La desarticulación de la banda criminal Los Cats en el Parque Santander de Bogotá dejó al descubierto una red de microtráfico que generaba ingresos mensuales de 80 millones de pesos mediante el expendio de sustancias en zonas universitarias y bancarias

El epicentro histórico y comercial de Bogotá ha sido testigo de una de las operaciones policiales más complejas contra el microtráfico urbano en los últimos años.

Durante más de doce meses, un agente encubierto de la Policía Metropolitana se infiltró en los perímetros de la carrera Séptima para desmantelar a la organización delincuencial conocida como “Los Cats”.

Esta red criminal había tomado el control absoluto del Parque Santander, un punto neurálgico del centro de la capital colombiana, transformándolo en un centro operativo de distribución de sustancias estupefacientes que generaba dividendos económicos cercanos a los 80 millones de pesos mensuales.

La rentabilidad del sector radica en su ubicación estratégica, un corredor vial de alto tránsito peatonal rodeado de sucursales bancarias, locales comerciales, oficinas gubernamentales y prestigiosos centros universitarios cuyos transeúntes eran vistos por la organización simplemente como un mercado potencial permanente.

La estructura interna de la banda estaba liderada por un individuo conocido bajo el alias de “El Viejo”, un veterano del negocio ilegal que acumulaba una década coordinando la dosificación, logística y distribución del material alucinógeno.

Según las investigaciones preliminares de la seccional de inteligencia, el estupefaciente era adquirido en bruto en el municipio vecino de Soacha, Cundinamarca, para luego ser trasladado hacia centros de acopio clandestinos en el centro de Bogotá.

El modus operandi de “Los Cats” destacaba por una estricta disciplina horaria y una división de tareas comerciales que operaba principalmente entre las 15:00 y las 20:00 horas, aprovechando las horas pico de salida laboral y estudiantil.

La mercancía, compuesta por cigarrillos manufacturados de marihuana y papeletas plásticas transparentes con derivados de cocaína, se comercializaba de manera abierta, emulando la dinámica de las ventas ambulantes tradicionales que inundan la zona.

El componente más alarmante revelado por los videos de seguimiento técnico y la vigilancia aérea concierne a los métodos de ocultamiento y la instrumentalización de menores de edad.

Entre los trece integrantes capturados durante el operativo de registro y allanamiento, las autoridades identificaron a dos mujeres conocidas con los alias de “La Ñata” y “La Flaca”.

Ambas implementaban un sistema de camuflaje corporal, escondiendo las dosis entre sus prendas íntimas, costuras de faldas, pretinas de pantalones y el área del busto, dificultando deliberadamente las requisas rutinarias de los cuadrantes policiales femeninos.

Sin embargo, la estrategia de seguridad de la organización iba más allá: utilizaban de manera sistemática a niños de tres y siete años de edad para transportar y custodiar las sustancias, empleando la presencia infantil como un escudo legal y una distracción ante las patrullas policiales.

Alias “La Ñata”, una ciudadana de nacionalidad venezolana de 23 años y pareja sentimental del cabecilla principal, carecía de antecedentes judiciales registrados en el país, lo que le permitía perfilarse como una proveedora de bajo riesgo.

El trabajo de campo del agente infiltrado demostró que esta mujer mantenía a su hija de tres años en el parque hasta altas horas de la noche, exponiéndola a entornos de consumo y transacciones monetarias ilícitas, e incluso utilizaba la vestimenta de la menor para ocultar los paquetes de droga.

Cuando las autoridades realizaban operativos relámpago en la plaza, las sustancias eran extraídas rápidamente y enterradas en las zonas verdes del parque, camufladas en los árboles o depositadas en vasos de café desechables custodiados a distancia por campaneros encargados de vigilar que transeúntes o habitantes de calle no alteraran los depósitos improvisados.

El operativo final implicó el despliegue coordinado de unidades de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, ejecutando órdenes de captura simultáneas por los delitos de concierto para delinquir con fines de microtráfico, así como fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

A pesar del flujo financiero de 80 millones de pesos que la banda reportaba mensualmente debido a la venta masiva de sustancias, los registros de allanamiento habitacional evidenciaron que los capturados residían en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica extrema en inquilinatos del centro, reinvirtiendo la mayor parte del capital en la cadena de suministro controlada por estructuras mayores.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los entornos universitarios y la necesidad urgente de fortalecer las políticas de infancia frente a redes criminales que transforman los parques históricos de la capital en vitrinas de expendio.