El gobierno de Gustavo Petro enfrenta un proceso judicial mientras el presidente denuncia riesgos de fraude electoral relacionados con el software de escrutinio y exige acceso al código fuente para una auditoría independiente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una controversia judicial y política tras sus declaraciones sobre posibles riesgos en el sistema tecnológico utilizado para el preconteo y escrutinio de votos en las elecciones.

Las afirmaciones del mandatario, en las que alertó sobre eventuales problemas de transparencia en el software electoral, motivaron una acción judicial en la que se solicitó evaluar si sus declaraciones podrían afectar la confianza pública en el proceso democrático.

La discusión se desarrolla ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se analizan los argumentos presentados por distintos actores institucionales.

En el centro del debate se encuentra la pregunta de si las afirmaciones del presidente constituyen una advertencia legítima sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control electoral o si, por el contrario, generan dudas sobre la integridad del sistema electoral.

Durante la audiencia, el abogado del presidente, Alejandro Carranza, defendió la postura del mandatario y sostuvo que sus declaraciones se basan en antecedentes jurídicos y técnicos.

En su intervención explicó que el jefe de Estado no pretende deslegitimar el sistema electoral, sino insistir en el cumplimiento de decisiones judiciales previas.

“El señor presidente de la República no va a retirar ninguna de las afirmaciones que ha hecho ni va a renunciar a su derecho a alertar a la ciudadanía”, afirmó Carranza ante los magistrados.

El abogado argumentó que las advertencias del mandatario se apoyan en una sentencia emitida por el Consejo de Estado en 2018, que analizó irregularidades detectadas en el sistema electoral utilizado durante las elecciones legislativas de 2014.

En ese fallo, el alto tribunal declaró parcialmente nula la elección del Senado en varios casos y recomendó fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema electoral.

Según la defensa presidencial, esa decisión estableció la necesidad de que el Estado colombiano cuente con un software propio para el escrutinio de votos, independiente de operadores privados.

Carranza citó directamente el contenido del fallo para explicar la posición del gobierno.

“El tribunal ordenó adquirir un software de escrutinio desde y para el Estado con completa trazabilidad y personal idóneo estatal, sin dependencia de operadores privados”, señaló.

Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a la empresa que históricamente ha participado en procesos tecnológicos del sistema electoral colombiano, la compañía Thomas Greg & Sons.

El abogado sostuvo que la preocupación del presidente radica en que el sistema continúe dependiendo de plataformas tecnológicas administradas por terceros.

En ese contexto, Petro ha solicitado acceso al código fuente del software utilizado para el preconteo y escrutinio electoral, con el objetivo de permitir una revisión técnica independiente.

“Solicito al registrador del estado civil se me entregue copia del código fuente del software de preconteo y escrutinios durante tres semanas.

Haré la debida auditoría experta con los mejores del mundo en Colombia”, expresó el presidente en una declaración pública citada durante la audiencia.

Las afirmaciones del mandatario generaron la reacción de autoridades electorales y de control.

El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió el sistema vigente y sostuvo que la estructura electoral colombiana cuenta con múltiples mecanismos de verificación.

En declaraciones públicas mencionadas durante el proceso judicial, Penagos explicó que los posibles errores en el conteo inicial no implican necesariamente irregularidades o fraude electoral.

“Se cometerán errores, muchos. Se van a cometer errores, cientos, pero no delitos. Nunca”, afirmó el registrador al referirse al funcionamiento del sistema.

La defensa del presidente respondió que las advertencias sobre posibles riesgos no deben interpretarse como acusaciones directas de fraude, sino como una discusión sobre la necesidad de modernizar y auditar los sistemas tecnológicos utilizados en las elecciones.

Carranza también señaló que la participación electoral en los últimos comicios alcanzó niveles históricamente altos, lo que, según su interpretación, demostraría que las declaraciones del mandatario no afectaron la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.

“El nivel de participación fue del 51 %, la cifra más alta en más de treinta años”, sostuvo el abogado durante su intervención.

El debate judicial también involucra la participación de organismos de observación electoral, que han evaluado el funcionamiento del sistema tecnológico y han recomendado ampliar los tiempos de auditoría y verificación técnica antes de cada elección.

Según la defensa presidencial, dichas recomendaciones coinciden con el llamado del mandatario a fortalecer los mecanismos de transparencia en el proceso electoral.

En medio de la audiencia, Carranza resumió la posición del gobierno en una frase que marcó el tono del debate jurídico.

“El presidente no está haciendo política electoral. Está emitiendo alertas porque debe garantizar que la democracia tenga garantías para todos”, afirmó.

La discusión refleja las tensiones institucionales que atraviesa el sistema político colombiano en vísperas de futuros procesos electorales.

Mientras algunos sectores consideran que las advertencias presidenciales son necesarias para mejorar la transparencia del sistema, otros sostienen que dichas afirmaciones pueden generar dudas innecesarias sobre la integridad de las elecciones.

El tribunal deberá evaluar ahora si las declaraciones del presidente constituyen un ejercicio legítimo de libertad de expresión y control institucional o si, por el contrario, requieren algún tipo de limitación dentro del marco jurídico vigente.

Mientras tanto, el debate sobre el software electoral y la auditoría tecnológica del sistema continúa ocupando un lugar central en la agenda política del país.