Colectivos civiles destruyen material electoral del partido de Keiko Fujimori en rechazo a las prebendas proselitistas y en memoria de los fallecidos de Juliaca.

La campaña electoral de la segunda vuelta en el Perú ha entrado en una fase de alta polarización y hostilidad territorial.

En un reciente desplazamiento proselitista a la región sureña de Puno —históricamente opositora al fujimorismo—, la comitiva oficial del partido Fuerza Popular, liderado por la candidata Keiko Fujimori, se vio obligada a cancelar sus mítines y retirarse de la zona tras registrarse serios altercados, protestas sociales y la destrucción sistemática de su propaganda electoral por parte de sectores ciudadanos locales.

Los incidentes se desencadenaron cuando diversos colectivos civiles denunciaron que representantes de Fuerza Popular pretendían congregar a la población mediante el reparto masivo de dádivas alimenticias y bebidas, una práctica proselitista tradicionalmente cuestionada en los procesos electorales peruanos.

«Están desechando y destruyendo material fujimorista. Les han repartido tamales y cerveza para traer portátiles rentadas en ómnibus», señalaron testigos presenciales durante las transmisiones locales, registrando el momento en que los ciudadanos arrojaban los productos y quemaban la propaganda de la agrupación política.

El rechazo manifiesto en Puno no responde únicamente a una discrepancia programática, sino que hunde sus raíces en la memoria reciente de las protestas sociales que sacudieron el sur del país.

Los manifestantes justificaron las acciones de expulsión como un acto de solidaridad con las familias de las víctimas de Juliaca (provincia de San Román), el motor económico de la región y la zona que concentró el mayor número de fallecidos y procesados durante los choques con las fuerzas del orden en crisis previas.

Analistas de la política local señalan que esta agudización de la campaña está forzando a la opinión pública a reconfigurar sus estrategias de votación.

Aunque un sector de la ciudadanía optaba inicialmente por la opción del «voto viciado» como un mecanismo higiénico de neutralidad, el avance del proceso electoral ha modificado el análisis de coste-beneficio político.

El debate de fondo radica en el nivel de control institucional que ejercerían los candidatos en caso de llegar al Palacio de Gobierno.

Mientras que el candidato opositor, el señor Sánchez, contaría con límites estrictos establecidos por un Congreso que no domina, una prensa hostil y un Tribunal Constitucional en manos de su adversario, las alarmas sobre Fuerza Popular se encienden debido a la captura manifiesta de diversos sistemas gubernamentales, de defensa y electorales.

Por consiguiente, la mejor opción de cara a los comicios, según reconocen líderes de opinión del país andino, es el voto propositivo antes que el viciado, con el único fin de salvaguardar el equilibrio de poderes e impedir que una sola facción concentre plenos poderes sobre el Estado peruano.