Fuerzas federales detuvieron en Cintalapa, Chiapas, a nueve presuntos integrantes del CJNG que utilizaban uniformes falsos de la Guardia Nacional para operar en caminos rurales y simular autoridad en la región

En una operación de inteligencia y despliegue táctico realizada en el municipio de Cintalapa, Chiapas, fuerzas federales detuvieron a nueve presuntos integrantes de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusados de operar una red criminal que utilizaba uniformes falsificados de la Guardia Nacional para patrullar carreteras federales y simular autoridad institucional en la región.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el operativo fue resultado de semanas de labores de seguimiento, análisis de patrones de movilidad y vigilancia aérea, en las que se detectó la presencia de un grupo armado que se desplazaba de forma coordinada en una zona rural estratégica entre la región Frailesca y el corredor hacia la frontera con Guatemala.

La célula habría establecido puntos de control clandestinos en caminos de terracería, donde realizaba actividades de vigilancia, cobro de cuotas y distribución de drogas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la acción se ejecutó con precisión quirúrgica para evitar bajas civiles y garantizar la captura de los implicados.

“No estamos enfrentando a delincuentes comunes. Estamos enfrentando a un grupo que intenta suplantar al Estado para esclavizar a una comunidad. El uniforme se respeta. Quien lo use para dañar al pueblo conocerá el verdadero peso de la ley”, declaró tras el operativo.

Según los reportes oficiales, los detenidos portaban chalecos tácticos con insignias similares a las de la Guardia Nacional, además de radios de comunicación encriptados y armamento de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

También se aseguraron motocicletas adaptadas para terreno irregular, presuntamente utilizadas para patrullajes en la zona y labores de vigilancia ilegal.

El despliegue se activó tras la detección de un dron utilizado por la célula criminal para monitorear rutas y movimientos en la región.

Este dispositivo, de acuerdo con los informes de inteligencia, habría sido clave para identificar los puntos de reunión del grupo.

Sin embargo, esa misma herramienta terminó siendo determinante para su localización, al permitir el rastreo de patrones repetitivos de vuelo y transmisión.

Las fuerzas federales implementaron un cerco simultáneo con participación de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cerrando accesos y rutas de escape en un perímetro de aproximadamente 120 metros en zona rural.

La operación se ejecutó en cuatro fases coordinadas, lo que permitió contener al grupo sin enfrentamientos prolongados.

Durante la intervención, varios de los detenidos intentaron huir hacia áreas de vegetación cercana, pero fueron rápidamente neutralizados por los equipos de reacción.

Otros se rindieron sin resistencia al verse completamente rodeados.

Las autoridades confirmaron que no se registraron bajas entre fuerzas federales ni daños a la población civil.

En el sitio fueron asegurados además paquetes con sustancias ilícitas, dinero en efectivo y material táctico.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la confirmación de que los uniformes utilizados por los presuntos criminales no eran simples imitaciones caseras, sino piezas elaboradas con alto grado de detalle, lo que abre una línea de investigación sobre posibles redes de fabricación y suministro de material de suplantación institucional.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que la célula operaba bajo una estructura jerárquica encabezada por un sujeto identificado como presunto líder operativo en la zona, quien ya había sido vinculado previamente a actividades de violencia en municipios cercanos.

Este individuo habría coordinado la expansión del grupo hacia rutas rurales tras la presión de operativos en áreas urbanas.

El caso ha encendido alertas sobre una tendencia creciente en algunas regiones del sur del país: el uso de uniformes oficiales falsificados para generar control social, intimidación y confusión entre la población.

Autoridades federales consideran que este tipo de estrategias buscan erosionar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Tras la detención, el material asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones para determinar la cadena de suministro, posibles vínculos con redes logísticas más amplias y la participación de terceros en la fabricación de los uniformes y vehículos clonados.

En palabras de Harfuch, la operación no se limita a las detenciones realizadas: “El uniforme se respeta. Quien lo use para dañar al pueblo conocerá el verdadero peso de la ley”.

La declaración, interpretada por analistas como un mensaje directo contra la suplantación institucional, refuerza la línea de acción del gobierno federal frente a estructuras criminales que buscan imitar funciones del Estado.

El operativo en Cintalapa se suma a una serie de acciones recientes en la región suroriental del país, donde autoridades han identificado intentos de expansión de células criminales hacia corredores estratégicos de movilidad y comercio.

La combinación de vigilancia aérea, inteligencia digital y coordinación interinstitucional ha sido clave en estos despliegues.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo resguardo la zona intervenida y no descartan nuevas detenciones relacionadas con la red logística que habría permitido la operación del grupo desmantelado.