El penalista Alejandro Carranza denunció que el exfiscal general Francisco Barbosa omitió investigar y encubrió un esquema de lavado de activos de más de 370.000 dólares que vincula al candidato presidencial Abelardo de la Espriella con el polémico empresario Alex Saab

A pocos días de las trascendentales elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, el panorama político colombiano se encuentra convulsionado tras revelarse un presunto y sofisticado entramado de lavado de activos de alcance transnacional que salpica de manera directa al candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella.

La polémica escaló a niveles institucionales luego de que el exfiscal general de la nación, Francisco Barbosa, saliera públicamente a blindar al aspirante presidencial, calificando de irrelevantes las graves denuncias financieras en su contra.

Este pronunciamiento desató una ola de indignación entre juristas, veedores ciudadanos y reconocidos líderes de opinión, quienes acusan al antiguo jefe del ente acusador de haber encubierto sistemáticamente actividades delictivas y de actuar como un brazo político para garantizar la impunidad de las élites tradicionales del país.

El eje central de la controversia jurídica y política radica en una rigurosa investigación que sacó a la luz pública la existencia de tres transferencias bancarias por un valor superior a los 370.000 dólares que beneficiaron directamente a De la Espriella.

Según los expedientes de un caso civil cerrado en una corte federal de Miami, estos fondos provienen de las empresas Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, firmas fachadas que el cuestionado empresario Alex Saab utilizó para saquear millones de dólares del erario venezolano a través de la venta de alimentos en mal estado para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y fraudes en proyectos de vivienda social.

Los documentos judiciales, que ya están en manos de las agencias federales estadounidenses, contienen una carta firmada por el propio candidato presidencial junto con una anotación manuscrita donde se detalla el desvío de 100.000 dólares para el pago y mantenimiento de un lujoso apartamento en el exclusivo edificio Bristol de Miami, un inmueble que posteriormente pasó a manos de otras figuras aliadas a su entorno ideológico.

La gravedad del asunto radica en la presunta configuración del delito de blanqueo de capitales mediante una técnica conocida en el sistema bancario internacional como estructuración o pitufeo.

El abogado penalista Alejandro Carranza explicó detalladamente que las transferencias se realizaron por montos específicos de 199.950 dólares, 99.950 dólares y 4.950 dólares; cifras estratégicamente calculadas para quedar apenas 50 dólares por debajo de los límites numéricos redondos que obligan a las instituciones financieras a reportar automáticamente las transacciones sospechosas al gobierno de los Estados Unidos.

Esta maniobra tenía como objetivo engañar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, entidad que había sancionado formalmente a Saab el 25 de julio de 2019.

Al haber prestado supuestos servicios de asesoría fiscal e introducir estos fondos ilícitos al circuito norteamericano a través del banco Wells Fargo mediante giros triangulados desde Hong Kong, Antigua y Barbuda, el candidato de la derecha habría violado de forma flagrante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y las regulaciones federales vigentes.

Frente a la contundencia de las pruebas físicas, los correos electrónicos cruzados y el precedente judicial del profesor Bruce Bagley, quien fue condenado a prisión en Estados Unidos por recibir transacciones idénticas bajo el mismo esquema de Saab, la reacción de Francisco Barbosa encendió las alarmas sobre la complicidad institucional en Colombia.

El exfiscal general utilizó sus redes sociales oficiales para desestimar la investigación, asegurando de forma cínica que estas revelaciones de última hora no detendrán lo inevitable y llamando abiertamente a votar en segunda vuelta contra los sectores progresistas liderados por Iván Cepeda.

Esta postura provocó la inmediata reacción de la opinión pública y de periodistas de la talla de Cecilia Orozco y Ana Cristina Restrepo, quienes recordaron que durante el periodo de Barbosa al frente de la Fiscalía General de la Nación reinó una absoluta inacción frente a expedientes de gran envergadura como los de Memo Fantasma y el Ñeñe Hernández, demostrando que el ente investigador operó bajo una selectividad judicial diseñada para proteger a los financiadores y aliados de la extrema derecha.

El debate legal en Colombia también se enfoca en el artículo 323 del Código Penal, el cual estipula de manera taxativa que el lavado de activos es un delito autónomo y no requiere de una sentencia condenatoria previa por los delitos subyacentes de corrupción o contrabando para que la Fiscalía inicie un proceso penal formal.

Diversos juristas independientes argumentan que la nueva administración de la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación histórica de abrir una investigación de oficio contra Barbosa por la presunta omisión de sus deberes constitucionales al no haber indagado los nexos financieros de De la Espriella en su momento ni haber colaborado con las agencias estadounidenses.

Mientras los sectores del movimiento Salvación Nacional intentan desviar la atención acusando al actual gobierno de persecución política, la ciudadanía se moviliza de cara a la jornada del domingo con la firme convicción de defender la transparencia democrática frente a los candidatos que, paradójicamente, edificaron sus fortunas y sus plataformas electorales sobre los dineros del saqueo internacional.