La aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella quedó envuelta en polémica tras confirmarse que más de tres millones de las firmas presentadas para su inscripción fueron invalidadas por la Registraduría.

La candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella quedó en el centro de la controversia tras conocerse el alto número de firmas invalidadas por la Registraduría Nacional en el proceso de inscripción por recolección de apoyos ciudadanos.

Lo que inicialmente fue presentado como una demostración masiva de respaldo —con 169 cajas cargadas en un camión y exhibidas ante cámaras— terminó convertido en un debate público sobre la validez de más de tres millones de registros anulados.

Durante la entrega de las cajas, miembros de la campaña resaltaron la magnitud logística del operativo.

“Última caja, 169”, se escuchó decir en uno de los videos difundidos.

Según cifras divulgadas por el propio aspirante, se habían recolectado más de cinco millones de firmas.

Sin embargo, análisis posteriores pusieron en cuestión el impacto visual del acto, al señalar que el volumen físico de las planillas no correspondía con la imagen proyectada.

De acuerdo con la plantilla oficial de recolección, cada hoja contenía 15 firmas.

Con base en ese dato, distintos cálculos estimaron que cada caja debía albergar cerca de 1.

992 hojas, lo equivalente a aproximadamente cuatro resmas de papel, una altura que no alcanzaría a llenar la mitad del contenedor utilizado.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban cajas de gran tamaño, lo que llevó a críticos a calificar el acto como una estrategia de impacto visual.

El debate se intensificó cuando se conocieron cifras oficiales sobre la revisión técnica.

En respuesta a un derecho de petición presentado por el ciudadano Juan Carlos Calderón España, la Registraduría detalló que más de 3.

100.000 firmas no fueron avaladas.

Las razones incluyeron 152.000 registros con datos ilegibles, 30.000 con información incompleta y 273.000 correspondientes a personas que firmaron más de una vez.

También se reportaron más de 7.000 apoyos de ciudadanos no habilitados en el censo electoral.

Uno de los puntos más delicados fue la anulación de cerca de 1.

400.000 firmas debido a inconsistencias entre número de cédula y nombre en la base oficial o por no coincidir con el Archivo Nacional de Identificación.

Adicionalmente, más de un millón de registros no aparecían en dicha base de datos, lo que impidió su validación.

El propio De la Espriella defendió el proceso y negó irregularidades.

“Nosotros presentamos más de 5.250.000 firmas. Ese es otro cuento que me han inventado”, afirmó.

También rechazó versiones que atribuían la negativa del certificado a planillas con fotocopias.

“No, yo audité todas las firmas de nosotros. De algo sirve ser abogado”, sostuvo públicamente.

Desde la campaña, el entonces gerente regional Jaime Andrés Beltrán compartió un informe técnico para respaldar la legitimidad del proceso, aunque posteriormente eliminó su publicación en redes sociales tras la controversia generada por la interpretación de las cifras.

El documento confirmaba el elevado número de apoyos invalidados, aunque también certificaba que el candidato había superado el umbral mínimo requerido para inscribirse.

La discusión trascendió el ámbito jurídico y se trasladó al terreno mediático y político.

El caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, publicó un mensaje en el que aseguró que el 62 % de las firmas recogidas habían sido anuladas, comentario que amplificó la polémica en redes sociales y abrió un nuevo frente de debate sobre la transparencia en la recolección de apoyos ciudadanos.

En contraste, sectores cercanos al aspirante defendieron que un mayor volumen de firmas implica inevitablemente un margen de error más amplio.

“Entre más firmas se presentan, más probabilidad hay de que aparezcan apoyos inválidos”, argumentaron voces afines a la campaña, al tiempo que insistieron en que la validación final cumplía los requisitos legales para la inscripción.

El episodio reavivó cuestionamientos sobre los controles en la recolección de apoyos, la responsabilidad de los equipos territoriales y la efectividad de las auditorías internas.

En algunos videos difundidos durante la etapa de recolección, ciudadanos manifestaban confusión sobre el propósito de su firma.

“La señora me dijo que era una reforma”, expresó un hombre en una grabación que circuló en redes, reflejando el ambiente de desinformación que rodeó parte del proceso.

Aunque la Registraduría no señaló responsabilidad penal en la comunicación oficial conocida, el elevado número de anulaciones alimentó críticas sobre la calidad de los filtros aplicados por la campaña antes de presentar las planillas.

La controversia se produce en un escenario electoral altamente polarizado, donde cada cifra y cada gesto simbólico adquieren relevancia política.

Pese al ruido mediático, la candidatura avanzó al superar el mínimo de apoyos exigidos por la ley.

No obstante, el caso dejó instalada una discusión sobre la delgada línea entre estrategia comunicativa y percepción pública, así como sobre la importancia de garantizar transparencia y rigor en los mecanismos de participación ciudadana que habilitan aspiraciones presidenciales en Colombia.