El presidente Gustavo Petro defendió el aumento del salario mínimo vital del 23,7% tras la suspensión provisional del decreto y anunció que expedirá una norma transitoria para mantener su vigencia.

El presidente Gustavo Petro se dirigió al país en una alocución dominical marcada por la tensión institucional y el debate económico en torno al salario mínimo vital decretado por su Gobierno.

En un mensaje directo a trabajadores y empresarios, el mandatario defendió el incremento del 23,7% y aseguró que la medida se sustenta en mandatos constitucionales y en la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional.

“Buenas noches, trabajadoras y trabajadores de Colombia”, inició el jefe de Estado, antes de afirmar que el país atraviesa “una lucha por la distribución de la riqueza”.

Según explicó, el aumento salarial no solo responde a criterios económicos sino a una obligación constitucional: “La necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil se ordena en el artículo 53 de la Constitución y ya es obligatoria desde 1999”.

El pronunciamiento se produjo tras la suspensión provisional del decreto por parte de un magistrado del Consejo de Estado, decisión que, según Petro, no implica una derogatoria inmediata.

“No es una suspensión inmediata, me da ocho días para presentar un decreto transitorio mientras se toma una decisión de fondo”, precisó.

El mandatario señaló que acatará el trámite, pero insistió en que el nuevo decreto mantendrá el principio del salario vital y móvil.

“El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente sostuvo que los temores sobre un eventual impacto negativo en empleo e inflación no se han materializado.

Citó estudios internacionales y destacó que la inflación de enero fue de 0,25%, atribuyendo el comportamiento de precios a factores como el alza en tasas de interés y variaciones estacionales en alimentos, no al incremento salarial.

“Nada tiene que ver la inflación del mes de enero con el salario vital”, enfatizó.

Petro defendió que el ajuste busca cerrar una brecha histórica entre productividad y remuneración.

“Esta productividad es muy baja y estancada, y al subir el salario mínimo de manera sustancial aumentará la productividad en Colombia”, expresó.

También subrayó el carácter “prevalente” que, según la sentencia constitucional, debe tener la protección del trabajo al momento de fijar el salario mínimo, por encima de otros criterios técnicos ponderados.

En un tono crítico hacia sectores empresariales, recordó que la empresa tiene “una función social” que incluye pagar impuestos, respetar el medio ambiente y garantizar dignidad laboral.

No obstante, abrió la puerta al diálogo: convocó a la Comisión Permanente de Concertación con sindicatos y gremios para revisar las variables económicas que sustenten el decreto transitorio.

“Los invito a un pacto por la vida”, dijo, planteando una discusión más amplia que abarque la tasa de interés del Banco de la República y las reformas sociales en curso.

El jefe de Estado argumentó que la tasa de interés se ha convertido en un freno para el crecimiento y la reducción de precios.

“¿Qué es lo que impide crecer más? La tasa de interés del Banco de la República”, sostuvo, señalando que el costo financiero afecta la producción agrícola, la vivienda y la competitividad exportadora.

En paralelo, el debate político se intensificó.

Dirigentes empresariales como Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, cuestionaron la coherencia de algunos sectores políticos frente al aumento salarial, mientras figuras como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella manifestaron públicamente que respetarían el incremento.

Estas posiciones reflejan una reconfiguración del discurso en medio del calendario electoral.

Petro, por su parte, llamó a la movilización ciudadana el próximo 19 de febrero en plazas públicas del país.

“Los espero en todas las plazas públicas de Colombia para defender el salario vital”, convocó, argumentando que la discusión no es solo jurídica y económica, sino también social.

“Esto se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador”, agregó.

El presidente concluyó reiterando que, desde el 31 de diciembre, en Colombia “rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil”.

Explicó que el carácter móvil implica ajustes si cambian las condiciones económicas, para evitar que el ingreso pierda poder adquisitivo frente a la canasta básica definida por el DANE.

El anuncio abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo, sectores empresariales y órganos judiciales, en un contexto preelectoral donde el salario mínimo se ha convertido en eje central del debate público.

Mientras el Gobierno prepara el decreto transitorio y espera la decisión de fondo del Consejo de Estado, el país se encamina hacia jornadas de concertación y movilización que podrían redefinir el rumbo de la política salarial en Colombia.