La Directora de Seguridad Pública de Coeneo Celia Vargas Torres y ocho policías municipales bajo su mando fueron detenidos por fuerzas ministeriales tras descubrirse su colusión operativa con el Cártel Jalisco Nueva Generación

En un giro impactante de los acontecimientos en Michoacán, la directora de seguridad pública de Coeneo, Celia Vargas Torres, junto a ocho policías municipales, fue detenida por su presunta vinculación con las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este incidente no solo expone la profunda infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales, sino que también desata severos cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad de las administraciones locales.

El pasado 10 de junio, un convoy de la Guardia Civil sufrió un violento ataque que cobró la vida de cinco elementos.

Lo que resultó sumamente alarmante fue que quienes lideraban este convoy vestían uniformes oficiales del gobierno municipal de Coeneo.

El suceso conmocionó a la comunidad y encendió las alarmas sobre el nivel de corrupción que impera en la policía local.

Según las investigaciones en curso, la tarde del ataque, Vargas Torres autorizó que ocho de sus subordinados se desplegaran en una misión que ellos creían que era un patrullaje de rutina.

Sin embargo, los indicios apuntan a que los miembros del CJNG contaban con información detallada sobre los horarios y la ruta exacta del convoy, lo que evidencia una filtración interna.

Además, los documentos incautados en el vehículo de la directora revelaron que firmó los informes de patrullaje para encubrir lo que en realidad fue una operación delictiva coordinada.

Celia Vargas Torres no era una oficial de bajo rango; estaba al frente de la seguridad de una demarcación con más de 20,000 habitantes.

Desde esa posición de poder, tenía acceso a información altamente sensible, incluyendo las frecuencias de radio y las rutas de la Guardia Civil.

Su decisión de colaborar con el CJNG no parece un hecho aislado, sino una acción premeditada que demuestra el nivel de manipulación y control que el cartel ejercía desde el interior de la corporación.

Al profundizar en el caso, las autoridades descubrieron que Vargas Torres había tomado decisiones sospechosas semanas antes del atentado.

Modificó los horarios del personal y apartó a los agentes que consideraba “no confiables” para reemplazarlos por elementos leales a ella, una maniobra que levantó sospechas y llevó a los investigadores a vigilar de cerca sus movimientos.

Dos horas antes de que se perpetrara la emboscada, la funcionaria abandonó las instalaciones policiales sin dar aviso a nadie y omitió registrar su salida en el sistema para evitar ser rastreada.

No obstante, un dron de vigilancia de la Guardia Nacional registró todas sus acciones, proporcionando a los fiscales datos precisos sobre su ubicación y el número de ocupantes en su vehículo.

La captura se concretó el 11 de junio, cuando las fuerzas de seguridad cercaron a los implicados dejándolos sin posibilidad de escape.

Los policías municipales no opusieron resistencia al verse superados, conscientes de la gravedad de la situación.

Fueron obligados a descender del vehículo con las manos en la cabeza, perdiendo de inmediato la autoridad y la libertad de la que gozaban.

Durante la inspección del vehículo de Vargas Torres, los peritos hallaron un arsenal de armas, municiones y diversas cantidades de droga.

Este hallazgo no solo robustece la carpeta de investigación en su contra, sino que confirma que la estructura de la policía local estaba siendo utilizada como brazo logístico para actividades del narcotráfico.

El caso ha desatado una fuerte indignación social, especialmente después de que el gobierno municipal intentara matizar el escándalo mediante un comunicado de prensa donde describía los hechos como un “patrullaje ordinario”.

El ocultamiento deliberado de las detenciones y de las actividades criminales solo ha incrementado la desconfianza ciudadana hacia la rendición de cuentas de sus gobernantes.

Celia Vargas Torres y los ocho policías implicados enfrentan cargos graves por corrupción y delincuencia organizada.

Este caso ha abierto una investigación mucho más amplia sobre la penetración de los carteles en los municipios de la región, marcando un punto de inflexión clave en la estrategia de combate contra el CJNG y las redes de complicidad institucional que los protegen.

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