El presidente Gustavo Petro lideró una masiva movilización de más de 25.000 personas en Sincelejo, Sucre, a solo diez semanas de finalizar su mandato presidencial

A escasas diez semanas de culminar el primer mandato progresista en la historia de Colombia, la recta final del gobierno de Gustavo Petro no transcurre en la quietud de los despachos de la Casa de Nariño, sino en las plazas públicas, donde el mandatario ha decidido confrontar directamente las narrativas de la oposición.

La reciente gira presidencial por los departamentos de la región Caribe ha encendido las alarmas en los sectores políticos tradicionales y en los principales medios de comunicación, desatando un áspero debate sobre los límites legales de la participación en política de los funcionarios públicos y la movilización social en pleno año electoral.

El epicentro de esta nueva tormenta política tuvo lugar en Sincelejo, Sucre, donde una multitudinaria concentración de más de 25.

000 personas no solo evidenció el respaldo popular que aún retiene el jefe de Estado, sino que detonó un fuerte enfrentamiento verbal en vivo entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el reconocido periodista Néstor Morales de la cadena Blu Radio.

La controversia se originó tras el periplo del presidente Petro por localidades como Santa Marta, Ciénaga, Montería y Sincelejo, donde el mandatario defendió los logros de su gestión, haciendo especial énfasis en la entrega de tierras, la reducción de los índices de pobreza monetaria y la ampliación de programas de subsidios económicos como Colombia Mayor, que beneficia a miles de adultos mayores en Sucre.

Sin embargo, fueron las veladas alusiones del mandatario en sus discursos, catalogando las opciones de las próximas elecciones presidenciales como una disyuntiva entre “el candidato de la vida” —en referencia implícita al aspirante oficialista Iván Cepeda— y “el candidato de la muerte” —asociado por analistas al opositor Abelardo de la Espriella—, lo que provocó la indignación de la prensa tradicional, que acusó inmediatamente al Ejecutivo de romper los principios constitucionales de neutralidad e imparcialidad electoral.

El clímax de la tensión se vivió durante una entrevista radial en la que Néstor Morales cuestionó abiertamente al ministro Benedetti sobre el uso de recursos del Estado para financiar la logística de estos eventos masivos, sugiriendo incluso el traslado de asistentes en más de un centenar de autobuses de manera irregular.

La respuesta del funcionario fue categórica y frontal, descalificando las acusaciones del periodista al aclarar que las concentraciones correspondían a actos oficiales legítimos de la Presidencia de la República, tales como la entrega de créditos e incentivos del Banco Agrario y del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y no a mitines de campaña partidista.

Benedetti defendió con vehemencia el derecho del presidente a expresar sus posturas ideológicas y a debatir sobre los modelos políticos de izquierda y derecha, argumentando que la ley colombiana tipifica la participación indebida en política únicamente cuando se condiciona el presupuesto nacional o la contratación pública a favor de un candidato, una línea roja que el Gobierno asegura no haber cruzado.

El intercambio subió de tono cuando Morales equiparó el rol del Gobierno al de un “árbitro” sesgado que se coloca la camiseta de uno de los equipos en contienda.

Ante esto, el jefe de la cartera política rebatió con dureza la analogía, señalando que el verdadero árbitro del proceso es la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, mientras que el Ejecutivo solo funge como garante de la seguridad física y del orden público durante los comicios.

La discusión rozó incluso la ironía literaria y cinematográfica cuando el periodista cuestionó el uso recurrente que hace el presidente Petro del concepto del “gatopardo” para fustigar a los sectores políticos tradicionales, en un intento por deslegitimar los discursos oficiales que, según los defensores del mandatario, solo buscan visibilizar a las poblaciones históricamente excluidas por las administraciones anteriores.

Este fenómeno de movilización popular a las puertas del relevo presidencial ha sido bautizado por las bases de izquierda como la “petrotusa”, un sentimiento de nostalgia anticipada entre los simpatizantes del Pacto Histórico que ven con preocupación la salida de Petro del poder, pero que a la vez se transforma en un combustible electoral para dinamizar la candidatura de Iván Cepeda.

Mientras que la oposición y los medios masivos interpretan la presencia constante del jefe de Estado en las calles como un desafío cínico a las leyes de garantías y un intento de constreñimiento al elector, los sectores alternativos e independientes defienden las plazas llenas como una muestra genuina de afecto y agradecimiento popular inédita en la historia reciente de los mandatarios salientes de Colombia.

A tan solo cincuenta días de que se defina el rumbo de la Casa de Nariño, la polarización no cede y la voz de Gustavo Petro demuestra que, lejos de ser un actor irrelevante en el ocaso de su mandato, sigue siendo el eje central alrededor del cual gravita toda la política nacional.