La patrullera Karen Rodríguez ejerció ilegalmente como médica general en el Hospital Central de la Policía en Bogotá diagnosticando a oficiales y recetando medicamentos sin tener formación profesional

Un grave caso de fraude e infiltración institucional ha sacudido las estructuras de la Policía Nacional de Colombia, tras revelarse que una patrullera activa de la institución logró ejercer funciones de médica general en el Hospital Central de la Policía en Bogotá sin poseer ningún tipo de preparación, título profesional ni autorización legal.

La implicada, identificada como la patrullera Karen Rodríguez, cuya única formación técnica comprobada era en servicios a bordo como auxiliar de vuelo, logró engañar a los filtros de seguridad del centro médico, atendiendo casos de urgencias, diagnosticando a personal de la fuerza pública, recetando fórmulas médicas y otorgando incapacidades oficiales.

La situación ha encendido las alarmas sobre la rigurosidad de los procesos de verificación de talento humano en los centros de salud de la institución armada, dando inicio a una investigación penal y disciplinaria de gran envergadura.

La cronología de los hechos establece que Rodríguez ingresó en el año 2021 a la escuela de formación de la Policía Nacional para graduarse como patrullera.

Tres años más tarde, fue trasladada a Bogotá para cumplir labores de apoyo en el área administrativa del Hospital Central de la Policía, una asignación que, según los registros oficiales de la Dirección de Sanidad, se gestionó mediante la solicitud formal de un oficial superior a la Subdirección General de la institución.

Sin embargo, apenas tres meses después de su llegada al área administrativa, la uniformada comenzó a presentarse ante el personal y los usuarios como la “Doctora Rodríguez”, asumiendo funciones clínico-asistenciales directas en la sala de urgencias.

El fraude se mantuvo oculto hasta que un paciente, insatisfecho con la calidad de la atención médica recibida, interpuso una denuncia formal que obligó a la dirección del hospital a solicitar una auditoría urgente y la revisión de los documentos académicos de todo el personal médico de la entidad.

Como respuesta al requerimiento de control, la patrullera Rodríguez aportó un acta de grado y un diploma presuntamente expedidos por la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, donde constaba que había recibido el título profesional el 22 de febrero de 2024.

No obstante, las alarmas se encendieron cuando la institución universitaria aclaró que en la fecha señalada no se habían celebrado ceremonias de graduación.

Ante la inconsistencia, un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) tomó el caso y confirmó que Rodríguez jamás estuvo inscrita como estudiante en los registros académicos de la universidad.

Asimismo, las autoridades verificaron que la implicada nunca tramitó el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), un requisito indispensable y obligatorio por ley para que cualquier profesional del sector salud pueda ejercer legalmente la medicina en territorio colombiano.

La investigación penal posterior, liderada por la Fiscalía General de la Nación, arrojó detalles alarmantes sobre el historial de la exuniformada, quien fue retirada del servicio activo en marzo de 2025.

Los análisis dactilares y de antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) revelaron que Rodríguez acumulaba ocho anotaciones judiciales previas por delitos graves, incluyendo lesiones personales, constreñimiento ilegal, violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público.

Además, se constató que entre diciembre de 2024 y enero de 2025, la falsa médica atendió formalmente en urgencias a tres coroneles, un teniente, cuatro patrulleros y un civil.

Durante su interrogatorio formal en agosto de 2025, la procesada intentó defenderse argumentando que financió sus supuestos estudios con becas deportivas y dinero del fútbol, y alegó que su rol real era únicamente de “coordinadora médica” para supervisar turnos, una justificación desestimada por las pruebas materiales que demuestran su firma en diagnósticos y recetas.

El caso escaló judicialmente en febrero, cuando la Fiscalía le imputó los delitos de uso de documento falso en concurso heterogéneo con fraude procesal.

Al no aceptar los cargos, la expatrullera fue cobijada con una medida de prisión domiciliaria, mientras la justicia penal colombiana enfoca ahora sus esfuerzos en determinar la identidad y el grado de responsabilidad de los altos oficiales dentro de la Policía que facilitaron o permitieron su vinculación irregular al centro hospitalario.