El presidente Gustavo Petro habló sobre el escándalo de la UNGRD y el prófugo Carlos Ramón González. Consulte aquí los detalles.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió este martes 20 de mayo al escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos más polémicos que ha golpeado a su administración en los últimos meses.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, el mandatario abordó diferentes temas sobre el balance de su gobierno, que se encuentra en la recta final de su mandato, y respondió a cuestionamientos relacionados con funcionarios y exfuncionarios vinculados a investigaciones judiciales.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la situación de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien actualmente es señalado por las autoridades colombianas dentro del entramado de corrupción de la UNGRD y es considerado prófugo de la justicia.

Petro afirmó de manera contundente que González “debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia”, dejando clara su posición frente a las investigaciones que adelantan los organismos competentes.

El caso de la UNGRD ha generado una fuerte controversia política y judicial en Colombia debido a las denuncias sobre presuntos desvíos de recursos públicos, irregularidades en contratos y posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios y contratistas.

Las investigaciones han alcanzado a figuras cercanas al Gobierno, aumentando la presión sobre la administración de Petro en un momento políticamente sensible, a pocos meses de concluir su período presidencial.

Durante la entrevista, el jefe de Estado también fue consultado acerca de la situación de un funcionario de la Embajada de Colombia en Nicaragua que, según versiones conocidas públicamente, habría facilitado la permanencia de Carlos Ramón González en ese país.

Sobre este tema, Petro negó que el funcionario hubiera actuado con autorización del Gobierno para ayudar al exdirector de inteligencia y aseguró que se tomarían medidas inmediatas.

“El funcionario no lo ayudó”, afirmó el presidente, aunque posteriormente añadió que “debe echarse”, anunciando que sería retirado de su cargo.

Petro enfatizó además que la decisión sería ejecutada de forma inmediata al señalar: “Hoy mismo se va”.

Las declaraciones reflejan la intención del mandatario de marcar distancia frente a cualquier actuación que pueda interpretarse como colaboración con personas requeridas por la justicia colombiana.

En la conversación con Caracol Radio, el presidente también habló sobre otros episodios controversiales que han afectado a su administración, entre ellos el caso relacionado con Juliana Guerrero y las dificultades políticas que ha enfrentado su gobierno en el Congreso y en distintos sectores institucionales.

Petro insistió en que existen intereses políticos y económicos que buscan debilitar el proyecto progresista que lidera y reiteró que teme ser objeto de persecución política una vez termine su mandato presidencial si las fuerzas afines a su proyecto pierden las próximas elecciones.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de creciente tensión política en Colombia, donde el caso de la UNGRD continúa generando repercusiones tanto judiciales como mediáticas.

La Fiscalía y otros organismos de control avanzan en las investigaciones para establecer responsabilidades individuales y determinar el alcance de la red de corrupción denunciada alrededor de la entidad encargada de gestionar recursos para la atención de emergencias y desastres naturales en el país.

Mientras tanto, la situación de Carlos Ramón González sigue siendo uno de los temas más delicados para el Gobierno nacional.

Su condición de prófugo y las versiones sobre posibles apoyos diplomáticos o políticos han aumentado el debate público sobre la responsabilidad de funcionarios estatales y los mecanismos de control dentro de la administración.

Con sus declaraciones, Petro buscó enviar un mensaje de respaldo a las instituciones judiciales y reafirmar que cualquier persona involucrada en actos de corrupción debe comparecer ante la justicia colombiana, independientemente de su cercanía con el Gobierno.