Una grave red de desvío de recursos e ilegalidades inmobiliarias en el Fuerte Militar de Tolemaida ha puesto al descubierto un entramado de apropiación de tierras estatales por parte de altos mandos de las fuerzas armadas colombianas

El escenario político de Colombia se enfrenta a una tormenta institucional sin precedentes tras revelarse una compleja red de corrupción en el seno de las fuerzas militares y un presunto plan de desprestigio diseñado para afectar la campaña presidencial del candidato progresista Iván Cepeda.

Las denuncias, respaldadas por declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y reportes de medios de comunicación como Noticias Uno y Noticias Caracol, han puesto al descubierto prácticas sistemáticas de apropiación ilegal de tierras nacionales y maniobras de desinformación electoral que buscan alterar de manera drástica el rumbo de los próximos comicios.

El primer eje de este escándalo radica en una alarmante operación de desinformación que involucra a la inteligencia militar.

Recientemente, se difundieron de manera masiva en diversos medios y redes sociales una serie de audios falsamente atribuidos a un comandante de las disidencias de las FARC, identificado como alias Calarcá, en los que supuestamente manifestaba su apoyo político a la candidatura de Iván Cepeda.

No obstante, una rigurosa investigación interna coordinada por el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) desmanteló rápidamente esta versión.

Las autoridades confirmaron que las grabaciones no pertenecían a ningún grupo armado, sino que correspondían a Jefferson Antonio Ordóñez Rivera, un delincuente recluido en el Complejo Penitenciario Picaleña de Ibagué que realizaba llamadas extorsivas desde el patio 10.

Según las denuncias del Ejecutivo, sectores de la inteligencia militar habrían filtrado de forma deliberada estos audios a la prensa, manipulando el contexto con el objetivo de asociar al progresismo con estructuras criminales y socavar el capital político de Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto con un 41,1% frente a contendientes de derecha como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Ante la gravedad del hecho, el presidente Petro ordenó la destitución inmediata de cualquier oficial activo que participe en actividades de proselitismo o guerra sucia.

Paralelamente, la crisis se profundiza con la revelación de un gigantesco entramado de corrupción inmobiliaria y despojo de tierras fiscales dentro del propio sector defensa, una práctica que data históricamente desde la fundación del Fuerte Militar de Tolemaida en 1954 pero que había permanecido protegida por un pacto de silencio.

El ministro de Defensa denunció formalmente que una red criminal compuesta por particulares, militares retirados, altos mandos de la reserva activa y funcionarios de notarías y alcaldías de Nilo (Cundinamarca) y Melgar (Tolima) ha alterado documentos públicos para apropiarse de más de 700 hectáreas de terrenos estratégicos pertenecientes a la nación.

En estos predios, custodiados originalmente por el Ejército, se ha documentado la edificación de lujosas mansiones vacacionales y el desarrollo de complejos inmobiliarios privados utilizando, en ocasiones, recursos materiales de los batallones y mano de obra de soldados en servicio.

Investigaciones lideradas por la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa han identificado cerca de 14.000 cédulas catastrales irregulares en zonas de reserva militar que comprometen la seguridad nacional.

Figuras de la reserva y analistas señalan directamente a excomandantes del Ejército como presuntos beneficiarios de este saqueo institucionalizado.

Este panorama de impunidad y enriquecimiento ilícito ha provocado la reacción de organizaciones civiles y de las madres de las víctimas de ejecuciones extraoficiales (falsos positivos), quienes exigen que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) rastree de manera exhaustiva el patrimonio de los generales vinculados al Ministerio de Defensa en las últimas décadas.

La confrontación política se agudiza ante la sospecha de que sectores militares tradicionales intentan sabotear el proceso democrático y frenar las investigaciones estructurales mediante alianzas con la oposición.

Mientras la opinión pública asiste al progresivo derrumbe de estas estructuras de poder, el Gobierno nacional ha ratificado la creación de un equipo jurídico de alta competencia para recuperar los activos del Estado y garantizar la transparencia del debate electoral frente a las presiones de las mafias internas y sus ramificaciones internacionales.