El operativo simultáneo en el estado de Nuevo León destapa la sofisticada arquitectura financiera de los ‘petrofactureros’, una corporación criminal que operaba con permisos legítimos e infiltración en Pemex.

MÉXICO D.F. — El combate contra el robo de hidrocarburos en México —fenómeno conocido localmente como huachicol— ha dejado de librarse exclusivamente con patrullajes armados en los oleoductos rurales.

En la madrugada de este jueves, las fuerzas federales coordinadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asestaron un golpe estratégico que redefine la tipología del crimen organizado en el país.

El operativo se saldó con la captura de Jesús Ricardo Puente, operador logístico de los denominados ‘petrofactureros’, y el desmantelamiento de una red de 40 empresas fantasma que habrían defraudado más de 23.000 millones de pesos (aproximadamente 1.100 millones de euros).

La intervención, ejecutada a las 4:53 horas de manera simultánea en cuatro municipios clave del área metropolitana de Monterrey (San Pedro Garza García, Escobedo, Salinas Victoria y la propia capital de Nuevo León), fue el resultado de siete meses de investigación criminal, análisis financiero y más de 40 días de vigilancia aérea mediante drones de alta tecnología.

Según fuentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la captura de Puente se precipitó tras la interceptación de una llamada telefónica la noche previa que confirmó su ubicación exacta en una residencia de alta plusvalía en San Pedro Garza García.

A diferencia de los cárteles tradicionales, la organización liderada logísticamente por Jesús Ricardo Puente operaba bajo una fachada de absoluta legalidad institucional.

Las autoridades incautaron una flota de 42 tractocamiones con capacidad para transportar más de un millón de litros de combustible por viaje, además de 62 contenedores cilíndricos de almacenamiento estático y maquinaria pesada de construcción en un patio de maniobras ubicado en Salinas Victoria.

El elemento más revelador del operativo fue el hallazgo de una carpeta azul marino a nombre de la firma instrumental ‘Consultoría Ambiental Integradora del Norte S.A. de C.V.’. El documento contenía doce estudios técnicos de impacto ambiental impecablemente redactados y avalados por ingenieros colegiados.

Esta documentación permitía a la red sortear las inspecciones rutinarias de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y justificar el trasvase de millones de litros de combustible importado ilegalmente a través de los puertos marítimos del país.

«Desmantelamos una estructura que operó durante años usando el sistema en su contra. Esta red no termina con una detención», declaró de forma lacónica García Harfuch tras confirmarse el balance de la operación, la cual concluyó sin que se efectuara un solo disparo.

El origen de la investigación se remonta al pasado mes de abril, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Prosi con diez millones de litros de combustible ilícito a bordo, deteniendo a once funcionarios portuarios y aduaneros.

No obstante, el verdadero núcleo del caso radica en un contrato de importación con fecha del 17 de febrero de 2023.

Los permisos y sellos utilizados por la organización de Puente eran auténticos, lo que demuestra una severa brecha de seguridad e infiltración en las capas administrativas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la línea de investigación para identificar de forma nominal a los altos cargos de la petrolera estatal que autorizaron y dieron cobertura legal a estas operaciones simuladas durante más de dos años.

El volumen financiero desviado por esta red equivale, según estimaciones presupuestarias, al fondo anual completo destinado a la salud pública de tres estados medianos de la República.

Pese al éxito mediático del operativo en Nuevo León, las autoridades de inteligencia judicial señalan que Jesús Ricardo Puente constituía únicamente el engranaje práctico y de distribución física.

El verdadero cerebro de la organización, un especialista en ingeniería financiera al que los informes internos denominan ‘El Contador’, ya se encuentra plenamente identificado.

Este individuo, cuya captura se prevé en las próximas fases del despliegue federal, fue el arquitecto encargado de diseñar la compleja malla de sociedades mercantiles interconectadas para fragmentar la trazabilidad del dinero y retrasar cualquier acción punitiva del Estado.

La carpeta azul intervenida en San Pedro Garza García promete ser el hilo conductor que desvele la identidad de los protectores políticos y financieros de la red criminal más lucrativa de la última década en el norte de México.