El excongresista Miguel Torres califica de «granito de arena» las acciones coordinadas entre Fuerza Popular, la Fiscalía y sectores de la prensa para forzar la salida del expresidente, encendiendo las alarmas por presunta «sedición».

La siempre convulsa escena política peruana ha sumado un nuevo capítulo de alta tensión tras las polémicas declaraciones de Miguel «Mickey» Torres, uno de los principales portavoces de Fuerza Popular (el partido liderado por Keiko Fujimori).

En una reciente entrevista concedida al canal digital Nativa, Torres se atribuyó abiertamente el éxito de la estrategia política y mediática que culminó con la destitución del expresidente Pedro Castillo, calificando el proceso como una «gesta de contención» coordinada desde múltiples frentes del Estado y la sociedad civil.

«Sacar al señor Castillo no fue sencillo», afirmó Torres durante la emisión, desestimando la narrativa de que el exmandatario cayó exclusivamente por su propio peso tras el fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022.

«Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. O sea, fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya», añadió el dirigente fujimorista, atribuyendo al propio Castillo apenas un «granito de arena» en su propio desenlace.

Las reacciones a estas declaraciones no se han hecho esperar.

Diversos analistas jurídicos y políticos han manifestado su profunda preocupación por los términos empleados por Torres, al sugerir una aparente concertación entre partidos políticos y órganos de justicia —cuya naturaleza constitucional exige estricta neutralidad— para deponer a un jefe de Estado.

La conocida abogada y periodista Rosa María Palacios fue una de las voces más críticas al respecto, señalando que la confesión de Torres cruza la línea de la legalidad constitucional.

«Cuando la gente conspira para sacar a un presidente del poder, en mi pueblo eso se llama sedición», advirtió Palacios en su programa de análisis, recordando que el Código Penal peruano tipifica con severidad el pacto clandestino para alterar el orden democrático.

«Yo puedo pedir adelanto de elecciones con reforma constitucional, obviamente, pero no puedo decir que estoy conspirando para sacarlo hasta que lo logramos», sentenció.

Este cruce de acusaciones se produce en un contexto de extrema polarización, con el país inmerso en un clima de campaña de cara a la segunda vuelta electoral.

El debate sobre el legado de Pedro Castillo —quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo— y la legitimidad de la actual presidencia de Dina Boluarte sigue dividiendo profundamente al electorado.

Mientras que los sectores afines a la izquierda y al entorno del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) instrumentalizan estas revelaciones para exigir la liberación de Castillo y denunciar un «abuso de poder» del Estado, las bases de la población en regiones tradicionalmente opositoras como Cajamarca muestran un rechazo visceral al fujimorismo.

La confesión de Fuerza Popular, lejos de cerrar las heridas del pasado reciente, ha reactivado el fantasma de la instrumentalización de las instituciones públicas en el Perú, un país que ha visto desfilar a cuatro presidentes en los últimos cinco años y cuya estabilidad democrática continúa bajo mínimos.