complejidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el compositor jamás logró recuperar sus funciones vitales básicas y falleció el 15 de mayo de 2020, tras permanecer catorce meses en estado de coma profundo.

La controversia actual en torno a la clausura del expediente judicial fue revelada por el periodista de investigación Pablo Layus durante el transcurso del programa de espectáculos Infama, espacio en el cual aportó precisiones documentales que tomaron por sorpresa a la propia familia de la víctima.

El núcleo del conflicto técnico radica en el vencimiento improrrogable de los plazos procesales indispensables para elevar la causa ante la Corte Suprema de la Nación.

El plan de acción diseñado por Bárbara Hoffmann, hija del cantante, junto al resto de los herederos, contemplaba el traslado del caso desde la jurisdicción de Tucumán hacia los tribunales nacionales, argumentando la existencia de fundadas sospechas de parcialidad y amparo político hacia los administradores del teatro público dependiente de la gobernación provincial.

Para viabilizar este recurso extraordinario, era imperativo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tratara y resolviera de manera favorable una apelación interpuesta por la querella familiar contra un fallo de primera instancia que había catalogado el luctuoso hecho bajo la figura de un simple accidente fortuito desprovisto de responsabilidades penales por negligencia o dolo eventual.

La cronología de los hechos judiciales demuestra que el máximo tribunal de la provincia norteña dictó una resolución de rechazo definitivo el 11 de diciembre del año pasado, denegando de forma unánime la posibilidad de mantener abierto el caso y ratificando el archivo de las actuaciones.

El cronograma procesal indica que, al día siguiente del dictamen, la secretaría del tribunal notificó formalmente la resolución denegatoria a los abogados matriculados en Tucumán que ostentaban la representación técnica de la querella familiar.

Sin embargo, debido a un quiebre absoluto en los canales de comunicación interna entre el equipo de letrados locales y los familiares directos de Sergio Denis establecidos en Buenos Aires, la notificación nunca fue reportada a los interesados, permitiendo que transcurriera en su totalidad el plazo perentorio de cinco días hábiles que estipula el código de rito para interponer el último recurso legal ante las instancias superiores de la Nación.

La familia del artista manifestó haber tomado conocimiento de la cancelación total de sus derechos procesales a través de las difusiones de los medios de comunicación y las consultas de los periodistas especializados en crónica judicial.

El silencio de su propio equipo de representantes locales impidió que los deudos ejercieran en tiempo y forma el derecho de apelación, consolidando la impunidad jurídica de los responsables de la seguridad y el mantenimiento edilicio del Teatro Mercedes Sosa.

Bajo el estado actual de las actuaciones, el fallecimiento de Sergio Denis quedó registrado para la jurisprudencia argentina bajo la consideración técnica de un hecho accidental imprevisible, eximiendo de culpas a los funcionarios y directivos de la institución cultural que autorizaron el desarrollo de un show público en un escenario que presentaba deficiencias de infraestructura evidentes.

Ante la consumación del perjuicio procesal en el fuero interno, los allegados y herederos de Sergio Denis confirmaron que iniciarán un periodo de evaluación técnica integral para analizar la viabilidad de recurrir ante tribunales y comisiones de carácter internacional, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este recurso extraordinario de última instancia se fundamentará en la presunta denegación de justicia y en la violación de las garantías del debido proceso por parte del Estado argentino, enfocándose en la falta de notificación oportuna de las resoluciones judiciales.

Mientras se definen los elementos de prueba y las estrategias de patrocinio internacional para revertir una situación marcada por la impotencia, el entorno del músico continúa expresando su malestar ante un sistema judicial que, según sus propias palabras, privó a una de las figuras más populares del cancionero nacional del derecho elemental a un esclarecimiento transparente de su muerte.