Miles de productores arroceros peruanos acatan el segundo día de un paro nacional indefinido mediante el bloqueo de vías estratégicas en Arequipa, Piura y Pucallpa para exigir la declaratoria de emergencia del sector ante el alza de fertilizantes

El sector agrícola en el Perú atraviesa una de sus crisis más agudas de los últimos tiempos, lo que ha llevado a miles de productores arroceros a acatar el segundo día de un paro nacional indefinido que mantiene en vilo a varias regiones del país.

Las principales demandas de los manifestantes apuntan directamente al Gobierno central, exigiendo soluciones urgentes ante el incremento desmesurado de los costos de producción, la alarmante alza en el precio de los fertilizantes indispensables para sus cultivos y el bajo valor que reciben por sus cosechas en el mercado mayorista, una situación que arrastran desde hace varios meses sin obtener respuestas concretas.

La movilización ha cobrado una fuerza descomunal en el sur del país, específicamente en la región de Arequipa, donde los agricultores procedentes de los valles de Majes, Corire, Ocoña y Quilca decidieron marchar masivamente por las calles principales de la provincia de Camaná.

En un acto cargado de indignación y simbolismo, los manifestantes arrojaron sacos llenos de arroz sobre la cinta asfáltica de la Vía Panamericana Sur, una de las arterias viales más importantes de la nación.

Posteriormente, procedieron al bloqueo del puente Camaná durante varias horas consecutivas, una medida de fuerza drástica que provocó la paralización total del tránsito y generó kilométricas filas de camiones de carga pesada, autobuses interprovinciales y vehículos particulares que quedaron completamente varados en la carretera.

En el norte, la situación no es menos compleja; en la región de Piura, el paro agrario se radicalizó de manera inmediata mediante el bloqueo total de los accesos estratégicos hacia los distritos de Catacaos, La Arena y Sechura.

Para impedir el paso de cualquier tipo de transporte, los huelguistas utilizaron ramas gruesas y pesados troncos de algarrobo secos sobre las vías.

Los portavoces de las asociaciones agrarias piuranas argumentaron con profunda preocupación que el pago actual que reciben por el saco de arroz ni siquiera les permite recuperar los gastos básicos de inversión, tales como la mano de obra, el alquiler de maquinaria y las semillas.

Detallaron que mientras un saco de urea se cotiza en 150 soles y el sulfato ronda los 90 soles, el mantenimiento adecuado de unas cuantas hectáreas de cultivo requiere un capital líquido imposible de costear para un pequeño productor sin financiamiento estatal.

Por su parte, en Chiclayo, miles de productores marcharon pacífica pero firmemente hacia la sede del Gobierno Regional de Lambayeque con el objetivo de exigir la implementación de aranceles y un control estricto sobre las importaciones de arroz extranjero, las cuales consideran una competencia desleal que sepulta la producción nacional.

Asimismo, denunciaron la existencia de mafias de intermediarios y molineros que se están favoreciendo desproporcionadamente a costa del esfuerzo del campesinado peruano.

Los dirigentes chiclayanos explicaron que en el proceso de afilado les pretenden comprar el saco de arroz a precios irrisorios que oscilan entre los 104 y 110 soles, una cifra indignante si se contrasta con el precio final que paga el consumidor en los mercados minoristas, donde el producto básico de la canasta familiar no baja de los 170 u 180 soles.

La Amazonía peruana también se sumó a las medidas de lucha; en Pucallpa, los comités de arroceros acataron una huelga indefinida que paralizó diversos tramos de la carretera Federico Basadre, la principal vía de comunicación que conecta la selva central con el resto del territorio nacional.

Ante el riesgo inminente de un desabastecimiento total y el incremento de la tensión social en la zona, representantes de la Fiscalía de la Nación acompañados por contingentes policiales se trasladaron hasta los puntos de bloqueo para entablar un diálogo con los dirigentes.

Las autoridades exhortaron formalmente a los manifestantes a liberar la vía pública, recordándoles que el resto de los ciudadanos posee el derecho constitucional al libre tránsito y que bloquear carreteras constituye un delito.

Sin embargo, los agricultores respondieron que el derecho a la subsistencia de sus familias está en juego y que han sido ignorados sistemáticamente por las autoridades políticas.

Las delegaciones agrarias de todo el territorio peruano han advertido de manera unánime que no darán el brazo a torcer ni levantarán las trancas de las autopistas hasta que se instale una mesa de diálogo vinculante presidida por los ministros de Estado.

Entre las exigencias innegociables contempladas en su plataforma de lucha se encuentra la declaratoria inmediata del sector agrario en estado de emergencia, la entrega de subsidios directos para la compra de fertilizantes químicos y la fijación de un precio refugio mínimo de 80 soles por saco de arroz que les garantice una rentabilidad justa y digna para continuar alimentando a la población nacional.