Fuerzas federales desplegaron un amplio operativo en Atascaderos, Guadalupe y Calvo, tras varios ataques armados que dejaron homicidios, viviendas baleadas y al menos 80 personas desplazadas hacia Hidalgo del Parral

La violencia que desde hace meses golpea la sierra sur de Chihuahua alcanzó uno de sus episodios más delicados tras un amplio operativo federal desplegado en la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, donde fuerzas del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales realizaron acciones contra presuntos integrantes del crimen organizado en medio de una ola de homicidios, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados que mantienen bajo tensión a toda la región.

La operación ocurrió después de varios días de ataques armados registrados en comunidades serranas ubicadas en el corredor que conecta Chihuahua con Durango y Sinaloa, una zona considerada estratégica para grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, armas y personas.

Autoridades estatales confirmaron que al menos 80 personas abandonaron sus hogares y huyeron hacia Hidalgo del Parral ante el temor de quedar atrapadas en medio de los enfrentamientos.

Entre los desplazados había niñas, niños y adultos mayores que llegaron únicamente con bolsas de ropa y pertenencias básicas.

Las autoridades federales reforzaron el despliegue de seguridad después de que se reportaran balaceras, ataques contra viviendas y homicidios en distintos puntos de la región.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, reconoció públicamente que la situación en Guadalupe y Calvo obligó a establecer bases permanentes de operación interinstitucional para intentar recuperar el control territorial.

Durante las acciones realizadas en Atascaderos fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con grupos armados que operan en la zona.

Entre los arrestados se encontraba un menor de edad.

De acuerdo con reportes oficiales, en el lugar fueron aseguradas armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipos de comunicación utilizados presuntamente por células criminales que mantenían vigilancia permanente en los accesos serranos.

Aunque distintas versiones difundidas en redes sociales y plataformas digitales atribuyeron el operativo directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las autoridades federales no han confirmado oficialmente que el funcionario encabezara personalmente la intervención táctica en la comunidad.

Sin embargo, sí existe un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales bajo la estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó semanas después que el operativo permitió la detención de varios “generadores de violencia”, además del desmantelamiento de campamentos utilizados por grupos criminales en la sierra.

Las autoridades también confirmaron el aseguramiento de armas largas, miles de cartuchos y equipo táctico.

La gobernadora Maru Campos aseguró que el objetivo principal es garantizar el regreso seguro de las familias desplazadas.

“Las labores conjuntas continuarán con la intención de brindar seguridad y acompañamiento a las familias, así como restablecer sus derechos de manera integral”, declaró durante una reunión de seguridad celebrada en la región serrana.

El caso de Atascaderos expuso nuevamente la gravedad de la disputa territorial entre facciones del crimen organizado en la Sierra Madre Occidental.

Investigaciones locales apuntan a que los grupos criminales buscan controlar rutas que conectan Guadalupe y Calvo con Tamazula, Durango, y Badiraguato, Sinaloa, regiones históricamente utilizadas para operaciones de narcotráfico.

En febrero pasado se registraron varios hechos violentos que aceleraron el desplazamiento masivo de habitantes.

Entre ellos destacó el asesinato de un adolescente de 14 años y ataques con granadas en comunidades cercanas.

Autoridades también localizaron cuerpos de personas ejecutadas en caminos rurales de difícil acceso.

Las investigaciones señalan además que algunos grupos armados intentaron reclutar jóvenes de manera forzada para fortalecer sus estructuras en la sierra.

Habitantes de la región denunciaron amenazas directas y presiones para abandonar sus comunidades, lo que provocó que cientos de personas escaparan hacia Parral, Cuauhtémoc y la ciudad de Chihuahua.

El Gobierno estatal desplegó convoyes de seguridad y vigilancia aérea para facilitar el retorno gradual de algunas familias a sus comunidades.

Según reportes oficiales, más de 200 personas regresaron posteriormente a Atascaderos bajo acompañamiento de policías estatales y elementos militares.

Omar García Harfuch afirmó recientemente que las fuerzas federales mantendrán presencia permanente en regiones consideradas prioritarias por la expansión de grupos criminales.

“Quien ataque a elementos del Estado mexicano recibirá toda la fuerza de la ley”, declaró el funcionario federal al referirse a los operativos desplegados en distintas zonas del país.

Mientras tanto, la Fiscalía de Chihuahua continúa integrando carpetas de investigación relacionadas con homicidios, desplazamientos forzados y ataques armados ocurridos en Guadalupe y Calvo.

Las autoridades mantienen vigilancia constante en Atascaderos y comunidades vecinas ante el riesgo de nuevos enfrentamientos.

La crisis en la sierra chihuahuense volvió a colocar bajo presión a las autoridades estatales y federales, especialmente por el impacto humanitario que ha dejado la violencia.

Detrás de los operativos, las armas aseguradas y las detenciones, permanecen decenas de familias que todavía intentan regresar a casas abandonadas en medio de una región donde el control territorial sigue siendo disputado por organizaciones criminales fuertemente armadas.