Francisco Pitrola defendió en vivo la toma del Colegio Nacional Buenos Aires y aseguró que los docentes “no pueden llenar un plato de comida” con salarios de 600 mil pesos

La crisis por el financiamiento universitario en Argentina volvió a ocupar el centro de la escena política y mediática luego de un fuerte intercambio televisivo entre el periodista Eduardo Feinmann y Francisco Pitrola, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.

La discusión se produjo en medio de una nueva ola de protestas estudiantiles y tomas en instituciones preuniversitarias dependientes de la Universidad de Buenos Aires, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por la situación salarial de docentes y trabajadores de la educación.

El debate se desarrolló en vivo durante una entrevista en A24 y rápidamente se viralizó en redes sociales debido al tono del intercambio y a la firmeza con la que el estudiante respondió a los cuestionamientos del conductor.

Pitrola, nieto del histórico dirigente de izquierda Néstor Pitrola, defendió la toma del colegio como una medida necesaria frente al deterioro presupuestario que atraviesan las universidades públicas y los establecimientos educativos vinculados a la UBA.

La conversación comenzó cuando Feinmann puso el foco en el apellido del estudiante y le preguntó por su relación familiar con el referente del Partido Obrero.

Aunque el joven reconoció admirar a su abuelo por “haber luchado toda su vida por los derechos de los trabajadores”, intentó rápidamente llevar el eje de la charla hacia la situación educativa y el conflicto universitario.

Sin embargo, el periodista insistió en profundizar sobre la dimensión ideológica del dirigente estudiantil y sobre la orientación política de la agrupación que conduce el centro de estudiantes.

Pitrola explicó que integra una agrupación independiente llamada Contrapunto, fundada recientemente dentro del colegio, y aseguró que no responde a ningún partido político específico.

Según detalló, el espacio reúne estudiantes con diferentes posiciones ideológicas y las decisiones se toman mediante asambleas y debates internos.

El dirigente sostuvo que la toma del colegio fue aprobada de manera unánime luego de varias asambleas estudiantiles en las que participaron cientos de alumnos.

El eje más tenso de la entrevista apareció cuando Feinmann calificó la toma como un “delito” y cuestionó la legitimidad de ocupar un establecimiento público.

El estudiante respondió planteando que el Gobierno nacional también estaría incumpliendo la ley al no ejecutar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

A partir de allí, el intercambio se transformó en una discusión sobre el rol de la Justicia, la legitimidad de las protestas y la crisis económica que atraviesa el sistema educativo argentino.

Pitrola remarcó que muchos docentes y preceptores perciben salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Durante la entrevista mencionó el caso de un trabajador educativo que, según afirmó, gana alrededor de 600 mil pesos mensuales, una cifra que consideró insuficiente frente al costo de vida actual.

También denunció que numerosos profesores están abandonando la educación pública para migrar hacia instituciones privadas debido al deterioro salarial y a la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

El conflicto por el financiamiento universitario se profundizó desde que el Gobierno de Javier Milei decidió vetar parcialmente la ley sancionada por el Congreso y cuestionar el impacto fiscal que implicaría su aplicación completa.

La norma había sido aprobada originalmente para garantizar actualizaciones presupuestarias automáticas para universidades nacionales, recomposición salarial para docentes y mayores partidas para gastos de funcionamiento.

Sin embargo, distintos artículos quedaron judicializados y el tema actualmente continúa bajo análisis de la Corte Suprema.

Las universidades nacionales y los gremios docentes sostienen que el ajuste presupuestario provocó una fuerte caída real en los recursos destinados al sistema educativo.

En paralelo, estudiantes y autoridades universitarias realizaron masivas movilizaciones durante las últimas semanas en distintas ciudades del país.

Las protestas contaron con una amplia participación de alumnos, profesores, sindicatos y organizaciones sociales que denunciaron un proceso de desfinanciamiento de la educación pública.

En ese contexto, las tomas del Colegio Nacional Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini se convirtieron en símbolos del conflicto.

Ambas instituciones, históricamente vinculadas a la UBA y reconocidas por su prestigio académico, decidieron avanzar con medidas de fuerza para visibilizar la situación.

Según explicaron los centros de estudiantes, las ocupaciones incluyen clases públicas, debates y actividades abiertas para mantener la continuidad educativa mientras se sostiene el reclamo.

Durante el intercambio televisivo, Feinmann insistió en que la sociedad ya conoce el conflicto universitario debido a las recientes marchas masivas y cuestionó la necesidad de radicalizar las medidas.

Pitrola respondió que la gravedad de la situación obliga a intensificar las protestas y afirmó que los estudiantes no están dispuestos a permanecer pasivos mientras se deteriora la educación pública.

También sostuvo que las tomas son revisadas diariamente mediante nuevas asambleas y que su continuidad depende de las decisiones colectivas de los alumnos.

El cruce generó una enorme repercusión en redes sociales y volvió a instalar el debate sobre el rol político de los centros de estudiantes, la legitimidad de las tomas y el estado actual de las universidades públicas argentinas.

Mientras sectores oficialistas cuestionan las protestas y denuncian una utilización política de los colegios, organizaciones estudiantiles y docentes sostienen que las medidas son consecuencia directa de la falta de respuestas frente al ajuste presupuestario.

La discusión entre Feinmann y Pitrola terminó convirtiéndose en una representación del clima de polarización que atraviesa actualmente a la Argentina.

De un lado, quienes consideran que las protestas estudiantiles vulneran el funcionamiento institucional; del otro, quienes sostienen que la movilización es necesaria para defender el acceso a la educación pública en un contexto económico cada vez más complejo.