Se registran fuertes denuncias sobre presuntas irregularidades en la creación y operación de la sociedad “Muelles Turísticos del Pacífico”, que administra el muelle de Buenaventura con participación de actores públicos y privados

Un ambiente de alta tensión institucional se vivió en Buenaventura en el marco de una serie de denuncias sobre la administración del muelle turístico del puerto más importante del Pacífico colombiano, donde se cuestionan posibles irregularidades en la conformación de una sociedad de economía mixta, la participación de privados en la operación del embarcadero y el uso de recursos públicos en su financiación.

El caso tomó fuerza tras las denuncias del representante y activista político Duvalier Sánchez, quien ha advertido sobre la posible existencia de un entramado empresarial alrededor del proyecto portuario.

Según sus señalamientos, uno de los nombres que aparece en documentos de la Asociación Turística Regional del Pacífico sería Juan Matías Obregón, una persona que, de acuerdo con sus declaraciones, habría sido capturada el año anterior con más de 2.

300 kilogramos de cocaína y solicitada en extradición por Estados Unidos.

“Esta persona el año pasado fue capturado con más de 2,300 kg de cocaína que se iban a enviar”, afirmó Sánchez, quien sostiene que esta situación genera serias dudas sobre la composición societaria y la administración del proyecto del muelle turístico de Buenaventura, una infraestructura que, según estimaciones citadas en la denuncia, podría movilizar entre 700.000 y un millón de pasajeros.

El debate se intensifica al revisar la creación de la sociedad “Muelles Turísticos del Pacífico”, constituida en julio de 2022, en la que participan actores públicos como la Alcaldía de Buenaventura y la Gobernación del Valle del Cauca, liderada por Dilian Francisca Toro, junto con inversionistas privados que, según las denuncias, tendrían una participación mayoritaria en la operación del negocio.

Uno de los puntos más controversiales es la posible inversión de cerca de 25.000 millones de pesos en la modernización del muelle.

Sánchez ha planteado dudas sobre la ejecución de estos recursos y la naturaleza del modelo de negocio.

“Lo grave es que la inversión es pública, pero las ganancias son para los privados”, señaló, advirtiendo que el esquema podría configurar una transferencia de beneficios del sector público hacia intereses privados.

En medio de este contexto, se instaló una mesa técnica con participación de la Procuraduría General de la Nación y delegados del Gobierno nacional, incluida la viceministra de Defensa.

Sin embargo, la jornada derivó en un fuerte cruce verbal entre el denunciante, la alcaldesa de Buenaventura y otros funcionarios presentes.

El momento más tenso se produjo cuando la alcaldesa de Buenaventura cuestionó directamente las afirmaciones del denunciante, elevando el tono del debate.

“¿A qué precio me está amenazando? Jurídicos. Me está amenazando”, expresó en medio de la discusión, rechazando las acusaciones y defendiendo la legalidad de las actuaciones administrativas.

En respuesta, Duvalier Sánchez insistió en que sus señalamientos están respaldados por documentos y decisiones judiciales.

“Yo he ido ocho veces a la justicia para que me hagan retractar de media coma las cosas que yo he dicho. ¿Sabe qué ha dicho la justicia? Que todo lo que yo he dicho está en el marco de la ley y que nunca he mentido. Por lo tanto, no es lo que usted diga, es lo que dice la justicia. Se llama verdad judicial”, afirmó durante la confrontación.

El intercambio escaló cuando se discutió la naturaleza de la reunión, que no correspondía, según el denunciante, a la mesa técnica solicitada inicialmente.

“Entonces, en ese sentido, pues yo no voy a entorpecer el proceso que llevan.

Yo esperaré entonces poder adelantar con la Dirección General Marítima”, señaló antes de anunciar su retiro del espacio.

La situación generó la intervención de un delegado del Ministerio Público, quien advirtió sobre la necesidad de mantener el orden.

“Si ustedes también alteran el ambiente, pues entonces esta reunión no se mide nada y a nosotros como Procuraduría nos va a tocar iniciar actuaciones disciplinarias”, señaló el funcionario, intentando encauzar el debate institucional.

Sin embargo, el ambiente ya estaba profundamente tensionado.

Tras el encuentro, Sánchez reiteró sus denuncias, asegurando que existen documentos oficiales que respaldan sus afirmaciones sobre la creación de la sociedad mixta y la posible concesión de la operación del muelle por largos periodos de tiempo.

Según su versión, el modelo permitiría que la inversión pública terminara beneficiando principalmente a operadores privados.

“Todo esto es lo grave del asunto: de espaldas a 500.000 bonaverenses que necesitan empleo, bienestar y oportunidades”, concluyó, insistiendo en que su objetivo no es bloquear el desarrollo del puerto, sino garantizar transparencia en el manejo de los recursos.

Desde la administración local y departamental, las autoridades han defendido la legalidad del proceso y la necesidad de avanzar en la modernización del muelle como un proyecto estratégico para la región del Pacífico.

No obstante, el debate sigue abierto y marcado por acusaciones cruzadas, tensiones políticas y un creciente escrutinio público sobre el uso de recursos en Buenaventura.

El caso, ahora bajo observación institucional, se mantiene en el centro de la discusión política regional, mientras la Buenaventura vuelve a situarse como escenario de un conflicto que combina infraestructura, política y control de recursos públicos en uno de los territorios más estratégicos del país.