La denominada Operación Enjambre descabezó la estructura de protección del Cártel de Sinaloa en Morelos mediante la captura de alcaldes, exediles y funcionarios clave de los municipios de Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla

La madrugada todavía no termina cuando los primeros vehículos sin placas cortan el silencio de una calle en el oriente de Morelos.

No hay sirenas ni advertencias, solo el sonido de puertas que se abren despacio y botas que tocan el asfalto húmedo.

Un hombre duerme adentro de una casa que durante meses fue considerada territorio intocable, un bastión de protección política de un presidente municipal en funciones.

Afuera, los elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ya tienen rodeado el perímetro tras semanas de planificación estratégica fundamentada por el Centro Nacional de Inteligencia.

En cuestión de minutos, el operativo desplegado a las 4:47 de la madrugada ejecuta un golpe directo a las estructuras de poder local, revelando una red de infiltración sistémica que unía las administraciones municipales con el crimen organizado.

El eje central de esta investigación es Júpiter Araujo Bennard, conocido en el mundo delictivo como “El Barbas” y señalado por la Fiscalía General de la República como el operador regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos, controlando los corredores estratégicos de Cuautlixco, Atlatlahucan y Totolapan.

A través de este control territorial, “El Barbas” extendió su influencia hacia el tejido político local mediante el financiamiento encubierto de campañas electorales, cobrando los favores a través de cuotas mensuales y la asignación de funcionarios clave dentro de las tesorerías y oficialías mayores una vez obtenidos los triunfos en las urnas.

La pieza fundamental que detonó la acumulación de órdenes de aprehensión fue el hallazgo de una grabación audiovisual capturada por los servicios de inteligencia en una propiedad denominada “Los Aguacates”, ubicada en el municipio de Totolapan.

En dicho registro, donde se visualiza a una veintena de hombres armados, se pactó el apoyo electoral a cambio de protección y recursos públicos, un acuerdo que selló el destino administrativo de varias demarcaciones de la entidad.

La ejecución del operativo simultáneo a partir de las 5:12 de la madrugada derivó en la captura de Agustín Toledano Amaro, presidente municipal en funciones de Atlatlahucan, quien fue arrestado en su domicilio sin registrar resistencia armada.

Minutos más tarde, a las 5:39 de la mañana y a cientos de kilómetros de distancia, un equipo táctico detuvo en el estado de Querétaro a Irvin Sánchez Zavala, exalcalde panista de Yecapixtla que pretendía evadir la acción de la justicia.

La ofensiva federal se extendió hacia el municipio de Cuautla, donde a las 6:03 de la madrugada se concretaron las aprehensiones de Horacio Zabaleta Malacara, secretario municipal; Pablo Adrián Portillo Galicia, oficial mayor nombrado a inicios de este año; y Jonathan Espinosa Salinas, tesorero de la administración local.

Asimismo, las fuerzas federales aseguraron a Arisbel Rubí Vázquez Amaro, conocida como “La Jefa” y excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan por el partido oficialista Morena, demostrando que la infiltración delictiva superó las barreras de los colores partidistas.

Sin embargo, el alcalde en funciones de Cuautla, Jesús Corona Damián, logró evadir el cerco militar y permanece prófugo de la justicia, lo que sugiere una filtración previa dentro de los mandos operativos.

El impacto del Operativo Enjambre no se limitó al despliegue de las fuerzas armadas en territorio morelense, sino que se complementó con una intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que determinó el bloqueo inmediato de 32 cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y empresas vinculadas a esta red de corrupción.

Los cargos imputados por las autoridades ministeriales federales incluyen los delitos de extorsión agravada, delincuencia organizada, actividades contra la salud, tráfico de armas y desvío de recursos públicos.

Durante la conferencia de prensa matutina celebrada a las 8:45 de la mañana para detallar los resultados de la intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, acompañado por el titular de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, expuso con precisión los objetivos de las capturas y lanzó una fuerte advertencia sobre el alcance de las líneas de investigación que siguen abiertas en el país.

“Las detenciones forman parte de la estrategia nacional contra la extorsión.

Los detenidos están relacionados con extorsión, delincuencia organizada, tráfico de armas y actividades contra la salud que forman parte de la estructura criminal que mantenía control de las actividades económicas en municipios del oriente de Morelos.

La investigación busca determinar posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas.

La Operación Enjambre suma ya 20 presidentes o expresidentes municipales detenidos durante la presente administración”, declaró el secretario federal.

Estas capturas confirman el patrón de infiltración institucional que los investigadores federales venían rastreando desde marzo, cuando se registró la detención previa de la síndica municipal, una regidora y el tesorero del municipio de Amacusac por el delito de extorsión agravada.

El desmantelamiento de este entramado representa un golpe logístico significativo para el Cártel de Sinaloa en un momento donde la organización enfrenta una severa fractura interna entre sus facciones principales a nivel nacional.

Con la inmovilización de los recursos financieros y la detención de los operadores gubernamentales, el Estado mexicano busca cortar de manera simultánea los flujos de dinero y la protección política que permitían la permanencia de la delincuencia en la región central del país, mientras las células especiales de la Guardia Nacional continúan con el rastreo de los implicados que lograron escapar del despliegue táctico.