La senadora Paloma Valencia lanzó un duro contraataque radial contra el candidato Abelardo de la Espriella al acusarlo de realizar una campaña sexista y difamatoria, además de tildarlo de improvisador por su falta de preparación en debates de política pública

La campaña electoral en Colombia ha entrado en su fase más crítica, desatando una tormenta política que redefine las alianzas en los sectores de la oposición y eleva la tensión entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación tradicionales.

A medida que se acercan los comicios, el panorama político se ha visto sacudido por un fuerte enfrentamiento interno dentro de la derecha radical, controversias periodísticas que han trascendido al ámbito internacional y un agudo debate jurídico sobre los límites de la participación en política del jefe de Estado.

Lo que inicialmente se perfilaba como una coalición cohesionada frente al avance de los sectores progresistas se ha transformado en un escenario de acusaciones mutuas, reproches técnicos y descalificaciones personales que evidencian fracturas profundas en la estrategia de la oposición para asegurar una eventual segunda vuelta electoral.

La ruptura institucional más evidente quedó expuesta durante una tensa entrevista radial en Blu Radio, conducida por la periodista Camila Zuluaga, donde la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó un demoledor contraataque contra la campaña del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Valencia rompió cualquier principio de cordialidad al comparar abiertamente el estilo político de De la Espriella con el del presidente Gustavo Petro, señalando que ambos representan la “política del espectáculo, del show y del engaño”, un modelo que, según sus palabras, siempre termina en frustración para el país.

La congresista denunció penal y públicamente que la estructura de su rival ha ejecutado una estrategia sistemática de difamación en su contra, utilizando videos de contenido sexista, mentiroso y maltratador en redes sociales para desestabilizar su postulación.

Asimismo, cuestionó la idoneidad moral y el pasado judicial de De la Espriella, recordando sus antiguos vínculos profesionales como defensor de figuras polémicas como Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, y el empresario barranquillero Alex Saab, afirmando categóricamente que el jurista jamás ha pertenecido a las filas históricas del uribismo y que su campaña se ha dedicado exclusivamente a enriquecerse económicamente en el ámbito privado antes de intentar capturar el poder del Estado.

El ataque de Valencia no se limitó a aspectos éticos, sino que arremetió con dureza contra la capacidad técnica de De la Espriella para gobernar el aparato público.

La senadora calificó el desempeño del jurista en el reciente debate de infraestructura como un papel sumamente pobre y justificó su ausencia en los nuevos encuentros programados como un síntoma de miedo y total falta de preparación.

Según Valencia, el Estado es un sistema complejo que no permite la improvisación de candidatos surgidos de campañas mediáticas de pocos meses, señalando que De la Espriella ignora conceptos fundamentales de la administración como el funcionamiento de las subcuentas del Fosiga, las complejidades técnicas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la crisis del sistema de salud o los tecnicismos regulatorios de la transición energética y los cargos de confiabilidad.

Para marcar distancia, la congresista contrastó el equipo que la acompaña con el de su contendor, criticando la presencia de figuras como el senador Bermeo —recientemente salpicado por graves denuncias de violencia sexual contra su pareja— y asimilando sus influenciadores digitales con las bodegas del petrismo, mientras defendía la seriedad de figuras de su entorno como Andrés Forero, Daniel Briceño y Rafael Nieto.

Esta implosión de la derecha local coincidió con un fuerte revés mediático internacional que afectó directamente a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila.

Durante una transmisión en vivo para la cadena internacional CNN en Español, el presentador mexicano Fernando del Rincón protagonizó un fuerte cruce de palabras con la comunicadora colombiana al analizar los últimos trackings electorales emitidos por la firma Atlas Intel.

Mientras Dávila justificaba el vertiginoso ascenso de De la Espriella en las encuestas frente al candidato de izquierda Iván Cepeda como un fenómeno legítimo que lograba capitalizar el nacionalismo, la defensa de la familia tradicional y el rechazo al aborto, Del Rincón interrumpió de forma tajante su argumentación para desmantelar la narrativa mediática.

El periodista internacional sentenció de manera directa que dicha estrategia se denomina populismo pura y duramente en cualquier parte del mundo, explicándole a Dávila que el discurso de su candidato predilecto se limita a la explotación emocional de las carencias, dolores, molestias y enojos de la población sin ofrecer soluciones reales.

El debate dejó en evidencia el desgaste de la oposición de cara a la consolidación de un electorado unificado para una eventual segunda vuelta, puesto que los ataques actuales mellan la confianza del votante indeciso.

De forma paralela a las disputas de la oposición, el debate institucional se trasladó al plano gubernamental, donde el ministro del Interior sostuvo un fuerte altercado radial con el periodista Néstor Morales respecto a la presunta participación indebida en política por parte del Poder Ejecutivo.

El funcionario defendió con vehemencia las recientes intervenciones del presidente Gustavo Petro en las plazas públicas del Caribe y de la región del Catatumbo, rechazando las acusaciones de la prensa tradicional que catalogaban las metáforas presidenciales sobre el “candidato de la vida” y el “candidato de la muerte” como una forma de constreñimiento ilegal al elector.

El jefe de la cartera política aclaró que, bajo la legislación colombiana vigente, la participación indebida solo se configura cuando existe una desviación del presupuesto general de la nación, acoso laboral o el ofrecimiento de dádivas y puestos públicos para favorecer una causa electoral, situaciones que no guardan relación con el derecho del mandatario a expresar sus preferencias ideológicas o divulgar su postura personal de cara a las urnas.

Finalmente, el ministro zanjó la discusión despojando al Gobierno del rol de juzgador y recordando que el Poder Ejecutivo no actúa como árbitro en los procesos electorales, puesto que dicha función garantista, presupuestal y autónoma recae de manera exclusiva sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la única entidad competente para velar por la transparencia del preconteo, el trámite de las garantías de seguridad y el escrutinio final de los votos en la República.