El candidato presidencial Abelardo de la Espriella encendió las alarmas institucionales tras lanzar un vehemente llamado a las fuerzas armadas para recordar su juramento constitucional frente al Gobierno, un acto interpretado por el progresismo como una incitación a un quiebre democrático

**BOGOTÁ.** El ambiente político en Colombia ha alcanzado niveles de hostilidad sin precedentes tras consolidarse los resultados de la primera vuelta presidencial, abriendo un complejo e incierto camino hacia el balotaje definitivo.

La controversia principal de las últimas horas gira en torno a las alarmantes declaraciones del candidato de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, quien emitió un enérgico mensaje dirigido directamente a los estamentos militares del país.

En su pronunciamiento, el aspirante opositor instó a las fuerzas armadas a recordar su juramento constitucional frente a lo que denominó las pretensiones de un par de dementes, en clara alusión al presidente Gustavo Petro y al candidato oficialista Iván Cepeda.

Este llamado encendió de inmediato el debate público, dado que diversos sectores políticos y ciudadanos interpretaron la exhortación como una peligrosa incitación a un quiebre institucional o un golpe de Estado en caso de que la derecha no consiga la victoria en las urnas durante la segunda vuelta electoral.

A pesar de la gravedad que reviste un emplazamiento de esta naturaleza hacia los cuerpos castrenses, amplios sectores del progresismo han denunciado el silencio y la supuesta complacencia de los principales medios de comunicación tradicionales del país.

Según los líderes de la campaña oficialista, la gran prensa ha enfocado sus esfuerzos exclusivamente en cuestionar y debilitar la candidatura de Iván Cepeda, mientras omite debatir sobre los discursos incendiarios y las propuestas radicales de De la Espriella, quien en sus alocuciones públicas ha mantenido una retórica de confrontación total basada en la promesa de destripar y deshumanizar a las vertientes de izquierda.

Los estrategas gubernamentales sostienen que esta agresividad responde a un profundo estado de desespero en el bloque opositor, el cual vio frustrada su estrategia inicial de aglutinar el voto moderado en torno a la figura de Paloma Valencia, obligando a una concentración prematura de toda la derecha radical que ahora carece de un margen real de maniobra para conquistar a los sectores independientes y centristas representados por votantes de Sergio Fajardo, Claudia López o Juan Daniel Oviedo.

La tensión entre ambas facciones se trasladó también al terreno de los debates de cara al tramo final de la contienda.

La dirección de la revista Semana, señalada por el oficialismo como una plataforma de marketing político al servicio de la oposición, extendió una invitación formal para realizar un debate presidencial el próximo martes 9 de junio a las 7:00 de la noche, citando tanto a los candidatos presidenciales como a sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, la líder indígena Aída Quilcué y el economista José Manuel Restrepo.

El candidato opositor presionó públicamente para la realización de este encuentro en dicho escenario bajo la premisa de que Cepeda debe aceptar los resultados de la primera vuelta electoral, los cuales el Pacto Histórico ha pedido tomar con cautela a la espera de los escrutinios oficiales y legales en lugar de los datos del preconteo informativo.

La respuesta de Iván Cepeda ante esta propuesta fue un emplazamiento directo a Abelardo de la Espriella para sostener un debate político cara a cara, pero rechazando categóricamente las condiciones y los escenarios propuestos por los medios tradicionales afectos a la oposición.

El candidato progresista anunció que las reglas y garantías para efectuar la discusión deben ser acordadas de manera bilateral a través de delegados asignados por cada campaña, evitando lo que calificó como una encerrona mediática diseñada para favorecer los intereses de la derecha.

Por su parte, De la Espriella rechazó la intervención de negociadores para fijar las pautas del debate, argumentando que los aspirantes deben dar la cara directamente ante el pueblo, una postura que el oficialismo interpretó como una muestra de temor a enfrentar una discusión programática sin el blindaje de sus plataformas aliadas, especialmente ante propuestas polémicas de la oposición como la eliminación inmediata de 700.000 empleos estatales y la intervención agresiva en ecosistemas estratégicos y páramos del territorio nacional.

A este complejo panorama se sumó la activa intervención de altos funcionarios de la organización electoral, lo que reavivó los cuestionamientos sobre las garantías democráticas.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, publicó un video institucional defendiendo la transparencia de la jornada electoral y afirmando que solo los tiranos desconocen la voluntad popular.

Aunque el funcionario no mencionó nombres propios, el progresismo denunció que sus declaraciones constituyen una participación indebida en política y un ataque directo hacia las denuncias del presidente Petro sobre el presunto fraude con 800.

000 cédulas del censo y la compra de sufragios, demostrando que los organismos de control se encuentran bajo la influencia de los sectores tradicionales.

Finalmente, la disputa por el relato político llegó al uso de los símbolos identitarios del país.

Iván Cepeda radicó una solicitud formal ante la Federación Colombiana de Fútbol para que la entidad se pronuncie sobre el uso masivo de la camiseta de la selección nacional como prenda distintiva de la campaña de Abelardo de la Espriella, argumentando que se trata de un símbolo de unidad patria con restricciones comerciales y políticas que no debe ser instrumentalizado con fines electorales partidistas en vísperas de la Copa Mundial.

Mientras la Federación y el Consejo Nacional Electoral evitaron emitir sanciones al respecto, la polémica se trasladó al plano social al revelarse que la fórmula vicepresidencial de la derecha, José Manuel Restrepo, acudió a las urnas vistiendo una réplica no oficial de la indumentaria de fútbol.

El oficialismo capitalizó este hecho señalando la contradicción de que líderes de altos recursos económicos utilicen prendas piratas, afirmando que dicha acción representa la informalidad, el contrabando y la destrucción del empleo nacional que caracterizarían a un eventual gobierno de la extrema derecha colombiana.