Actos de protesta y vandalización de vallas electorales marcaron la campaña legislativa, con fuertes cuestionamientos ciudadanos hacia candidatos vinculados a familias relacionadas con casos de parapolítica.
En plena temporada electoral, varias ciudades del país han sido escenario de actos de rechazo contra la publicidad política, especialmente vallas y afiches de candidatos al Congreso vinculados a tradicionales estructuras partidistas.
La inconformidad ciudadana no solo apunta al uso intensivo de propaganda visual, sino también a los antecedentes judiciales y políticos de familiares de algunos aspirantes.
Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el de Wadith Manzur, quien busca llegar al Senado tras haber ocupado previamente una curul en la Cámara de Representantes.
Algunas de sus vallas fueron retiradas o derribadas en medio de gritos de protesta.
El malestar se relaciona con cuestionamientos que en el pasado lo han rodeado en investigaciones judiciales.
Según decisiones conocidas de altas cortes, se le mencionó como presunto vocero de un grupo de congresistas investigados por supuestamente condicionar su voto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos, hechos que han sido objeto de procesos y controversia pública.
A la par, el apellido Mansur vuelve al debate por la figura de Julio Manzur, excongresista que compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras ser vinculado en investigaciones por parapolítica.
Documentos oficiales lo señalaron por presuntas alianzas con estructuras armadas ilegales en Córdoba entre 1990 y 2003, dentro del fenómeno conocido como parapolítica.
Aunque no se le atribuyeron delitos de sangre, su caso hizo parte del amplio proceso judicial que examinó la relación entre dirigentes políticos y grupos paramilitares.
El debate también alcanzó a la senadora Nadia Blel, quien aspira a continuar en el Congreso.
Su padre, Vicente Blel, fue condenado por concierto para promover grupos armados al margen de la ley, en el marco de los procesos por parapolítica.
Durante recientes jornadas de campaña, algunos ciudadanos recordaron esos antecedentes mientras cuestionaban el papel de la senadora en votaciones clave, entre ellas la reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional, que finalmente fue archivada en el Senado.
En medio de este ambiente polarizado, la candidata del Centro Democrático Nidia Corredor denunció actos de vandalismo contra su publicidad electoral y agresiones verbales.
“En los últimos días, mi publicidad ha sido vandalizada.
También he sido objeto de agresiones y ataques.
Justamente ahora, antes de iniciar a grabar este video, escucho el grito de una persona que me dice ‘rata’.
Qué tristeza”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.
La dirigente sostuvo que la única propaganda afectada en su sector ha sido la de su partido.
La controversia se amplificó con la circulación de un video del creador de contenido conocido como Flavio King, quien criticó duramente la proliferación de propaganda electoral en pueblos y ciudades.
En tono coloquial afirmó: “Una de las vainas que más ponen a un pueblo a valer cotopla son los tiempos previos a las elecciones”.
En su intervención cuestionó que cada cuatro años reaparezcan políticos que, según sus palabras, “se pierden” tras los comicios y regresan únicamente para pedir votos.
El mensaje del influenciador se centró en la saturación visual de muros y potreros con nombres, logos y números de candidatos.
“No crean ustedes que pared pintada o alguna valla zampada en algún potrero es porque alguien quiere apoyar”, expresó, sugiriendo que detrás de muchas campañas hay estrategias de repetición publicitaria más que conexión directa con la ciudadanía.
También criticó que, una vez terminadas las elecciones, los mismos espacios sean rápidamente limpiados o cubiertos, como si se buscara borrar la huella del proselitismo.
Más allá de los señalamientos puntuales, el trasfondo del debate refleja una tensión persistente en la política colombiana: la continuidad de apellidos vinculados a investigaciones pasadas y la percepción de que persisten prácticas clientelistas.
Diversos sectores ciudadanos insisten en la necesidad de revisar hojas de vida, trayectorias legislativas y antecedentes familiares antes de votar.
“Es importante que el pueblo pregunte y sepa identificar a esos que después del voto trabajan en contra del pueblo”, se escuchó en una de las manifestaciones registradas durante la campaña.
El fenómeno ocurre en un contexto de alta polarización y de discusión intensa sobre reformas sociales promovidas por el Ejecutivo.
Las elecciones legislativas se han convertido en un escenario donde convergen reclamos por transparencia, memoria histórica y renovación política.
Mientras algunos candidatos denuncian estigmatización y ataques, otros enfrentan el escrutinio público por los procesos judiciales que han marcado a sus entornos familiares.
La multiplicación de vallas y mensajes proselitistas, lejos de pasar inadvertida, ha activado una conversación nacional sobre la calidad de la representación política y el peso de la herencia en la construcción de liderazgo.
Entre actos de vandalismo, llamados a la reflexión y defensas públicas de honorabilidad, la campaña avanza con un electorado cada vez más atento a los antecedentes y a la coherencia entre discurso y trayectoria.
