Una investigación en Buenos Aires indaga la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, hallado en su departamento de Palermo con una vía intravenosa y una combinación de propofol y fentanilo en el organismo

Una compleja trama judicial y sanitaria se expande en la ciudad de Buenos Aires tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, de 31 años, ocurrida el 20 de febrero de 2026 en su departamento del barrio de Palermo.

El caso, que en un principio parecía un episodio aislado, derivó en múltiples investigaciones penales que revelan un presunto circuito de sustracción sistemática de medicamentos hospitalarios, consumo indebido de sustancias y posibles irregularidades dentro de instituciones médicas.

La autopsia confirmó que Salazar falleció a causa de una sobredosis combinada de propofol y fentanilo.

Fue hallado con una vía intravenosa conectada en el pie derecho y rodeado de frascos de estas sustancias, ambas de uso estrictamente médico.

A partir de ese momento, el rastreo del origen de los medicamentos condujo al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde pocos días después se presentó una denuncia formal por la desaparición de ampollas de propofol.

La investigación avanzó rápidamente y puso el foco en una médica residente de anestesiología de tercer año, de 29 años, quien admitió haber consumido propofol fuera del ámbito hospitalario junto a un anestesista de mayor jerarquía, con más de 18 años de trayectoria en la institución.

Según la causa judicial, la sustracción de fármacos se habría extendido al menos desde 2023 hasta febrero de 2026, configurando un esquema prolongado de desvío de medicamentos.

El 10 de abril, la justicia procesó a ambos profesionales por el delito de administración fraudulenta.

Se les impuso la prohibición de salir del país y embargos económicos por 70 y 30 millones de pesos respectivamente, aunque permanecen en libertad.

Además, fueron inhabilitados para ejercer la medicina en distintas jurisdicciones, lo que marca un fuerte impacto en sus carreras profesionales.

En paralelo, la causa por la muerte de Salazar continúa bajo investigación.

Las cámaras de seguridad del edificio permitieron reconstruir movimientos posteriores al fallecimiento que generaron nuevas sospechas.

Según los registros, al menos cuatro mujeres ingresaron al departamento cuando el médico ya no tenía signos vitales.

Dos de ellas, también vinculadas al ámbito de la anestesiología, habrían manipulado objetos personales del fallecido, incluyendo su teléfono celular, y retirado una tablet del lugar.

El último registro del teléfono de Salazar corresponde a una llamada realizada el 19 de febrero a una de estas profesionales, lo que establece un vínculo temporal clave previo a su muerte.

Días después, una de ellas fue formalmente imputada.

Durante allanamientos realizados en domicilios asociados, se secuestraron dispositivos electrónicos que actualmente están siendo peritados.

Mientras esta línea investigativa avanzaba, un nuevo hecho reforzó las sospechas de una problemática más amplia.

El 3 de abril, un enfermero de 44 años fue encontrado muerto en su departamento, también en Palermo.

En el lugar se hallaron más de 50 ampollas de distintas sustancias hospitalarias, incluyendo propofol y fentanilo, junto a jeringas y otros elementos médicos.

Aunque la autopsia determinó como causa de muerte una cardiopatía, las circunstancias del hallazgo abrieron interrogantes sobre el origen de los fármacos.

El análisis del fentanilo encontrado condujo a un laboratorio farmacéutico, lo que amplió la investigación hacia posibles fallas en la cadena de distribución y control de medicamentos.

Este aspecto ha sido señalado como un punto crítico, ya que la trazabilidad de sustancias de uso restringido debería impedir su circulación fuera de los canales autorizados.

En total, existen al menos tres causas judiciales abiertas que aún no han sido unificadas: una por la muerte de Salazar, otra por el robo de medicamentos en el hospital y una tercera por el fallecimiento del enfermero.

Esta fragmentación podría dificultar la comprensión integral de los hechos, en un contexto donde múltiples elementos sugieren conexiones entre los distintos episodios.

Otro aspecto que ha surgido en la investigación es la posible existencia de reuniones privadas donde profesionales de la salud consumían anestésicos fuera del ámbito clínico.

Aunque esta hipótesis no constituye formalmente el objeto de ninguna de las causas actuales, ha sido mencionada en reconstrucciones periodísticas y testimonios indirectos.

El marco legal contempla diversas figuras que podrían aplicarse según avance la investigación, incluyendo encubrimiento, suministro de sustancias controladas, homicidio culposo y, eventualmente, asociación ilícita si se comprobara la existencia de una organización estructurada con continuidad en el tiempo.

La causa también puso en evidencia alertas previas dentro del sistema sanitario.

Registros de años anteriores ya señalaban casos de consumo indebido de anestésicos por parte de personal médico, lo que sugiere que el problema no es reciente.

Sin embargo, las medidas adoptadas en su momento no habrían sido suficientes para prevenir situaciones posteriores.

Actualmente, uno de los puntos clave es el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, que podrían aportar información relevante sobre comunicaciones, contactos y posibles redes de vinculación entre los involucrados.

Asimismo, se busca determinar si las sustancias halladas en distintos escenarios provienen de los mismos lotes o instituciones.

El caso continúa en desarrollo y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control en hospitales, la gestión de medicamentos sensibles y la responsabilidad institucional en la supervisión de prácticas profesionales.

Mientras tanto, las autoridades judiciales avanzan en la recopilación de pruebas con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.