El presidente Gustavo Petro desmanteló la narrativa de la oposición al revelar que el gobierno de Daniel Noboa retiró los aranceles del 100% por un ultimátum del Fondo Monetario Internacional que ponía en riesgo un crédito de 5.000 millones de dólares y no por la gestión de Abelardo de la Espriella

A solo horas de que los ciudadanos colombianos acudan a las urnas para definir el rumbo de la jefatura de Estado en la primera vuelta presidencial, la narrativa de la campaña electoral dio un giro drástico de ciento ochenta grados.

El presidente de la República, Gustavo Petro, desmanteló de forma categórica lo que calificó como una burda puesta en escena de marketing político orquestada entre el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y el candidato presidencial de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella.

La controversia estalló con fuerza en las redes sociales luego de que el congresista opositor Miguel Polo Polo, estrecho aliado de De la Espriella, intentara posicionar al polémico abogado como el “salvador” de los empresarios fronterizos por haber logrado, supuestamente mediante una gestión privada de pocas horas, que el Palacio de Carondelet eliminara la tasa de seguridad y los aranceles del 100% que asfixiaban el intercambio comercial bilateral.

La contundente respuesta del Ejecutivo colombiano, respaldada por datos oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sacó a la luz una realidad geopolítica y financiera estrictamente institucional que desmiente los supuestos méritos diplomáticos de la oposición.

En primer lugar, se reveló que el gobierno de Daniel Noboa se vio forzado a desmontar las medidas arancelarias debido a un ultimátum emitido por el Fondo Monetario Internacional.

El organismo multilateral advirtió formalmente a Quito que el mantenimiento de tensiones comerciales artificiales con Colombia y la inestabilidad jurídica derivada de estas decisiones unilaterales ponían en riesgo inminente el desembolso de un programa de asistencia crediticia clave por un valor de 5.000 millones de dólares.

Ante la posibilidad de asfixiar las ya golpeadas arcas fiscales ecuatorianas, el gobierno de Noboa optó por acatar las directrices del capital internacional, desinflado el discurso proteccionista que utilizó durante meses.

A esta presión macroeconómica se sumó el blindaje legal del derecho internacional andino.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya había emitido un dictamen vinculante en el que declaraba la ilegalidad de los aranceles ecuatorianos, otorgando un plazo perentorio que vencía a finales de mayo para el retiro inmediato de cualquier gravamen que violara el Acuerdo de Cartagena.

El gobierno de Colombia había radicado demandas formales demostrando que las acciones de Ecuador constituían una agresión económica unilateral que destruía encadenamientos productivos históricos.

Al haberse agotado los recursos jurídicos de apelación dentro del bloque regional, Ecuador se enfrentaba a severas sanciones comerciales colectivas, lo que obligaba legalmente a Noboa a firmar el decreto de exención, independientemente de cualquier reunión privada con candidatos presidenciales extranjeros.

Petro aprovechó la coyuntura para propinar una dura humillación política a Miguel Polo Polo, recordándole con ironía su reciente derrota electoral en los comicios legislativos para las circunscripciones especiales afrodescendientes, donde las curules fueron ganadas por líderes comunitarios alternativos como Óscar Benavides, dejando al polémico congresista rezagado en las votaciones.

El jefe de Estado colombiano denunció la existencia de un entramado de interferencia ilegal extranjera en el proceso electoral local, vinculando directamente las visitas previas del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del congresista estadounidense Bernardo Moreno a territorio ecuatoriano con el posterior endurecimiento de la frontera.

Para el sector gubernamental, la estrategia consistía en crear una crisis económica artificial mediante la imposición de aranceles para luego, convenientemente a horas de la votación, escenificar un acuerdo de salvación que impulsara la candidatura de De la Espriella frente al favoritismo del sector progresista liderado por Iván Cepeda.

La crisis comercial provocada por este diseño político dejó pérdidas incalculables en el aparato productivo de Colombia, destacando una contracción histórica del 60,2% en las exportaciones del departamento de Antioquia hacia Ecuador en el primer trimestre de 2026, además de paralizar el dinamismo logístico en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca.

Exdiplomáticos y analistas regionales calificaron las maniobras de la oposición como una presunta traición a la patria y una vulneración flagrante a la soberanía nacional al permitir que un mandatario extranjero instrumentalice la economía de las regiones fronterizas para incidir en el voto popular.

En contraste con la postura de la derecha, el presidente Petro ratificó que Colombia mantendrá su política de hermandad con el pueblo ecuatoriano, asegurando que si el país cuenta con excedentes de energía, continuará prestando apoyo al suministro eléctrico del vecino país para mitigar sus severos apagones estructurales, separando la solidaridad entre naciones de las diferencias ideológicas con los gobernantes de turno.

Voces internacionales de peso también se sumaron al rechazo de lo que consideraron un espectáculo mediático de última hora.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa respaldó los señalamientos del gobierno colombiano al describir la actual administración de su país como un modelo fallido, caracterizado por una profunda crisis migratoria, desabastecimiento de medicinas, inseguridad desbordada y una alarmante destrucción del tejido empresarial.

Críticos de la campaña de De la Espriella lamentaron que se intente importar a Colombia un modelo político que ha convertido a la frontera andina en una zona vulnerable al accionar de las economías ilegales y las mafias transnacionales.

Con el desmonte definitivo de la narrativa arancelaria por parte de la Cancillería y las autoridades de comercio, el electorado colombiano entra a la jornada de votación con un panorama mucho más claro sobre las dinámicas internacionales que intentaron presionar las urnas, cerrando una de las semanas más intensas y polarizadas de la historia política reciente del país.