Un vigilante de 24 años fue vinculado a proceso por el feminicidio de una joven de 21 años ocurrido dentro de un edificio de la avenida Revolución 829 en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México

En una audiencia que se extendió por más de cuatro horas en los juzgados del Poder Judicial ubicados en Dr.

Lavista 114, colonia Doctores, un juez de control determinó la vinculación a proceso de Juan Jesús “N”, un joven de 24 años que trabajaba como vigilante en un inmueble de la avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Edit Guadalupe Valdés Saldívar, de 21 años.

El imputado llegó esposado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Afuera, familiares exigían su inocencia; adentro, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó una línea de investigación sustentada en evidencia pericial, análisis de videovigilancia y rastros biológicos que, según la autoridad, lo colocan en el centro de los hechos ocurridos el 15 de abril de 2026.

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Berta Alcalde Luján, sostuvo que la investigación se basa en indicios sólidos.

“Tenemos evidencia biológica, hallazgos periciales y una cronología que vincula directamente al imputado con los hechos”, afirmó ante el juez, mientras la defensa insistía en la falta de pruebas concluyentes y en la ausencia de un vínculo previo entre víctima y acusado.

El inmueble donde ocurrieron los hechos no era un edificio residencial común.

Según la investigación, funcionaba como parte de un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, lo que incrementaba sus protocolos de seguridad.

Sin embargo, Juan Jesús, con apenas estudios de secundaria según su defensa, tenía acceso directo a la caseta de vigilancia y al sistema de cámaras.

“Yo no sé de quién me hablas”, habría respondido el vigilante en declaraciones previas a personal de limpieza cuando se le preguntó por la joven desaparecida, una frase que más tarde se incorporó a la carpeta de investigación como una de las contradicciones clave del caso.

De acuerdo con la reconstrucción ministerial, Edit Guadalupe ingresó al edificio alrededor de las 16:14 horas tras haber sido contactada para una supuesta entrevista laboral.

Minutos después, su teléfono dejó de emitir señal.

A las 16:16 horas se perdió todo rastro de comunicación.

La Fiscalía sostiene que en ese intervalo de tiempo las cámaras internas del inmueble fueron desactivadas.

“No fue un fallo técnico espontáneo”, señaló uno de los peritos durante la audiencia, al explicar que el sistema requería manipulación física desde la caseta de vigilancia, área bajo control directo de Juan Jesús durante su turno.

El defensor del imputado, el abogado Julián González, rechazó la acusación.

“Mi cliente no tiene conocimientos técnicos para manipular un sistema de videovigilancia. Apenas concluyó la secundaria. El supuesto apagón de las cámaras fue una falla del disco duro”, argumentó ante el tribunal.

Sin embargo, los peritajes presentados por la Fiscalía indican que el sistema se desconectó exactamente a las 16:23 horas y se reactivó a las 17:44, un intervalo de 81 minutos considerado clave en la investigación.

En ese lapso, según la acusación, ocurrió el ataque dentro del tapanco de la caseta de vigilancia.

La Fiscalía detalló que la víctima presentó lesiones contundentes y una herida penetrante en el tórax causada con un objeto punzocortante tipo desarmador.

El informe forense también reveló lesiones defensivas en manos y brazos del agresor.

Un perito explicó ante el juez: “El patrón de sangre indica un ataque en la parte superior y un desplazamiento posterior del cuerpo hacia la zona del sótano”.

La investigación sostiene que el cuerpo fue ocultado en un área de escombros dentro del inmueble.

Asimismo, se localizaron objetos personales de la víctima en zonas restringidas, entre ellos su cartera en el baño de la caseta y una bolsa en el sistema de drenaje.

Cuando fue cuestionado por estos hallazgos, Juan Jesús negó cualquier implicación.

“Alguien más debió poner eso ahí para inculparme”, habría declarado durante su comparecencia inicial, según consta en la carpeta ministerial.

El caso generó fuerte reacción social tras la difusión de testimonios en redes y la intervención de familiares de la víctima, quienes bloquearon la avenida Revolución exigiendo justicia.

“Queremos verdad, no silencio”, gritaban frente al inmueble días antes de la detención.

La captura del vigilante se realizó la noche del 17 de abril en su domicilio, sin resistencia.

Su abogado denunció posteriormente presuntas irregularidades en la detención y afirmó que su cliente presentaba lesiones visibles al momento de ser trasladado.

Durante la audiencia del 22 de abril, la defensa insistió en que no existían pruebas de comunicación entre víctima y acusado.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que la joven había ingresado al edificio en varias ocasiones previas, lo que abre una línea de investigación sobre posibles contactos indirectos.

El juez, tras revisar los elementos presentados por ambas partes, resolvió la vinculación a proceso y dictó prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte por un periodo de tres meses para la investigación complementaria.

“Se impone la medida cautelar de prisión preventiva”, fue la determinación judicial que selló el traslado del imputado.

Al salir del recinto, familiares del acusado reiteraron su postura de inocencia.

Su madre declaró entre lágrimas: “Mi hijo es incapaz de hacer daño a nadie”.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre posibles redes o intermediarios vinculados al caso.

En paralelo, tres funcionarios de la misma institución fueron separados de sus cargos por presuntas irregularidades en el manejo inicial de la investigación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades en las primeras horas tras la desaparición de la víctima.

El caso de Edit Guadalupe permanece en desarrollo, mientras la justicia mexicana enfrenta una doble presión: esclarecer el feminicidio y determinar si hubo fallas institucionales que impidieron una intervención oportuna.

Por ahora, Juan Jesús permanece en el Reclusorio Norte, donde aguarda el avance del proceso judicial.

La pregunta que persiste entre investigadores, familiares y opinión pública sigue abierta: qué ocurrió realmente dentro del edificio de avenida Revolución 829 en los minutos que cambiaron todo.