El Concejo de Bogotá declaró que la orden de suspensión emitida de forma unilateral por la representante Gloria Arizabaleta contra el presidente Gustavo Petro es una medida inconstitucional y una flagrante extralimitación de funciones que carece de validez jurídica

La polémica orden de suspensión provisional emitida de forma unilateral por la representante Gloria Arizabaleta, en su condición de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ha desatado una ola de indignación y rechazo institucional en la capital del país.

Desde el Concejo de Bogotá, cabildantes de diversas corrientes políticas se pronunciaron de manera enérgica para calificar la medida como apresurada, ilegal y abiertamente inconstitucional, advirtiendo que representa una peligrosa extralimitación de funciones por parte de la congresista.

Los concejales señalaron que la mencionada comisión legislativa cuenta actualmente con más de doscientas denuncias en curso contra el jefe de Estado —de las cuales al menos sesenta corresponden a presunta participación indebida en política—, lo que hace aún más sospechoso que una determinación de tal magnitud haya sido adoptada de manera individual, ignorando el debate obligatorio del pleno de la corporación y violando flagrantemente el debido proceso.

Para los miembros del cabildo distrital, la emisión de este controvertido auto a tan solo dos semanas de la crucial contienda de segunda vuelta presidencial no es una coincidencia jurídica, sino una calculada estrategia de interferencia democrática.

Los cabildantes denunciaron que la maniobra carece por completo de viabilidad procesal dentro del ordenamiento constitucional colombiano, puesto que la Comisión de Acusaciones carece de facultades sancionatorias directas para separar de su cargo al primer mandatario.

Conforme a las normas constitucionales vigentes, cualquier sanción o suspensión de un presidente de la República exige el estricto cumplimiento de un juicio político extenso y formal, el cual requiere obligatoriamente una votación aprobatoria en las plenarias tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de la República, siendo este último el único órgano competente para hacer efectiva una medida de tal naturaleza.

Mientras la crisis institucional copaba los debates en el Concejo, las autoridades del Distrito Capital concentraron sus esfuerzos en asuntos de gestión pública y seguridad que impactan directamente a la ciudadanía de la región metropolitana.

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó a los propietarios de vehículos que este viernes 12 de junio vence el plazo definitivo para acogerse a la modalidad de pago por cuotas del impuesto vehicular correspondiente al año fiscal en curso.

El trámite, diseñado como un alivio financiero para los contribuyentes, debe realizarse de manera completamente virtual a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) en la oficina digital de la entidad, estableciendo el vencimiento de la primera cuota para el próximo 3 de julio y la segunda para el 4 de septiembre, en el marco de una ambiciosa meta de recaudo para el sector automotor que busca mitigar las presiones presupuestales de la ciudad.

De forma paralela, la agenda de movilidad y seguridad de la capital reportó importantes avances operativos dirigidos tanto a la protección de las poblaciones vulnerables como a la dinamización del turismo internacional durante la temporada vacacional.

En el municipio vecino de Soacha, la Alcaldía y la Policía Nacional ofrecieron una recompensa de diez millones de pesos para dar con el paradero del hombre responsable de una brutal agresión física contra su hijastra de cuatro años en el municipio de Cibaté, un caso que generó profundo rechazo tras la difusión de evidencias fílmicas y que ya se encuentra bajo la estricta protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Asimismo, el sistema masivo TransMilenio fortaleció sus servicios de conectividad con el Aeropuerto Internacional El Dorado mediante la disposición de personal bilingüe y la optimización de la ruta dual M86 para orientar a los viajeros, consolidando una estrategia integral de servicio público en momentos en que la estabilidad institucional del país afronta severos cuestionamientos desde los escenarios legislativos.