El senador Iván Cepeda confrontó en el Congreso a la senadora Paloma Valencia cuestionando la presencia y participación legislativa de Ciro Ramírez tras señalamientos judiciales

Un nuevo episodio de confrontación política sacudió el Congreso de la República de Colombia, protagonizado por el senador Iván Cepeda y la senadora Paloma Valencia, en medio de un debate sobre el avalúo catastral y el impuesto predial.

El intercambio, cargado de acusaciones y señalamientos, escaló rápidamente hacia temas de mayor gravedad, incluyendo la presencia del también senador Ciro Ramírez, quien ha sido objeto de cuestionamientos judiciales.

Durante su intervención, Paloma Valencia criticó duramente al gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando lo que considera una deriva autoritaria.

“Eso se llama autoritarismo. Eso se llama violar la Constitución. Eso se llama no respetar las autoridades elegidas por el pueblo colombiano”, afirmó en plenaria.

Además, acusó al Ejecutivo de mantener una actitud permisiva frente a actores criminales, en una crítica que ha sido recurrente desde sectores de oposición.

El señalamiento no quedó sin respuesta.

Iván Cepeda, reconocido por su tono directo en los debates parlamentarios, tomó la palabra para replicar y llevar la discusión hacia un terreno incómodo para la bancada del Centro Democrático.

“Si vamos a hablar de criminales, vayamos al punto directamente. ¿Qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión?”, cuestionó el senador.

Cepeda profundizó su crítica al considerar inadmisible la participación de Ramírez en actividades legislativas: “¿Cómo es posible que un señor condenado venga a esta cámara después de haber sido condenado y se registre y tenga voto? Desde el punto de vista ético es absolutamente impresentable”.

Sus palabras generaron tensión en el recinto y reavivaron el debate sobre la legitimidad y los estándares éticos dentro del Congreso.

El enfrentamiento político ocurre en paralelo a una coyuntura internacional delicada para Colombia, particularmente en su relación con Ecuador.

Durante un reciente Consejo de Ministros, se conocieron declaraciones de la embajadora colombiana en ese país que han generado inquietud en el ámbito político y diplomático.

Según lo expuesto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría visitado Ecuador en momentos cercanos a decisiones clave sobre la imposición de aranceles a productos colombianos.

“Dos días antes de imponer el 50% de aranceles, estuvo el expresidente Uribe en el Palacio de Carondelet. Y el miércoles pasado también estuvo, y al otro día impusieron el 100%”, indicó la diplomática, sugiriendo coincidencias que calificó como “extrañas”.

A esto se suma la revelación de que el exministro de Defensa Diego Molano habría participado en la elaboración de un informe de seguridad utilizado por el gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa.

Este documento estaría relacionado con las decisiones adoptadas en la frontera y el endurecimiento de medidas comerciales.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a estas informaciones sugiriendo que factores externos podrían haber influido en el cambio de postura del gobierno ecuatoriano.

“De un momento a otro se volvió enemigo, y eso es porque algo lo sedujo más fuerte que la amistad conmigo”, expresó durante la sesión ministerial, insinuando posibles presiones o intereses ajenos a la relación bilateral.

Por su parte, Álvaro Uribe negó categóricamente cualquier tipo de injerencia en las decisiones del gobierno ecuatoriano.

“Yo no interfiero en las relaciones internacionales, ni me he reunido con él, ni he hablado recientemente con él”, afirmó, refiriéndose a Daniel Noboa.

El exmandatario defendió su presencia en Ecuador como parte de actividades académicas, mencionando visitas a instituciones en Guayaquil y Cuenca.

Uribe también aprovechó para criticar la política de seguridad del actual gobierno colombiano, responsabilizándolo de la crisis en la frontera: “El hecho que desencadena este problema es que el gobierno Petro es un gobierno permisivo de los delincuentes”.

Según su postura, el incremento de aranceles por parte de Ecuador responde a la necesidad de financiar medidas de seguridad ante la presencia de grupos armados ilegales en territorio fronterizo.

El trasfondo de esta tensión incluye un comercio bilateral significativo, estimado en miles de millones de dólares anuales, así como el impacto directo sobre sectores productivos y empleo en Colombia.

Las medidas arancelarias han generado preocupación tanto en empresarios como en comunidades fronterizas.

En este contexto, el enfrentamiento entre Cepeda y Valencia no solo refleja la polarización política interna, sino que también se entrelaza con un escenario internacional complejo, donde las relaciones diplomáticas, la seguridad regional y los intereses económicos convergen de manera crítica.

La controversia sigue abierta, tanto en el Congreso como en el ámbito internacional, mientras distintos sectores exigen claridad sobre los hechos, responsabilidades y el rumbo de la política exterior colombiana.