El presidente Gustavo Petro advierte sobre el uso ilegal de algoritmos y granjas de bots extranjeras financiadas con cerca de 20.000 millones de pesos para manipular encuestas a favor de la oposición

El tramo final de la campaña presidencial en Colombia ha ingresado en un escenario de alta tensión institucional tras desatarse una controversia por la presunta implementación de estrategias de desinformación a gran escala y manipulación digital.

El debate político, tradicionalmente volcado a las plazas públicas y los medios masivos, se ha trasladado al control de los ecosistemas digitales tras las denuncias que vinculan a la campaña del abogado conservador Abelardo de la Espriella con millonarios contratos destinados a la alteración artificial de las tendencias en redes sociales.

Esta situación ha provocado un enérgico llamado de alerta por parte del sector oficialista y del propio presidente Gustavo Petro, quienes exigen una intervención inmediata del Consejo Nacional Electoral para garantizar la transparencia de los comicios que definirán el rumbo del país.

De acuerdo con las alertas emitidas desde las filas del Pacto Histórico, se calcula que la campaña de la oposición habría destinado una suma cercana a los 20.000 millones de pesos a la firma consultora Estrategia y Poder, liderada por el estratega Carlos Suárez Rojas.

El objetivo de esta millonaria inversión habría sido la financiación y el despliegue de complejas “granjas de bots” operadas de forma remota desde servidores en Brasil.

Esta maquinaria digital estaría diseñada para inundar diariamente las plataformas digitales con miles de videoclips editados, narrativas coordinadas y encuestas de opinión cuestionadas, con el fin de alterar el algoritmo de navegación de los usuarios colombianos y fabricar una falsa percepción de apoyo popular masivo hacia la candidatura derechista.

El escándalo adquiere dimensiones legales profundas debido a que estos millonarios recursos presuntamente no han sido reportados de manera oportuna ni transparente ante las cuentas claras del Consejo Nacional Electoral.

Ante la gravedad de un posible escenario de fraude electoral por medio de tecnologías de la información, el presidente Gustavo Petro instó formalmente a las autoridades correspondientes a emitir informes previos y técnicos sobre el comportamiento de los flujos digitales, advirtiendo que el pueblo colombiano tiene el derecho inalienable a participar en unas elecciones libres, orgánicas y soberanas, blindadas contra la guerra psicológica digital.

Sin embargo, sectores de la izquierda denuncian una alarmante pasividad por parte de la mayoría de los magistrados del tribunal electoral, atribuyendo esta inacción a los vínculos políticos e intereses compartidos con los partidos tradicionales de la oposición.

La estrategia de posicionamiento de la extrema derecha colombiana no parece ser un hecho aislado, sino la réplica de un manual de manipulación política ensayado con éxito a nivel internacional por movimientos conservadores en Estados Unidos, Argentina y El Salvador.

La reciente difusión de fotografías del candidato Abelardo de la Espriella junto a los líderes políticos brasileños Flavio y Eduardo Bolsonaro, hijos del exmandatario Jair Bolsonaro, ha sido interpretada por analistas como la consolidación de un frente transnacional reaccionario enfocado en capturar el poder mediante la polarización y la agitación emocional de los sectores ciudadanos alejados de la discusión programática.

A esto se suman las denuncias en las regiones de la Costa Caribe, especialmente en Barranquilla, donde se reportó el uso de carros vallas con publicidad engañosa que muestra imágenes manipuladas del presidente Petro abrazando a su opositor bajo el lema instrumental de “costeño vota costeño”, una táctica calificada como un intento desesperado por confundir al electorado popular de la región, a pesar de que el polémico abogado pasó años residiendo en el exterior y criticando abiertamente la idiosincrasia local.

En contraste con la campaña sustentada en la saturación publicitaria e interactiva de las redes, el senador y candidato progresista Iván Cepeda continúa consolidando su liderazgo en los estudios probabilísticos del país mediante encuentros directos con bases sociales y plataformas comunitarias.

Durante un masivo acto político en el departamento de Córdoba, Cepeda enfocó su discurso en una agenda de transformación social estructural orientada de manera prioritaria hacia los sectores juveniles que históricamente han sufrido la exclusión económica, el desempleo multidimensional y la violencia en las periferias del territorio nacional.

El candidato oficialista enfatizó la necesidad de dar continuidad a las reformas iniciadas por el actual gobierno, celebrando logros históricos como la gratuidad en la educación superior pública a través de la matrícula cero, el fortalecimiento presupuestal de las universidades del Estado y la construcción de más de un centenar de nuevas sedes educativas en zonas rurales apartadas.

La propuesta de un segundo gobierno progresista liderado por Cepeda plantea consolidar una “revolución ética” que dignifique las condiciones de vida de las juventudes rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Entre las propuestas centrales se destaca la expansión del programa Renta Joven, diseñado para vincular transferencias monetarias condicionadas al desarrollo de liderazgos comunitarios, proyectos productivos locales y el fortalecimiento del Servicio Social para la Paz como alternativa definitiva al reclutamiento forzado y la precarización laboral.

Ante el cierre de la contienda electoral, el panorama político colombiano se debate entre dos modelos antitéticos: una propuesta de corte neoliberal que busca restaurar los privilegios de los clanes tradicionales mediante el uso intensivo de la tecnología de datos, y un proyecto de transformación social que apela a la movilización orgánica y organizada del electorado en las urnas.