El proceso judicial en torno a las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha alcanzado su fase de conclusiones definitivas tras las últimas diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO).

Las diligencias previas seguidas en los juzgados de Badajoz en relación con el puesto de alta dirección que coordina David Sánchez Pérez-Castejón han entrado en su fase resolutiva tras la incorporación de los últimos análisis informáticos realizados por las unidades de policía judicial.

El informe técnico emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil documenta la existencia de correos electrónicos remitidos desde direcciones privadas a cuentas vinculadas con la dirección general del Partido Socialista durante las fases preliminares de la adjudicación de la plaza.

En dichos textos, cuya validez documental está siendo evaluada por el magistrado instructor, se adjuntaban borradores normativos que apuntaban a potenciales escenarios de incompatibilidad administrativa respecto al personal directivo y eventual.

El desarrollo de las vistas orales ha provocado un agrio cruce de reproches entre las defensas de los encausados y las acusaciones populares.

Las representaciones legales de los investigados sostienen que el proceso carece de base punible y que las denuncias fueron presentadas de forma extemporánea coincidiendo con el impacto mediático de la causa, asemejando la estrategia procesal con los precedentes de comisiones de investigación autonómicas como el histórico caso de la FAFE en Andalucía, citado de manera recurrente por los letrados para ejemplificar los interrogatorios de carácter político.

Por su parte, los representantes del Ministerio Fiscal han centrado sus preguntas en verificar la presencialidad efectiva de las jornadas laborales y el contenido técnico de los proyectos musicales desarrollados en el área de cultura de la corporación provincial.

En el turno de última palabra, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ratificó su convencimiento en la limpieza del concurso de méritos y acusó formalmente a las plataformas de la acusación de instrumentalizar la administración de justicia para conformar un juicio social paralelo y socavar la acción del Ejecutivo central en este año 2026.

Gallardo argumentó que los procedimientos sancionadores internos y las auditorías de la intervención general de la provincia no detectaron anomalías contables ni desvío de fondos públicos.

Las defensas de los secretarios provinciales e interventores encausados se adhirieron a estas conclusiones, solicitando el sobreseimiento definitivo de las actuaciones al entender que no se ha acreditado indicios de prevaricación ni tráfico de influencias.

Los colectivos que ejercen la acción popular han solicitado el mantenimiento de las medidas cautelares y la apertura de la fase de juicio oral, fundamentando su petición en las supuestas directrices restrictivas emitidas por la antigua cúpula de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil para condicionar el alcance de las pesquisas iniciales de los agentes de la UCO.

El tribunal ha quedado visto para resolución, debiendo determinar en las próximas semanas si archiva las diligencias de investigación o si, por el contrario, constata la existencia de indicios racionales de criminalidad bastantes para formular escritos de acusación formal contra el entorno familiar de la presidencia del Gobierno.