La Municipalidad de Lima ejecutó un operativo de recuperación de 2,300 metros de espacio público en la Carretera Central para facilitar la ampliación de la vía y el descongestionamiento vehicular en el distrito de Ate

La madrugada en el distrito de Ate no fue una jornada ordinaria.

Desde las dos de la mañana, un despliegue masivo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respaldado por un contingente considerable de la Policía Nacional del Perú, transformó el paisaje cotidiano de la Carretera Central en un escenario de confrontación, escombros y reclamos sociales.

El objetivo institucional era claro: recuperar más de 2,300 metros cuadrados de espacio público para dar viabilidad a un proyecto de ampliación vial que promete aliviar el asfixiante congestionamiento vehicular de la zona.

Sin embargo, detrás de las máquinas excavadoras y los chalecos de fiscalización, se esconde una problemática jurídica y humana que enfrenta dos visiones opuestas sobre la legalidad del suelo urbano en la capital peruana.

El operativo, liderado por la gerencia de fiscalización bajo la gestión municipal actual, se justifica técnicamente en la necesidad de liberar dos carriles adicionales que permitan un doble sentido de circulación más fluido.

Según Mariela Falla, vocera y gerente de fiscalización de la comuna limeña, los ocupantes de estos predios se encontraban en una situación de “ocupación indebida” de la vía pública.

La funcionaria fue enfática al señalar que el uso prolongado de un espacio que pertenece a todos los ciudadanos no genera, bajo ninguna circunstancia, un derecho de propiedad automático.

Desde la perspectiva municipal, se cumplieron los protocolos de notificación previos, otorgando a los comerciantes y residentes las facilidades necesarias para retirar sus pertenencias de manera voluntaria.

De hecho, la municipalidad reportó que muchas familias colaboraron trasladando sus bienes hacia distritos como Puente Piedra y El Agustino, utilizando incluso camiones provistos por la propia institución para asegurar un desalojo pacífico y ordenado.

No obstante, el relato de los vecinos y comerciantes afectados ofrece una versión radicalmente distinta y cargada de indignación.

En el corazón del conflicto se encuentran familias que aseguran habitar la zona por más de 45 años, con raíces genealógicas que se remontan a casi un siglo de presencia en el lugar.

Para ellos, no se trata de una “invasión precaria”, sino de una propiedad privada legítima.

Los residentes afectados mostraron con vehemencia planos de zonificación, partidas registrales inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNAR) y títulos de propiedad que, según su defensa legal, invalidan cualquier intento de desalojo sumario.

Los ciudadanos denuncian lo que califican como un “delito de usurpación” y un claro “abuso de autoridad”, argumentando que la Municipalidad de Lima ha ignorado sistemáticamente los descargos presentados desde enero, mes en el que recibieron las primeras multas por supuesta construcción en vía pública.

La tensión entre la propiedad privada y el interés público es palpable en cada metro de la Carretera Central intervenida.

Los propietarios de los inmuebles de material noble, muchos de los cuales funcionaban como locales comerciales consolidados, cuestionan la coherencia de la propia administración pública.

Según los documentos exhibidos por los vecinos, el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) considera esa área específica como “zona comercial” y no como vía pública.

Esta contradicción administrativa sitúa a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad jurídica, donde una entidad del mismo municipio los reconoce como propietarios comerciales mientras otra envía maquinaria pesada para derribar sus fachadas bajo el argumento de la recuperación de espacios.

Además, los afectados denunciaron un periodo de “hostigamiento” previo al operativo, donde grupos de fiscalizadores ingresaban a los locales de manera intimidante, realizando mediciones constantes y lanzando advertencias de desalojo que minaron la estabilidad emocional de los inquilinos y dueños.

Más allá del conflicto legal, el impacto social inmediato del operativo se sintió con fuerza en la movilidad de miles de ciudadanos.

El cierre preventivo de la vía se extendió por más de un kilómetro, abarcando desde el Hospital de Emergencias Lima Este – Vitarte hasta la prolongación de la Avenida Javier Prado.

Esta interrupción convirtió a la Carretera Central en un corredor peatonal obligado para trabajadores, estudiantes y pacientes que se desplazan desde zonas periféricas como Chaclacayo, Chosica y Huarochirí.

La imagen de cientos de personas caminando bajo el sol de la mañana, cargando maletines y buscando rutas alternas inexistentes, puso de manifiesto el costo colateral de las obras de infraestructura urbana cuando no existe una planificación logística que mitigue el impacto en el transeúnte común.

Para muchos usuarios del transporte público, la mañana se convirtió en una odisea de largas caminatas y retrasos laborales, evidenciando que la “liberación” de la vía irónicamente comenzó con un bloqueo total de la misma.

El futuro de esta zona de Ate queda ahora en la incertidumbre.

Mientras la municipalidad proyecta una avenida moderna y fluida que beneficie a la colectividad metropolitana, los dueños de los predios demolidos anuncian batallas legales en el Poder Judicial para buscar reparaciones por lo que consideran un atropello a sus derechos fundamentales.

Este caso reabre el debate sobre cómo debe proceder el Estado ante la necesidad de expandir la infraestructura crítica: si mediante el diálogo y la expropiación justa basada en registros existentes, o mediante el uso de la fuerza administrativa bajo la premisa de la recuperación de espacios públicos.

Lo cierto es que, entre los escombros de la Carretera Central, queda una herida abierta en la relación entre el ciudadano y sus autoridades, donde la búsqueda del “bien común” ha chocado frontalmente con el derecho constitucional a la propiedad privada.

La resolución de este conflicto no solo determinará el ancho de una carretera, sino que sentará un precedente sobre la seguridad jurídica de miles de limeños que poseen títulos en zonas de expansión urbana.