Denuncian la existencia de 85.000 «votos fusil» bajo coacción criminal en las elecciones presidenciales de Colombia
El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella presentará ante el Consejo de Estado actas que registran el 100% de los sufragios para el candidato oficialista Iván Cepeda en zonas de fuerte control guerrillero
Las elecciones presidenciales en Colombia vuelven a quedar bajo la sombra de la sospecha.
El equipo jurídico de la campaña del presidente electo, el opositor Abelardo de la Espriella —quien logró la victoria en la segunda vuelta por un estrecho margen de 250.000 votos—, ha anunciado que presentará una demanda formal ante el Consejo de Estado para solicitar la anulación de miles de sufragios.
Según las investigaciones del equipo de juristas, se han detectado al menos 85.000 «votos fusil» en 610 mesas electorales, una modalidad de fraude en la que las organizaciones criminales imponen el sentido del voto bajo amenaza de muerte o sanciones económicas.
Las denuncias apuntan directamente a una asombrosa y estadísticamente inviable concentración de votos en favor del candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en los departamentos periféricos del país, zonas donde impera el control territorial de disidencias guerrilleras y bandas dedicadas al narcotráfico.
Los abogados de la campaña de De la Espriella han recopilado como soporte jurídico los Formularios E-14 (actas de escrutinio de mesa). Los documentos exhiben comportamientos electorales que los analistas tildan de «inviables en una democracia libre».
Entre los ejemplos documentados por la Unidad de Investigación del programa La Noche de NTN24 se encuentran:
Jambaló (Cauca): En la mesa 001, de 315 ciudadanos registrados en la urna, 314 votaron por Iván Cepeda.
Tumaco (Nariño): En el corregimiento de Santa Rosa (mesa 001), Cepeda obtuvo el 100% de los apoyos: 319 votos de 319 posibles. No se registró un solo voto en blanco, nulo o en favor de la oposición.
Mosquera (Nariño): En la mesa 002 de la localidad Jorge Eliécer Gaitán, el total de los 91 sufragios emitidos fue a parar de manera unánime al candidato oficialista.
El Código Penal de Colombia, en su artículo 387, tipifica el delito de constreñimiento al sufragante con penas que oscilan entre los 4 y los 9 años de prisión para quien presione o amenace a los ciudadanos para alterar su libre derecho al voto.
«No estamos afirmando que exista un pacto explícito entre un partido político y las guerrillas, pero es evidente que los grupos ilegales actuaron para beneficiar un proyecto que les garantiza la continuidad de los beneficios de la política de “Paz Total”», señaló Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política (ICP).
El ICP, en colaboración con la Fundación Colombia 2050, desplegó un contingente de más de 200 veedores en todo el territorio nacional. Los informes técnicos detallan que la coacción criminal no se limitó a la jornada electoral, sino que formó parte de una estrategia previa de control social:
Carnetización forzosa: Obligación de portar pases comunitarios expedidos por la guerrilla.
Evidencias digitales: Exigencia a los votantes de fotografiar el tarjetón marcado dentro del cubículo y presentarlo junto al certificado de votación.
Castigos punitivos: Imposición de multas millonarias o trabajos forzados (como el transporte de bultos de cemento) a quienes desobedecieran las consignas de los grupos armados.
El senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció además la quiebra de la equidad electoral previa a los comicios: «En departamentos como Nariño, que cuenta con 65 municipios, la oposición solo pudo realizar actos de proselitismo en 12 de ellos debido al veto armado».
Forero alertó también sobre un crecimiento anómalo de la participación del 21% en municipios rurales como Tumaco, frente a la media nacional del 5,7%.
El mapa de las anomalías electorales coincide milimétricamente con las alertas de riesgo extremo emitidas por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE).
Las regiones afectadas configuran corredores estratégicos para las economías ilegales: el litoral pacífico (Chocó, Cauca, Nariño), la Amazonía-Orinoquía (Vaupés, Vichada, Amazonas, Guainía), la región fronteriza del Catatumbo y el Putumayo.
Los resultados finales de la segunda vuelta confirman la hegemonía oficialista en estos bastiones bajo presión armada. Iván Cepeda barrió en el Chocó con el 81% de los apoyos, seguido de Putumayo (78,5%), Nariño (77%) y Cauca (75%).
El proceso entra ahora en una batalla institucional. Mientras finaliza el escrutinio oficial, los juristas preparan la ofensiva legal ante los altos tribunales, argumentando que miles de colombianos se vieron despojados de sus derechos fundamentales, votando no por convicción, sino con un fusil apuntando de manera invisible a sus conciencias.
