La gestión municipal de Clorinda, Formosa, enfrenta denuncias por un presunto sobreprecio de 60 millones de pesos aprobados exclusivamente para materiales en la construcción de cuatro canchas de fútbol-tenis básicas

La provincia de Formosa se encuentra nuevamente en el centro del debate político y judicial tras revelarse una serie de expedientes que exponen presuntas irregularidades y sobreprecios millonarios en la adjudicación de obras públicas de baja envergadura.

Los cuestionamientos apuntan directamente a la gestión de la intendencia de Clorinda, la segunda ciudad más importante de la provincia, administrada por el intendente Ariel Caniza, bajo el amparo político del gobernador Gildo Insfrán.

Las denuncias públicas, sustentadas en documentos oficiales de la propia municipalidad, han generado indignación debido al desvío de fondos estatales en proyectos deportivos menores, mientras la localidad fronteriza padece carencias infraestructurales críticas en sus servicios esenciales.

El epicentro del escándalo actual se focaliza en el expediente número 121 de 2025 de la Municipalidad de Clorinda, el cual detalla la presupuestación e inversión en materiales para la construcción de cuatro canchas de fútbol-tenis con dimensiones estándar de 4×8 metros.

Según consta en las planillas oficiales de contratación, el gobierno local aprobó una partida exclusiva para materiales de construcción que asciende a la suma de 60.050.000 pesos argentinos.

El dato que encendió las alarmas de los auditores y analistas económicos radica en que el proyecto ejecutivo no contemplaba la instalación de sistemas de iluminación artificial, enrejados perimetrales ni techado, tratándose de estructuras de cemento básicas cubiertas con césped sintético.

La controversia económica se profundiza al realizar comparativas de mercado a nivel regional e internacional, especialmente considerando la ubicación geoestratégica de Clorinda, una localidad que limita directamente con Asunción, la capital de la República del Paraguay.

Consultas con proveedores del sector de la construcción en el mercado paraguayo demuestran que los 128 metros cuadrados de césped sintético requeridos para cubrir la totalidad de las cuatro áreas de juego poseen un valor comercial promedio de 2,5 millones de pesos, una cifra que evidencia una brecha desproporcionada con respecto a los 60 millones de pesos abonados por la intendencia local.

Adicionalmente, el relevamiento de la obra constató que las labores de edificación y mano de obra fueron ejecutadas íntegramente por personal técnico y empleados dependientes de la propia municipalidad de Clorinda, desestimando la necesidad de contratación de servicios externos que justificaran semejante erogación financiera.

Esta denuncia se suma a un historial reciente de adjudicaciones bajo sospecha en la misma jurisdicción.

Semanas atrás, la administración municipal enfrentó duras críticas tras la construcción de dos monolitos de cemento en espacios públicos cuyo costo superó los 40 millones de pesos públicos.

Ante las acusaciones de malversación, las autoridades de la Secretaría de Gobierno de Clorinda, encabezadas por Marcelo Fernández, salieron en defensa de la gestión calificando los cuestionamientos como intentos de desestabilización política y argumentando que las estructuras de cemento correspondían conceptualmente a la inauguración de nuevas plazoletas urbanas.

Una estrategia discursiva similar se anticipa ante el caso de las canchas de fútbol-tenis, las cuales han comenzado a ser catalogadas por los voceros del oficialismo local como microestadios de cercanía comunitaria.

Los investigadores y opositores locales señalan la existencia de un entramado sistemático de contratación que favorece a un reducido grupo de proveedores.

Los pliegos de licitación pública emitidos por la gestión de Ariel Caniza muestran una coincidencia reiterada en la adjudicación de contratos de obras de infraestructura a la empresa constructora “Construir”, de propiedad del empresario Fernando Colconbet.

Según las denuncias presentadas ante los organismos de control, dicha firma comercial resulta ganadora de la gran mayoría de los procesos licitatorios de carácter multimillonario dentro del municipio, lo que ha motivado pedidos de informes legislativos para revisar los vínculos comerciales y de afinidad política entre el sector privado y los funcionarios de la administración de Clorinda.

El descontento de la ciudadanía y de los sectores técnicos radica en el fuerte contraste entre los fondos asignados a estas estructuras recreativas y la postergación de obras de infraestructura de primera necesidad.

Clorinda, a pesar de ser una de las pocas ciudades del mundo que colinda de manera directa con la capital de una nación soberana extranjera y de registrar un flujo comercial y migratorio incesante, carece en la actualidad de una terminal de ómnibus adecuada para el transporte terrestre de pasajeros, funcionando en su lugar un predio precario.

Asimismo, la localidad lidia de forma crónica con la existencia de un basural a cielo abierto que genera serios inconvenientes sanitarios y medioambientales, y no cuenta con conexiones aéreas ni aeródromos activos, bajo el argumento oficial de la escasez crónica de partidas presupuestarias provinciales y nacionales.

El trasfondo político de este modelo de gestión ha sido catalogado por sectores analíticos de la oposición como una réplica a menor escala del centralismo y la discrecionalidad económica que caracteriza a la gobernación de Gildo Insfrán en toda la provincia de Formosa.

Las críticas apuntan a que los elevados porcentajes electorales obtenidos por el oficialismo en los últimos comicios en Clorinda, donde la fórmula gubernamental se impuso con más del 83% de los votos, se sustentan en una dependencia del empleo público y en presuntas irregularidades transfronterizas asociadas al padrón electoral en zonas limítrofes.

Mientras la intendencia defiende la continuidad de sus planes de obras como herramientas de inclusión social, la acumulación de expedientes bajo sospecha de sobreprecios mantiene abierta una disputa que promete trasladarse a los estrados de la justicia penal ordinaria y federal.