La denominada Operación Sable desplegó a más de 13,000 elementos de las fuerzas armadas en Sinaloa para frenar la violencia interna del cártel, logrando la captura de 28 presuntos delincuentes y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos con pérdidas criminales superiores a los 900 millones de pesos

El mapa de la seguridad en el estado de Sinaloa ha dado un giro drástico mediante la implementación de una estrategia conjunta de contención militar y policial.

Bajo el nombre de Operación Sable, un despliegue de más de 13,000 elementos pertenecientes al Ejército Mexicano, la Marina-Armada, la Guardia Nacional y las fuerzas especiales federales dirigidas por la secretaría que encabeza Omar García Harfuch, ha logrado neutralizar los núcleos operativos de las facciones en disputa dentro del Cártel de Sinaloa.

Esta movilización masiva, orientada a reducir los índices de violencia urbana y rural provocados por la guerra interna entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, se complementa con dos vertientes tácticas adicionales: la Fuerza de Tarea Alacrán, enfocada en el desmantelamiento de laboratorios de estupefacientes sintéticos, y la Operación Chipagua, destinada a la captura de objetivos prioritarios.

Las incursiones sobre el terreno civil ya reportan detenciones por decenas en puntos clave de la geografía sinaloense, evidenciando una presión institucional sin precedentes sobre las estructuras criminales.

Uno de los golpes más significativos de las últimas jornadas se ejecutó en los límites geográficos de los municipios de Rosario y Escuinapa.

Una patrulla de reconocimiento terrestre de la Marina detectó una columna de civiles fuertemente armados en un camino de terracería.

Tras activar los protocolos de intercepción, y con el apoyo inmediato de unidades del Ejército y la Policía Estatal, las fuerzas federales cercaron al contingente delictivo.

El resultado de la maniobra culminó con la detención de 13 sicarios a quienes se les decomisaron 13 armas largas, 83 cargadores, más de 2,500 cartuchos útiles y diverso equipamiento táctico.

Paralelamente, en el fraccionamiento Hacienda Molino de las Flores, ubicado en la capital, Culiacán, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal interceptó un vehículo con cinco sujetos con indumentaria de combate.

Tras una segunda denuncia ciudadana que alertó sobre el ingreso de otra unidad sospechosa al mismo perímetro, los agentes regresaron para capturar a dos implicados más, incautando fusiles de asalto y un cargamento de 50 pastillas con características propias del fentanilo.

Las acciones preventivas también alcanzaron la colonia Chapultepec, al oriente de Culiacán, donde tras un reporte de actividad sospechosa en una vivienda, las fuerzas de seguridad iniciaron una persecución sobre los techos y bardas perimetrales que concluyó con la captura de ocho presuntos integrantes de la facción de “Los Mayos”, incluyendo a cinco hombres, dos menores de edad y una mujer.

La respuesta de las células criminales ante el cerco militar ha derivado en emboscadas directas contra las fuerzas del orden.

En las inmediaciones del poblado El Roblito, sobre el kilómetro 181 de la autopista Mazatlán-Tepic, un convoy de la Guardia Nacional fue atacado a balazos por un grupo armado.

Pese a que una patrulla federal recibió múltiples impactos de proyectil, las autoridades no reportaron bajas ni heridos.

La contraofensiva de la Operación Sable se desplegó de inmediato en la zona, logrando capturar al día siguiente a 15 presuntos agresores, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán bajo un riguroso dispositivo de seguridad integrado por más de diez vehículos blindados.

Sin embargo, la violencia también mostró su rostro más amargo en la sindicatura de Aguaruto, donde dos elementos de la Guardia Nacional y dos civiles resultaron gravemente heridos tras un ataque directo perpetrado por sicarios mientras cenaban en un establecimiento de comida.

Horas más tarde, operativos nocturnos permitieron la detención de tres sospechosos vinculados al atentado, a quienes se les aseguraron tres fusiles, 21 cargadores y 600 cartuchos.

La crisis del narcotráfico en el país no se limita a Sinaloa; el estado de Michoacán ha experimentado una ofensiva similar coordinada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los municipios de Zamora y Apatzingán, dos emboscadas simultáneas dejaron un saldo de ocho policías lesionados.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, minimizó el impacto logístico al afirmar que estos hechos delictivos representan una reacción desesperada de las células criminales ante la presión de las autoridades locales y federales.

No obstante, las jornadas posteriores en Cotija y demarcaciones colindantes con Jalisco registraron narcobloqueos con vehículos incendiados y el uso de drones con artefactos explosivos artesanales.

Mientras tanto, los golpes financieros continúan en el norte: en Nogales, Sonora, la FGR detuvo a Jesús Said Rochín, presunto operador logístico del Cártel de Sinaloa dedicado al tráfico de personas, mientras que en Cosalá, Sinaloa, la Marina desmanteló tres narcolaboratorios de “Los Mayitos” con cuatro toneladas de metanfetamina, provocando una pérdida económica superior a los 900 millones de pesos.

Esta escalada de intervenciones militares coincide con un sismo político en los altos mandos gubernamentales de la región.

La FGR ha emitido citatorios formales para comparecer ante la justicia a un grupo de ocho funcionarios y exfuncionarios públicos señalados por agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Entre los requeridos destaca Rubén Rocha Moya, quien recientemente solicitó una licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa tras las denuncias que lo vinculan operativamente con la facción de “Los Chapitos”.

Asimismo, el senador Enrique Inzunza reapareció públicamente en Culiacán tras semanas de ostracismo para confirmar su comparecencia voluntaria, manifestando textualmente mediante sus canales oficiales que acudirá de manera puntual a la cita y que él mismo asumirá su defensa, prescindiendo del fuero constitucional.

Ante las suspicacias sobre el uso del aparato judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intervino de forma tajante durante su gira oficial por el estado de Tabasco para desmarcar al Ejecutivo de las decisiones del Ministerio Público.

“Es un asunto de la fiscalía y también a los involucrados. No tiene nada de político. Es un procedimiento”, declaró la mandataria ante los cuestionamientos de los medios gráficos de comunicación.

El cerco judicial de la FGR también se extendió hacia la oposición, alcanzando a la gobernadora del estado fronterizo de Chihuahua, la panista María Eugenia “Maru” Campos, citada a declarar el próximo 27 de mayo en relación con un polémico operativo bilateral desarrollado en la Sierra Tarahumara con la participación de agentes extranjeros.

La jefa del ejecutivo chihuahuense cuestionó la naturaleza del citatorio y las asimetrías procesales frente a los políticos oficialistas, pero ratificó su disposición legal al señalar públicamente: “Aquí estoy, por supuesto, dando la cara y recibiéndolo. Miren qué casualidad, pero qué feliz casualidad”.

Las investigaciones ministeriales buscan determinar la cadena de mando que autorizó el despliegue de personal extranjero en soberanía nacional, entrelazando definitivamente el combate al crimen organizado con las responsabilidades políticas de más alto nivel en el país.